ESPAÑA LE ADVIERTE A BOLIVIA QUE SE ESTÁ GESTANDO UN CONFLICTO BILATERAL

El mensaje fue transmitido al Gobierno de La Paz a través del encargado de Negocios de la embajada de Bolivia en España, Alvaro del Pozo, que fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Tras la reunión, Exteriores difundió un comunicado en el que manifestó que la preocupación por el decreto de nacionalización se ha hecho extensiva a “las formas que han rodeado su adopción”.

También se le recordó al representante diplomático boliviano “el compromiso de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto para que pueda ser estudiado con detenimiento y se puedan pedir las aclaraciones pertinentes”.

No obstante, el Gobierno español espera que, a través del “diálogo y la negociación”, se llegue a una “solución satisfactoria”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, entabló contacto hoy con su homólogo brasileño, Celso Amorim, para, “en el marco de un enfoque común”, responder con “firmeza y diálogo” a la decisión de Bolivia.

Según informaron fuentes diplomáticas, Moratinos y Amorim coincidieron en que estas premisas deben guiar la actuación de los Estados con compañías afectadas por la iniciativa de Morales.

Brasil calificó ayer de “gesto no amistoso” la nacionalización de la producción de gas y petróleo, mientras que España expresó su deseo de que se respeten los intereses de todas las partes.

La empresa estatal brasileña Petrobras es la principal inversora en Bolivia, y la hispano-argentina Repsol YPF es una de las principales firmas extranjeras que operan en ese mercado de los hidrocarburos, en el que ambas han hecho importantes inversiones.

El Gobierno español anunció también que se reunirá en breve con directivos de las empresas españolas radicadas en Bolivia para analizar la nacionalización energética, mientras la oposición pidió al Ejecutivo que rectifique su política exterior.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la reunión para “los próximos días” y aseguró que la cita refleja que el Gobierno “se preocupa y se ocupa (…) por los intereses de las empresas españolas” en el extranjero.

Fuentes del Gobierno informaron que la reunión con las empresas será convocada esta misma semana por el ministro de Industria, José Montilla, una vez que el Gobierno conozca los detalles del decreto firmado el lunes pasado por Evo Morales.

El ministro manifestó hoy que la nacionalización de reservas de gas y petróleo “no es una buena noticia” y expresó que “al Gobierno de España nos preocupa por el impacto que pueda tener en las empresas españolas” y en el conjunto del sector energético.

Montilla recordó que “repetidamente el presidente de Bolivia había anunciado una medida en este sentido”, por lo que no habló de sorpresa, pero subrayó que “es una mala señal para los mercados, que puede desincentivar la inversión extranjera” en ese país.

La decisión de Morales fue considerada un “varapalo” por el líder del conservador Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien pidió al Gobierno que “reflexione” sobre su política exterior.
Rajoy dijo a los periodistas que la decisión del presidente boliviano es “muy mala para todos (…), mala para España, para los accionistas de España y para la propia empresa Repsol”.

A su juicio, esta decisión de Morales debe servir para que el Gobierno español haga una “reflexión”, por lo que sugirió al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que afronte su política exterior a partir de ahora “con la seriedad debida, con países serios y con países que respetan las reglas”.

Mala decisión

Por su parte, la Comisión Europea lamentó hoy la decisión de Evo Morales, sin un proceso de consulta y discusión previo.

Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Yohannes Laitenberger, dijo que el Gobierno comunitario “ha tomado nota con preocupación” y, aunque reconoció que sabían que Morales iba a aumentar el papel del Estado en el sector de los hidrocarburos, tenían la “esperanza” de que antes de decidir nada hubiese “un proceso de consulta y discusión”.

Por ahora Bruselas no prevé que la decisión de Morales repercuta en el suministro a la Unión Europea (UE), ya que sus estados miembros sólo importan una “insignificante” cantidad de petróleo boliviano y nada de gas, pero sí reconoce que “puede tener un impacto negativo en los mercados”, actualmente sometidos a fuertes tensiones de precios, según el portavoz de Energía de la CE, Ferrán Tarradellas.

Para el alto representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, la decisión no beneficiará a Bolivia ni a su desarrollo político y económico, ya que la seguridad jurídica es “fundamental” para que las empresas extranjeras se animen a invertir en el país andino.