ES OFICIAL EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A IBARRA

La suerte ya estaba echada y las cartas, sobre la mesa. En una extensa exposición, los nueve diputados de la comisión que investigó la tragedia de Cromagnon en la Legislatura porteña leyeron buena parte del dictamen único de 947 fojas, que concluye con la recomendación de promover el juicio político al jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones.

No hubo sorpresas ni ases en la manga. Como muestra de una unidad que hasta último momento se creyó difícil de alcanzar, cada uno de los legisladores tomó la palabra para reseñar un capítulo del despacho. Estructuraron así los argumentos que consideraron para concluir que el titular del Poder Ejecutivo de la ciudad -“a quien la Constitución porteña atribuye el ejercicio del poder de policía para asegurar la integridad de los individuos”- había incumplido este deber y colaborado por omisión en el desencadenamiento del incendio en la disco de Once, donde murieron 193 personas.

Lo hicieron ante la mirada vigilante de más de 100 familiares de las víctimas, que sólo se permitieron entonar el Himno Nacional y un canto en reclamo de justicia para los muertos y los sobrevivientes, antes de que comenzara la lectura. Luego, infatigables, acompañaron en silencio -aunque algunos partieron- el casi innecesario repaso de varios cuerpos del expediente, trámite que demoró cinco horas en el salón San Martín del Palacio Legislativo.

Porque aunque los diputados insistían en que, sin los fundamentos, las conclusiones podían ser malinterpretadas, los anuncios llegaron al final. Y dijeron lo que para entonces ya era un secreto a voces: que sugerían enjuiciar a Ibarra y a la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante -que según ellos tiene rango de secretaria, lo que los habilita a incluirla en sus sugerencias-, y desplazar de su cargo a Julio Crespo Campos, coordinador del Consejo de Emergencia porteño.

Tenían razón en que la solidez en la construcción de los argumentos, que mezcló inteligentemente los hechos comprobados con todo el andamiaje legal existente, para demostrar cómo había sido violado, valía la pena. Pero tras dos horas de lectura, la atención había empezado a decaer.

Vale rescatar, especialmente, que el contenido del dictamen podía consultarse y revisarse en la página web de la Legislatura ( www.legislatura.gov.ar ).

Serios y ceremoniosos, se sentaron de izquierda a derecha Alvaro González (Juntos por Buenos Aires), María Eugenia Estenssoro (Plural), Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre), Gabriela Michetti (Compromiso para el Cambio), Martín Borrelli (CPC), Fernanda Ferrero (Unidad Republicana), Milcíades Peña (Confluencia), Fernando Cantero (ARI) y Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires).

Presentes y ausentes

En primera fila, llamó la atención ver a una decena de diputados de distintos partidos en señal de respaldo a la comisión: Marcelo Godoy (CPC), Ariel Schifrin (Confluencia), Daniel Betti (Bloque del Sur), Jorge San Martino (Recrear), Paula Bertol (CPC), Juan Manuel Velasco (ARI), Marcos Peña (CPC), Rodrigo Herrera Bravo (CPC), Eduardo Lorenzo Borocotó (Juntos por Buenos Aires), Susana Etchegoyen y Marcos Wollman (ambos del interbloque de izquierda).

Los cuatro primeros integran la comisión investigadora de la Sala Acusadora, de 13 miembros, que la semana próxima recibirá el dictamen para evaluar el cuerpo probatorio, ahondar en la investigación en las líneas que considere pertinentes y dar el derecho de defenderse a los imputados.

No estuvieron presentes, en cambio, legisladores ibarristas y kirchneristas, obviamente porque no apoyan el trabajo de la comisión ni el eventual enjuiciamiento de Ibarra.

Sobre las fallas en el área de inspecciones, el informe sostiene que el gobierno de la ciudad, entre agosto de 2000 y diciembre de 2004, no tuvo una adecuada política de control de las actividades comerciales; que los funcionarios designados rotaban por distintos cargos sin que importara su idoneidad; que no existía información sobre comercios habilitados ni sobre su seguridad y que la existencia de sólo 150 inspectores para controlar 200.000 locales demuestra la falta de relación entre los recursos aplicados y los objetivos por cumplir, entre otras cuestiones.

Los legisladores creen tener acreditado que, además, Ibarra conocía las conductas ilegítimas de sus subalternos. Entre otras pruebas, sostienen, pudieron confirmar que incluso actuó fuera de la ley el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, escalón inmediatamente inferior al de la jefatura de gobierno. En abril de 2004, López firmó una resolución (la 212/2004) para levantar la clausura impuesta en acuerdo con la normativa vigente a una fiesta electrónica en el Club Hípico sin dar intervención a la Justicia.