ENTRE RÍOS: EL GOBERNADOR BUSTI GIRÓ LA NUEVA REFORMA
Antes del mediodía de ayer, el gobernador Jorge Busti envió a la Legislatura la anunciada nueva propuesta de reforma de la Constitución provincial, que esta vez no contempla la posibilidad de reelección del gobernador y el vice. La iniciativa ingresó por el Senado, donde el justicialismo cuenta con mayoría especial propia.
Casi simultáneamente, Busti promulgó las modificaciones a la Ley Orgánica de Municipios que la Legislatura sancionó la noche anterior, incluyendo la reelección de los intendentes de primera categoría. La nueva norma lleva el número 9.728.
Según consideró el mandatario, la modificación de la Ley Nº 3.001 “va concatenada con la reforma de la Constitución”. La orgánica de las municipios que estaba en vigencia “era una ley muy vieja y se la ha modernizado; se ha fortalecido la institución municipal y se eliminó el impedimento para que un intendente de primera categoría pueda ser reelegido por una vez si así lo quiere la comunidad”, destacó.
También subrayó que “se establece la igualdad de géneros para la composición del Concejo Deliberante, que a partir de ahora tiene que estar integrado la mitad por hombres y la otra mitad por mujeres, lo cual es un avance muy importante y sustancial”.
En cuanto al nuevo proyecto de reforma constitucional, el gobernador destacó, además de la exclusión de la reelección, la posibilidad de que su sucesor “pueda tener más ministros” y no sólo tres como se establece actualmente. “Hoy se da un agrupamiento de funciones en un solo ministro, cuando en todas las provincias hay seis y hasta ocho ministerios. Una provincia como Entre Ríos tiene que tener un Ministerio de la Producción”, ejemplificó.
También expresó su interés en que los comicios para convencionales se efectúen el año que viene en simultáneo con la votación para las futuras autoridades provinciales. En la convención no habría mayoría garantizada; acatando un pedido de la oposición, en el mensaje del proyecto enviado al Senado Busti sostuvo: “Estoy convencido de que dentro de la ley que declare la necesidad de la reforma deberá contenerse especialmente un artículo que propicie la elección de convencionales en forma proporcional lisa y llana, sin asegurar ninguna mayoría especial al partido que obtenga la mayor cantidad de votos, es decir aplicando el sistema D’Hont puro”.
En la carta magna reformada se insertarían “los derechos ambientales, el Consejo de la Magistratura y mayor autonomía y recursos para los municipios descentralizando la función del Estado provincial”, entre otros temas.
El mandatario destacó que el proyecto “es el producto de las 200 reuniones que hizo la Secretaría de Justicia por toda la provincia y de todos los proyectos de ley de reforma que se hicieron desde 1983 hasta la fecha en los distintos gobiernos. Se hizo una síntesis de todos ellos y es lo que se mandó, sujeto a todas las correcciones y cambios que le pueda introducir las Legislatura, tomando contacto con las instituciones sociales, políticas y asociaciones intermedias”.
En el expediente que ingresó ayer al Senado, el gobernador expresó su decisión de “descartar en forma expresa cualquier habilitación que ponga al tema de la reelección en debate”; tema que él mismo reconoce que “ha impregnado de desconfianza las propuestas sucesivas” de reformar la Constitución.
El proyecto sólo contempla como reformables en el capítulo del Poder Ejecutivo los artículos 127 y 135, en cuanto a la cantidad de ministerios y las facultades para designar jueces respectivamente.
También introduce instrumentos de ejercicio de democracia directa: participación y control popular. “En la reforma constitucional que propicio, los temas que serán su eje si la Legislatura así lo dispone, atraviesan las diferencias político-partidarias”, sostuvo.
LOS ALCANCES DE OTRO INTENTO REFORMISTA
La nueva propuesta de actualización de la Constitución, en su artículo 4, establece expresamente las limitaciones que tendrá la Convención: no modificar el sistema bicameral, no alterar las garantías de estabilidad e intangibilidad de las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial, no afectar la estabilidad del empleado público, no modificar en cualquier forma la Caja de Jubilaciones y no establecer la reelección del gobernador y el vice entre otras.
La mayor parte de los cambios propuestos recaen sobre la primera sección: Declaraciones, Derechos y Garantías. Allí se busca eliminar la mención expresa de los departamentos en los que se divide la provincia; establecer una cláusula de participación popular; introducir el Régimen Jurídico Básico para los empleados públicos y la creación de una planta “transitoria o política”; anexar normas de ética pública y de control de gestión de todos los organismos de los tres poderes del Estado, entre otros temas.
También se propone incorporar un capítulo específico sobre Nuevos Derechos y Garantías, donde se establezcan el derecho al medio ambiente, el de los consumidores y usuarios de servicios públicos, la igualdad de género, la acción de hábeas data, la protección de la vivienda familiar y de los inmuebles de las entidades deportivas y sin fines de lucro y el libre acceso a la información pública.
En el mismo capítulo se prevé la creación del Defensor del Pueblo con representación provincial, legitimidad procesal y dictámenes vinculantes, y la incorporación de instrumentos de democracia semidirecta como la iniciativa popular, la consulta popular y las audiencias públicas.
En otras secciones se propone un régimen constitucional de aguas y recursos termales, la inembargabilidad de los bienes del Estado destinados a la prestación de servicios públicos esenciales y la posibilidad de crear regiones o microrregiones.
El proyecto también busca rediseñar el sistema de Juicio Político; eliminar el número fijo de ministerios e incorporar el Consejo de la Magistratura para la selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sobre este sistema, no se especifica si quedarán contemplados los miembros del Superior Tribunal de Justicia, aunque sí se expresa que se debe modificar su sistema de designación actual, como así también del fiscal y defensor de Menores, el fiscal de Estado, el contador y el tesorero de la Provincia, los miembros del Tribunal de Cuentas, las autoridades del Consejo General de Educación y los jefes militares desde teniente coronel. El Consejo de la Magistratura también podría enjuiciar a los miembros del Poder Judicial.
Entre otros temas, se propone garantizar la autonomía de la Uader y establecer la enmienda de un solo artículo de la Constitución a través de una ley especial con ratificación por una consulta popular obligatoria y vinculante.
AÚN NO DEFINEN LA FECHA DE LAS ELECCIONES
Sobre la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones en Entre Ríos, Busti reiteró: “La decisión final la vamos a tomar cuando acordemos con el presidente Néstor Kirchner. Nosotros participamos de su proyecto y una decisión tan importante la tenemos que tomar hablando con él”. No obstante, aclaró que como gobernador está “facultado constitucionalmente para desdoblar las elecciones en la provincia”.
Luego aseguró que “el gobierno está marchando muy bien y no tenemos problemas en ponerlo a consideración del pueblo entrerriano; pero de cualquier manera no quiero avanzar en esto porque si el Presidente me pide otra fecha lo vamos a hacer”.
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