ENVIARÁN HOY EL NUEVO PROYECTO DE LEY PARA EL BANCO DE SANTA FE

El gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, enviará a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo imponer una serie de condiciones al próximo adquirente del Nuevo Banco de Santa Fe para que la entidad continúe siendo el agente financiero de la provincia.

La decisión gubernamental apunta a fijar pautas que sirvan como garantía de los fondos públicos en medio de un polémico proceso de readjudicación de la ex entidad estatal.

El Nuevo Banco de Santa Fe fue privatizado hace cuatro años, durante el primer gobierno de Jorge Obeid en una operación piloteada por el entonces ministro de Hacienda, Hugo Garnero, y que finalizó con la entrega de la entidad por 57 millones de pesos al Banco General de Negocios.

Pero los bríos de renovación duraron poco, sólo hasta que los hermanos Rohm, flamantes dueños del banco, se convirtieron en prófugos de la justicia argentina. A partir de allí, el gobierno de la provincia -ya en manos de Carlos Reutemann- ensayó una especie de “operativo salvataje” para rescatar a la entidad. Así, el banco fue puesto otra vez en venta y recientemente adjudicado al banco de San Juan.

Esta “segunda privatización” no fue menos cuestionada que la primera, aunque en este caso la operación no corrió por cuenta del Estado, sino del ABM AMRO como agente fiduciario. Una de las principales dudas que se han expresado desde sectores políticos y económicos es la presunta insolvencia del Banco de San Juan para quedarse con el de Santa Fe.

El proyecto que mandará próximamente Reutemann a la Legislatura estaría demostrando que el dato no pasa desapercibido para el gobierno de la provincia, ya que esta entidad crediticia es la que funciona como agente financiero del Estado, es decir, el banco con el que se maneja el gobierno para realizar sus operaciones.

Esta facultad le permite al Banco de Santa Fe movilizar 300 millones de pesos públicos por mes, y obtener importantes comisiones por eso. El contrato original firmado entre los primeros dueños de la ex entidad crediticia estatal y la provincia establecía que aquel vínculo financiero se mantendría hasta el 2008. Pero recientemente el Banco Central, mediante una resolución, autorizó una “fusión” entre el adquirente (Banco de San Juan) y el adquirido (Nuevo Banco de Santa Fe). Esto pondría en peligro que Santa Fe continúe siendo sede central del banco y también la permanencia de sucursales en la provincia, además, probablemente, de los puestos de trabajo de los 1500 empleados que en la actualidad posee la entidad.

Ante el temor de tener que pagar semejante costo social, la administración de Reutemann se habría decidido a imponer condiciones como mantener la sede social en Santa Fe, respetar el número actual de sucursales en la provincia y no afectar la estabilidad de ningún empleado. Esas serían las principales líneas que contendría el proyecto de ley a punto de ingresar a la Legislatura.