"Es la República,estúpido"

En 1992, poco antes de las elecciones contra Bush,considerado imbatible por la mayoría de los analistas políticos, fundamentalmente debido a sus éxitos en política exterior, su popularidad entonces había llegado al 90% de aceptación, un récord histórico. En esas circunstancias, James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, señaló que éste debía enfocarse sobre cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y sus necesidades más inmediatas. Con el fin de mantener la campaña enfocada en un mensaje, Carville pegó un cartel en las oficinas centrales con tres puntos escritos, entre los que sobresalía la contundente: “Es La economía, estúpido”

 

A Cristina, sus ministros, sus funcionarios  y sus militantes habría que recordársela, a cada rato, con un cambio sustantivo elemental: “Es la República, estúpido”

 

La decisión de la Cámara Federal, que prorrogó la cautelar a favor de Clarín para la no aplicación de los artículos de la Ley de Medios que disponen el proceso de desinversión, es una decisión soberana de la justicia.

 

Poder independiente del Ejecutivo, y también, garante de la constitucionalidad de las leyes que sanciona el Legislativo. Eso se llama división de poderes, y permite ponerle limites a cada uno de ellos , a través de un circulo de control constante. El legislativo y el judicial pueden impedir los abusos del Ejecutivo; El legislativo puede impedir los abusos de los otros dos, básicamente a través del Juicio Político, y el Ejecutivo puede limitar al legislativo, a través del veto.

 

Que se entienda: La Cámara no falló sobre el fondo de la cuestión. Solamente prorrogó la cautelar, hasta que el juez de Primera Instancia, de apellido Alfonso, determine si son o no constitucionales los artículos cuestionados por Clarín.

 

Alfonso puede fallar a favor o en contra del reclamo del Grupo. Y a partir de esa determinación, serán las otras instancias, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema, las que resolverán – una vez más- chicanas de por medio, en los tiempos que impone la justicia. Nunca en los tiempos que imponga la voluntad de otro poder.

 

Hasta ahí, pura formalidad. Una clase berreta de Derecho Constitucional, para principiantes.

 

Lo otro, lo estrictamente político, debería leerse de la siguiente manera: en los últimos nueve años, todos los jueces federales, incluidos los miembros del Supremo Tribunal, ocuparon sus cargos con la imprescindible aprobación y acuerdo de la mayoría Kirchnerista- merced a diversas modificaciones ad-hoc- que tiene en el Consejo de la Magistratura. O sea… Casi todos los jueces, incluidos los tres miembros de la Cámara Federal que fallaron a favor de Clarín, ocupan sus puestos porque el Kirchnerismo acompañó sus designaciones, y en algunos casos, por su mayoría en el Consejo, los  impuso.

 

O sea. El Kirchnerismo debe respetar las resoluciones judiciales, sobre todo, porque los jueces que resuelven estas cuestiones y otras tantas, son jueces nacidos de procedimientos amparados desde su matriz.

 

¿Por qué debía resolverse el asunto el 7D? Por una errónea y parcial interpretación de un fallo de la Corte Suprema. El fallo disponía como fecha límite ese dia para la cautelar de Clarin, pero agregaba: “ en la medida que no se dispongan prorrogas, en virtud de la falta de definición de la cuestión de fondo”

 

Y el gobierno convirtió esa fecha en una bandera irreductible. Una especie de límite infranqueable, con una confusa interpretación. Y todos nos pusimos a esperar el 7D. Nos imaginamos el 7D, nos entusiasmamos o temimos por el 7D, en fin: el gobierno instalo, insisto, leyendo parcialmente una resolución de la Corte, que el 7D tenia si o si que pasar algo. Y el regular desenvolvimiento de las instituciones, le bajó de un hondazo las expectativas.

 

“Una prórroga de la cautelar , sería un alzamiento contra el gobierno”, dijo sin ponerse colorado el Ministro de …¿ salud? ¿de economía? ¿ de cultura? No. ¡ de Justicia !, Julio Alak.  “La extensión de la cautelar, sería una demostración de un intento de golpe de estado que prepara la corporación judicial, incluida la Corte”, dijo sin medir la gravedad de lo que decía, el ultramontano Carlos Kunkel.

 

La insólita recusación global a la cámara, sin antecedentes históricos, que interpuso el AFSCA, terminó por llenar la paciencia de un poder que sintió, como nunca en los 29 años de ejercicio democrático, la presión grosera de los otros poderes.

