ESPAÑA ENDURECE EL TONO CON LOS INMIGRANTES CLANDESTINOS

El sábado fueron 674. El domingo, 759. Y ayer se habían contabilizado al menos 227. La llegada de inmigrantes ilegales africanos en débiles embarcaciones a las costas de las Islas Canarias ha alcanzado proporciones inéditas: unos 1.660 este último fin de semana, un récord que eleva a más de 21.000 los arribos de subsaharianos desde enero. La grave situación forzó ayer a España a endurecer el tono frente a los gobiernos de países africanos, origen de la mayoría de los “sin papeles”, reclamándoles que cumplan los acuerdos bilaterales de repatriación.

“No vamos a tolerar que sigan llegando, no seguiremos aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados”, advirtió la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

“Repito, que quede bien claro: todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano, saldrá de España. Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan”, enfatizó con un tono particularmente seco la responsable española, que la semana pasada reclamó más apoyo a sus socios europeos. Pero la amenaza parece más fruto de la impotencia que de la decisión, porque hasta ahora los esfuerzos oficiales han arrojado resultados nulos. Tanto los acuerdos de repatriación arduamente negociados con países africanos como la ayuda de la Unión Europea parecen insuficientes.

Entre enero y agosto llegaron a las Canarias unas 20.000 personas escapando de la pobreza en precarias embarcaciones, cuatro veces más que en todo el año pasado. El sueño de una vida más próspera en Europa costó la vida a cerca de 600 de ellos, según los números oficiales. Las organizaciones humanitarias estiman que los muertos en la travesía podrían sumar hasta 3.000.

España reclama a los países subsaharianos que acepten el retorno de sus ciudadanos que hayan ingresado ilegalmente en un país europeo a pedido de éste último y sin otra formalidad, según se puntualiza en los acuerdos bilaterales firmados. En Helsinki y en Bruselas, De la Vega volvió a pedir apoyo para lanzar un dispositivo de vigilancia europeo, demorado hasta ahora.

El ministro español del Interior advirtió la semana pasada que la “presión migratoria” continuará sobre Canarias, pero para calmar las críticas de la oposición conservadora, aseguró que en lo que va de 2006, el gobierno ya repatrió a casi 53.000 inmigrantes ilegales procedentes de Senegal, Mali, Guinea Bissau, Nigeria, Pakistán e India.

La incensante llegada de cayucos —unas precarias barcazas de fibra de vidrio— a las islas Canarias, favorecida por las temperaturas estivales, ha convertido el fenómeno de la inmigración clandestina en la primera preocupación de los españoles (64%), según una encuesta difundida ayer por Cadena Ser, muy por delante del desempleo o el terrorismo.En abril pasado, la inmigración clandestina sólo preocupaba al 30% de los españoles.

En vista de los números, en el gobierno de Madrid saltaron las alarmas. Y el escaso apoyo de Bruselas indigna a las autoridades del archipiélago español. “Parece una tomadura de pelo”, dijo el portavoz de la gobernante Coalición Canaria, Paulino Rivero, sobre el despliegue de las patrullas marítimas de la UE frente a la costa occidental de Africa.

Es que la anunciada “flota” demostró finalmente ser apenas un puñado de barcos, uno de los cuales incluso sufrió un desperfecto antes de poder entrar en operación. Los medios “no son suficientes para cubrir una franja de cientos de kilómetros de costa africana”, agregó Rivero.

Los conservadores del Partido Popular acusan al gobierno socialista de haber creado esta crisis al regularizar el año pasado a 600.000 ilegales. Los populares afirman que, con esa medida, se dio esperanzas a potenciales inmigrantes de que tarde o temprano tendrían un permiso de residencia. El gobierno niega esos cargos, alega razones humanitarias y sostiene que busca “una inmigración legal y ordenada”.