ESCÁNDALO EN TUCUMÁN POR LA TRAMPA PARA LIBERAR A UN PRESO DE CORONDA

El intento de dos policías de Tucumán de retirar a un detenido de la cárcel de Coronda con papeles judiciales fraguados, frustrado por la oportuna consulta telefónica de un magistrado santafesino, puso al descubierto e impulsó la investigación de una organización surgida en esa provincia dedicada a promover la liberación de presos mediante adulteración de documentos públicos.

El ministro de Seguridad de Tucumán, Pablo Baillo, declaró al diario “La Gaceta” que el gobierno al que pertenece presume la existencia de “un grupo mafioso, integrado por empleados, policías, abogados, políticos y particulares, que se dedicaría a falsificar oficios judiciales para obtener ilegalmente la liberación de presos”.

Los dos suboficiales tucumanos, que el 30 de diciembre pasado intentaron trasladar al preso de Coronda con el oficio judicial apócrifo, fueron separados de la fuerza y están siendo investigados por la Justicia, según confirmó Baillo. El funcionario presume que la intención de los uniformados era facilitar una huida del detenido durante el traslado ilegal. La aparente sistematicidad de esta práctica se cifra en que al caso de Coronda se suma otro exactamente igual registrado, el mismo día, en la ciudad de Córdoba. Fue también un juez de allí quien se apercibió de la maniobra. Y por este hecho están detenidos dos uniformados tucumanos: el oficial Enrique Díaz y el agente Sergio Escobar. Querían llevarse a Miguel Angel Acuña, un recluso condenado a 18 años por robo agravado.

El caso santafesino, publicado anteayer en La Capital, se registró el 30 de diciembre pasado cuando los policías tucumanos Manuel Eduardo Ruiz y Dardo Oscar Campos, ambos con el grado de sargento primero, se presentaron en el juzgado de Sentencia Nº1, a cargo de Alejandro Echarte Iriondo, solicitando el traslado de José Miguel Ramírez, también conocido como José Miguel Martínez Ramírez, o Héctor David Tagliaferra o Héctor Raúl Casas, quien purga una condena de 20 años en la cárcel de Coronda.

Echarte Iriondo se mostró sorprendido ya que no había recibido una comunicación previa desde la Justicia tucumana que le anticipara el envío de la comisión policial para trasladar al recluso. Por ello primero intentó comunicarse con la Fiscalía Nº10 de Tucumán y después examinó minuciosamente el exhortó Nº68 emitido por esa fiscalía pidiendo el traslado de Ramírez.

Entonces advirtió que no tenía el sello de agua tradicional en la papelería oficial que usa la Justicia para autentificarlos. Pero lo que más inquietó al magistrado fue que Ruiz y Campos habían viajado a Santa Fe en un colectivo interurbano de línea y pensaban llevarse por ese mismo medio a Ramírez. Luego de hablar con el secretario del fiscal, Daniel Clemente, el magistrado dio intervención a la policía, que detuvo a sus pares tucumanos.

A los uniformados los interrogó al día siguiente el juez de Instrucción Diego De la Torre, quien quedó a cargo de investigar el confuso hecho. Los sargentos tucumanos dijeron desconocer la condición de falso del documento y se defendieron afirmando que ellos sólo cumplían con la orden de la comisión. Fueron liberados pero a partir de ese hecho en Tucumán saltó el escándalo.

“Hay una organización dedicada a liberar presos. Nosotros la descubrimos e iniciamos inmediatamente las actuaciones. Para nosotros es un hecho grave, que merece ser investigado hasta las últimas consecuencias”. Así se expresó el ministro Baillo ante La Gaceta.

La nota afirma que la organización ilegal trabajaría en todo el país y habría fabricado sellos apócrifos de gran cantidad de magistrados, con los que, al mismo tiempo, se podrían estar cometiendo numerosos delitos. Los investigadores consideran que la red interviene en provincias en las que el sistema judicial y policial son permeables. Se aprovecharían de esa fragilidad para que, a cambio de importantes sumas de dinero (de las cuales todos los involucrados recibirían su parte), los detenidos sean sacados de las cárceles y tengan la oportunidad de “fugarse” en el camino.

“Ahora desde acá lo que se está esperando es que en Tucumán se defina quiénes son y cómo actúan los miembros de esta banda para luego determinar si tiene ramificaciones en nuestra provincia o cómo es que sus servicios habrían sido contratados por un preso de Coronda”, dijo una fuente judicial santafesina en referencia a Ramírez, quien permanece alojado en esa unidad penitenciaria luego de que frustrara su meticuloso plan de fuga arruinado por la sospecha atinada del juez Echarte Iriondo.