 

El comunicado de todo el poder judicial, más conocido como “la corpo judicial”, emitido el jueves 6 a la mañana  tampoco tiene antecedentes. Por la contundencia de los términos y por la unanimidad de voces. El gobierno se había extralimitado en la presión. Y esa misma tarde, la Cámara no sólo rechazó la ridícula recusación, sino que prorrogó la cautelar- en coincidencia con lo fallado por la corte- “hasta que haya una resolución de fondo, que determine la constitucionalidad o no de los artículos cuestionados”.

 

La batallita se había postergado, y los funcionarios K, fueron consecuentes con los modales previos a la decisión: insisten injustificadamente con la “inmoralidad”, la “vergüenza” o la “malicia “ de lo dispuesto por la Cámara.

 

Es obvio que Clarin pudo y puede presionar a los jueces para que fallen a su favor. Es obvio, también, que los jueces argentinos están bajo sospecha constante. Tan obvio como que todas las causas que involucran a funcionarios del gobierno caen en las manos de Oyharbide, o tan obvio como  que todas las resoluciones judiciales en las  que se juega el destino de temas importantes para el gobierno, generalmente se saldan a su favor, o no, pero en esos casos  el gobierno se da el lujo de desoir. Asi pasa con las sentencias de los jubilados, así pasa con los reclamos legítimos de las provincias que reclaman la devolución de los fondos que el gobierno retiene sin justificación legal.

 

Pero esta vez no. Y no existe elemento legal  alguno para cuestionarlo. Es lo que los poderes del estado pueden y deben hacer. El reclamo parece ser en contra del funcionamiento regular del sistema judicial, y es, desde donde se lo vea, un disparate.

 

“Hace tres años que una ley de la democracia espera su aplicación y una corporación mediatica lo impide”. Lógico. La justicia es eso. Sino  pregúntenle a los trabajadores que esperan resoluciones en los Juzgados laborales. A los matrimonios que esperan años para obtener una sentencia de divorcio. A los litigantes que se mueren esperando una sentencia. A los buitres jubilados…

 

Lo que no es cierto es que la ley no se haya aplicado sólo por culpa de Clarin y los jueces “enemigos”. El resto de los articulados de la ley tampoco se han aplicado. No hubo licitaciones, no hubo desinversión del resto de los grupos, no existen padrones de FMs, no se reglamentó la forma en la que se distribuirán los “excedentes” de los grupos ( aunque ahora Sabatella anticipó, contrariando a lo dispuesto en la propia ley, que se pueden repartir los medios entre familiares y amigos), no se cumple con los contenidos obligatorios, y en la mayoría de los casos, no se cumple con la cantidad de horas locales que deben tener las repetidoras nacionales. Con raras excepciones.

 

El gobierno “se pegó un palo”, tan fuerte como el que suelen pegarse los que están negados de justicia en el país. Y tiene que entenderlo.

 

En el apuro por desarmar a Clarin, el gobierno olvidó los modos, generó un clima de tensión absurdo  con todo el poder judicial, y melló gravemente la confianza de la gente en todas las instituciones. “Si no creen en nosotros, que no crean en nada”, parecen decir.

 

Error. Tremendo error del gobierno en la voraz necesidad de obtener un triunfo político, que – seamos honestos- al ciudadano común, le importa un pito. Porque al ciudadano común le importa , citando al mencionado  James Carville, “las cosas cotidianas”. Y esas son obvias: la inseguridad, la inflación y si, la paz social.

 

Un exceso de energía para apurar algo, que más temprano que tarde, sin imposiciones extraordinarias, será ley y deberá cumplirse. Porque hay algo claro: La ley es ley, y si cumple con los requisitos constitucionales deberá ser aplicada. Cuando lo resuelva la Justicia. Ya sea Alfonso, la Cámara, o la mismísima Corte Suprema de Justicia, organismo honorable, por lo menos hasta estos días, para propios y ajenos.

 

El gobierno se olvidó de la división de poderes, de los límites de su poder, de los daños colaterales que supone poner al país y a sus habitantes ,todo el tiempo, al borde de la histeria . Peleando por asuntos que si bien son importantes para las próximas generaciones, implican un ruido insoportable de aguantar.

 

Al gobierno, a Cristina, a sus ministros , funcionarios y militantes, habría que colgarles un cartel en sus oficinas que diga “Es la República, estúpido”.