ESCRACHE POR MOROSIDAD JUDICIAL

Los resistentes de la Marcha de las Antorchas que reclaman juicio y castigo para los inundadores ‑como llaman a los responsables políticos de la catástrofe del río Salado‑ escracharon ayer en el propio Palacio de Tribunales al juez Diego de la Torre (Instrucción 7ª) por dilatar la investigación que ya lleva dos años “sin imputados ni procesados” y adoptar medidas que pueden significar la prescripción de la causa. “¡Justicia! ¡Justicia!”, fue el reclamo a voz en cuello: primero en una ronda con velas en el hall del primer piso y luego en el subsuelo, frente al despacho del magistrado. Un escrache relámpago que generó corrillos a medida que resonaban los gritos. Algunos empleados del juzgado de De la Torre salieron al pasillo y otros sólo se animaron a espiar detrás de las puertas. Una barrera humana intentó proteger la oficina del juez ‑con tres policías y un funcionario de la Corte Suprema con cara de susto‑ pero no pudo evitar que los escrachadores leyeran un documento en sus narices. “¡Sabemos que al juez De la Torre lo puso Reutemann!”, disparó una mujer. “¡Justicia!”, replicaron los escrachadores.

Abril es un mes distinto en Santa Fe desde aquel fatídico martes 29 cuando un tercio de la ciudad quedó bajo el agua. Ayer fue un mediodía distinto cuando un grupo de mujeres y hombres de la Marcha de las Antorchas llevaron su protesta al propio Palacio de Tribunales. Una réplica de lo que hacen cada martes, desde hace dos años, en la plaza de Mayo, alrededor de las 130 cruces por los muertos en la gran inundación. Ayer marcharon en círculos en el propio hall del Palacio de Justicia con una vela encendida y carteles en el pecho y la espalda. “Juez de la Torre: la justicia es un valor no una mercancía”, decía una de las leyendas. “Basta dilatar la causa: 130 mil inundados y ningún procesado”. No podrán tapar sus culpas, los muertos los condenan”, agregaba otra. “Los inundados exigimos justicia. La justicia cuando es lenta es injusticia”. Una consigna apuntaba a los colegas del juez: “La dilación de la causa inundaciones desprestigia a la Justicia. No sean cómplices del desprestigio de la justicia. Inundados sin justicia. Inundadores protegidos”.

Una de las fundadoras de la Marcha de las Antorchas, Marta Giavi, justificó la protesta por el tiempo del peritaje que ordenó el juez De la Torre para precisar la causa de la catástrofe del río Salado y si ésta era evitable. La contratación de los peritos y las idas y vueltas de la Corte para asegurar los recursos demandó un año. Y el dictamen otro año. El trabajo tenía que estar listo para principios de marzo, pero el juez concedió a los peritos una prórroga de seis meses más, hasta agosto próximo para finalizarlo. “Son medidas dilatorias muy preocupante porque obstaculizan el normal desarrollo de la causa y abre las puertas para que prescriba uno de los delitos a imputar: el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vamos a seguir luchando para que esta causa no prescriba y no se caiga. No vamos a permitir la impunidad”, explicó Giavi.

Los escrachadores marcharon después hasta el despacho del juez de la Torre, en el subsuelo, donde leyeron un documento. “Los inundados estamos muy preocupados por el desarrollo de la investigación judicial. Sentimos que nuevamente la impunidad del poder en Santa Fe puede prevalecer por sobre nuestros derechos. Porque puede prescribir uno de los delitos a imputar: el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“En esta causa todavía no hay imputados, indagados o procesados ningún funcionario. Al contrario, la justicia demora las decisiones con medidas dilatorias. Y hoy nos encontramos ante la situación de una posible prescripción de la causa favorecida por la prórroga del tiempo para expedirse que el juez otorgó a los peritos contratados. Peritos que en realidad constituyen una verdadera maniobra para privatizar la justicia y ahora, con la prórroga, una manera de dilatarla. Bastaría llamar a declarar a los funcionarios y recorrer la prensa oral y escrita de aquellos días del 2003 para tener los fundamentos necesarios para que el juez de la Torre llame a indagatoria a los inundadores”.