“ESCUELA SHOPPING”: SUSPENDEN LA INDAGATORIA AL EX INTENDENTE GROSSO

La audiencia en la que mañana debía ser indagado el ex intendente porteño Carlos Grosso en la denominada causa de la “Escuela Shopping” fue suspendida a raíz de planteos de nulidad efectuados en las últimas horas. (Edición impresa)

La suspensión fue resuelta por el juez federal Guillermo Montenegro quien subroga momentáneamente a su colega Ariel Lijo y cuya licencia finaliza el próximo viernes, dijeron fuentes judiciales.

Hay planteos de nulidad por lo que el juez (Montenegro) entendió que, atento a que el titular del juzgado se reintegra en las próximas horas, corresponde que sea él (Lijo) quien los resuelva.

De esa manera se hacía referencia al escrito presentado por el abogado Pablo Argibay Molina en el que reclamó la “nulidad” de los llamados a indagatorias de Grosso, ex concejales y empresarios, por entender que el expediente “está prescripto”.

El letrado -defensor del empresario Daniel Szeimbaun, uno de los involucrados en la causa- insiste en su planteo pese a que la Sala II de la Cámara Federal dispuso lo contrario y esa resolución está a estudio de la Corte Suprema.

El expediente se inició el 7 de mayo de 1992 por denuncia de Ibarra, por entonces edil porteño, quien cuestionó la legalidad de la ordenanza 44832 aprobada por el ex Concejo Deliberante, a pedido de Grosso, en una sospechosa sesión en la madrugada del 30 de diciembre de 1990.

Allí se denunciaba la irregular cesión de la ex Municipalidad porteña al empresario Salomón Salem (como cabeza de un grupo de industriales) de la explotación, por 20 años, de 42 locales en Pueyrredón y Sarmiento, de la Capital Federal.

Al hacer la denuncia Ibarra recordó que esa ordenanza “no fue analizada ni discutida en el departamento ejecutivo de la Municipalidad” y que “las ganancias (de los empresarios) eran totalmente desmesuradas”

Como contrapartida de la concesión, el grupo se ofrecía a pagar un canon y realizar tareas de refacción en la Escuela Presidente Mitre que se encontraba en esos terrenos del metropolitano barrio del Once.

El expediente recorrió un extenso periplo por diversos tribunales cuyos jueces eran recusados y cuestionada la jurisdicción hasta que la defensa del ex concejal radical Miguel Herschberg (también imputado) argumentó que debía ser la justicia federal la que interviniera pues los terrenos eran de la ANSeS.

En el fuero federal se declaró la prescripción pero luego la Cámara la revocó al considerar que “las conductas endilgadas a los imputados podrían encuadrar en las previsiones del delito de peculado” que tiene una pena posible de hasta 10 años; motivo por el cual el expediente debía seguir su trámite.

Contra esa resolución que reabrió la investigación los defensores apelaron y el expediente actualmente se encuentra en la Corte de donde el juez Lijo, en la resolución en la que ordena las indagatorias, pidió que se lo envíen.