Escándalo: una influencer santiagueña usó nombres de gobernadores para comprar ropa en EE.UU.

En un caso inédito en la historia judicial argentina, la Justicia Federal de Tucumán dejó al borde del procesamiento a la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín (26 años), acusada de contrabando simulado por haber utilizado los datos fiscales de al menos cinco gobernadores provinciales para importar ropa desde Estados Unidos.

Las prendas eran luego comercializadas en forma privada en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. El expediente, que instruye el juez federal José Manuel Díaz Vélez con la intervención del fiscal Agustín Chit, revela una maniobra audaz y sofisticada con múltiples ramificaciones.

Todo comenzó cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo recibió, a fines de 2024, una notificación de Aduana por una compra realizada en una tienda de Miami. Como ningún miembro de su entorno había efectuado tal operación, el mandatario radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Tucumán.

“Nunca hice una compra en el exterior. Me preocupó que usaran mis datos personales para cualquier tipo de operación”, explicó Jaldo. Su testimonio fue clave para destapar una maniobra que terminó salpicando a Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis), todos utilizados como prestanombres sin saberlo.

La imputada habría utilizado los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para realizar compras vía Courier, un sistema de importación menos estricto en controles. De esa manera, pudo sortear el cupo personal de cinco compras anuales por hasta U$S 5.000, impuesto por la Dirección General de Aduanas. “El truco era simple y efectivo: un paquete dirigido a nombre de un gobernador difícilmente sería retenido por controles”, detalló un operador judicial.

En un allanamiento ordenado por el juez Díaz Vélez, se secuestraron dispositivos electrónicos, prendas y dinero en efectivo en un departamento de Núñez (CABA), donde residía la acusada. El análisis forense de esos equipos reveló que Olguín habría estado buscando información de otras figuras públicas para repetir el modus operandi.

En su declaración indagatoria, Olguín, representada por la abogada Claudia Paz, reconoció parcialmente los hechos y explicó que había utilizado Google para obtener los datos, una afirmación que genera escepticismo entre los investigadores. También declaró que recurrió a esta modalidad tras haber agotado el cupo de compras a su nombre, el de su familia y amistades.

Sin embargo, los investigadores sospechan que eligió los nombres de los mandatarios precisamente porque esas operaciones difícilmente serían demoradas por controles aduaneros, y no por una simple cuestión de azar.

El delito por el que se la investiga, contrabando simulado, está tipificado en el artículo 864, inciso e, del Código Aduanero y contempla penas de entre dos y ocho años de prisión efectiva. Si bien aún no ha sido procesada formalmente, la resolución de su situación procesal se encuentra en manos del juez Díaz Vélez. Además, el fiscal Chit ya giró copias del expediente a sus pares de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y La Pampa, para que cada jurisdicción avance con la investigación correspondiente.

Conocida por su participación en el grupo de “cumbia cheta” Dame 5, Olguín había iniciado una carrera solista con cierta notoriedad en redes sociales: más de 250.000 seguidores en Instagram y presencia en festivales como Cosquín Cuarteto y el Movistar Arena. En TikTok, combinaba videos musicales con exhibiciones de ropa y moda. Según allegados, vendía las prendas que importaba sin promocionarlas públicamente, gestionando las transacciones por mensaje privado.

“Muchos pensábamos que podía llegar lejos. Con esto, chau carrera”, lamentó una estudiante santiagueña que la conocía. Aparentemente, Olguín se dedicaba a la comercialización informal de indumentaria desde hacía al menos cinco años, aprovechando sus viajes a Miami para abastecerse y luego revender con importantes márgenes.

El gobernador Jaldo advirtió que este caso deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema de importaciones y de la protección de los datos fiscales. “Hay información confidencial que es demasiado fácil de obtener. Eso es un riesgo para cualquier ciudadano”, alertó.

Desde la Aduana, en tanto, se confirmó que muchos usuarios ignoran las notificaciones electrónicas por operaciones internacionales, lo que facilita este tipo de fraudes, y alertaron que incluso personas que prestan sus datos “de buena fe” pueden terminar implicadas en una causa penal.

El caso de Olguín no sólo abre un nuevo capítulo en materia de delitos aduaneros cometidos por influencers, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad digital, la protección de datos personales y los controles sobre la actividad comercial transnacional a pequeña escala. Mientras tanto, la joven santiagueña, otrora figura en ascenso del cuarteto pop, espera una resolución que podría truncar su carrera artística para siempre.