ES LEY LA AMPLIA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Con siete días de demora al plazo original fijado por el bloque justicialista, la Cámara de Diputados sancionó una extensa reforma al Código Procesal Penal, que en su puesta en práctica permitirá conocer su grado de efectividad. El proyecto había sido acordado con el Poder Ejecutivo y el Foro de Jueces Penales.

Si bien la ley fue votada en general por todo el arco político, los dos diputados demoprogresistas intentaron modificar una serie de artículos en la votación en particular, pero chocaron con la cerrada decisión de la mayoría de avanzar en el tema. En los hechos, a las objeciones demoprogresistas se sumaron los bloques Socialista y Radical en la Alianza que pidieron el pase a comisión. En cambio, justicialistas y radicales usandizaguistas coincidieron en sancionar la reforma.

El Poder Ejecutivo presentó la modificación al Código en agosto de 2000 cuando Angel Baltuzzi era ministro de Gobierno. La falta de acuerdo entre ambas Cámaras hizo perder estado parlamentario a la iniciativa. A principios de este año, el Ejecutivo con Carlos Carranza como ministro insistió. El Senado lo votó en agosto y Diputados lo sancionó ayer. El Código vigente data de 1981.

LO QUE DIJERON

El justicialista Mario Esquivel se encargó de inscribir al tema en uno de los aspectos básicos para mejorar la seguridad pública junto a la capacitación del personal policial, la renovación del parque automotor, y construcciones carcelarias. En cambio, dejó pendiente para el próximo gobierno constitucional las remuneraciones y el saneamiento institucional de la Policía.

“La reforma es un tránsito parcial e integral al juicio oral y público que nos queda como compromiso”, resaltó Esquivel. En su exposición describió la estructura de los seis artículos de la norma e insistió en hablar de “transición” y de no creación de cargos.

“El objetivo es dictar la norma posible. Hay tres nuevos institutos que pretenden descomprimir los juzgados y evitar la acumulación de detenidos sin sentencia”. Se refería a las figuras de la investigación fiscal, instrucción abreviada y proceso abreviado. “Nos queda el compromiso de la reforma integral para llegar al juicio oral y público pero con partidas presupuestarias”, afirmó.

Favario cuestionó no haberse discutido “como corresponde” el tema, e hizo hincapié en lo que entendió son “dos objeciones groseras que pasaron inadvertidas para el cuerpo” y que atribuyó al Poder Ejecutivo no haberla advertido. En sí, el legislador demoprogresista entendió que se legisla “en un aspecto ideal, ajeno a la realidad cuando se habla de investigación fiscal” y después cuestionó no haber adaptado un artículo a la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el legislador, en el 2000, la Corte entendía que si el fiscal pide la absolución, el juez no podía dictar un fallo condenatorio. La jurisprudencia del máximo tribunal cambió en el 2002. Su ex compañero de bancada, Miguel Bullrich, aseguró que el tema tiene serias objeciones en el Poder Judicial y calificó de “falaz” el camino trazado al juicio oral.

El radical Angel D’Ambrosio cuestionó duramente la política de seguridad del gobierno y se negó a hablar de reforma gatopardista para calificarla de “voluntarista”. Advirtió que “el posible éxito será a lo Pirro, porque postergará las reformas estructurales que se deben hacer en la materia”.

Otra radical, María Silvia Migno, recordó que su bancada tiene un proyecto sobre la materia. “Esta reforma parcial es lo que dicen se puede hacer sin gastar más presupuesto” y aseguró que en 20 años hubo sólo pequeñas modificaciones en la materia “con grandes avances de la criminalidad”.

El socialista Alfredo Cecchi prefirió hacer una lectura política de la cuestión, e hizo notar que el presupuesto para seguridad ha reducido su participación en los últimos años en la provincia. “No son pocos los que, invocando razones presupuestarias, nos señalan que la Justicia actúa con arbitrariedad y no son pocos los que hablan de alguna connivencia entre la política y la Justicia”.

Después sólo quedó la engorrosa votación en particular ante los permanentes intentos de los dos demoprogresistas en introducir reformas a los artículos ante la indiferencia del resto del arco político, que se limitó a votar el despacho acordado en las respectivas comisiones.

LOS CAMBIOS

El proyecto, si bien consta de apenas 6 artículos, produce modificaciones e incorporaciones a dos leyes vigentes como el Código y la Orgánica del Poder Judicial.

El primer ítem produce modificaciones en 40 artículos del actual Código Procesal Penal, ley N° 6.740, cuyo texto ordenado data de 1981. El segundo artículo incorpora 14 nuevos, en muchos casos bis o ter. El tercero modifica las denominaciones de algunos artículos. En el cuarto incorpora capítulos y artículos en los ítems: víctimas y damnificados, investigación fiscal, instrucción abreviada y proceso abreviado.

Finalmente, se modifican parcialmente tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (10.160) y que refieren a las atribuciones del procurador general y de los fiscales.