ESPAÑA MODIFICARÁ LA LEY DE EXTRANJERÍA
La ley española de extranjería será sometida a una nueva modificación que entrará en vigor en enero del 2004 y que pretende “luchar mejor” contra las mafias, favorecer los flujos migratorios legales y simplificar la tramitación de los permisos de residencia en España.
Así lo expresó hoy la secretaria de Asuntos Sociales del gobernante Partido Popular (PP), Angeles Muñoz, poco después de acordar con el Partido Socialista (PSOE) la inclusión de una serie de enmiendas que este grupo opositor había presentado.
El consenso fue anunciado en el Congreso de los Diputados por el portavoz del PSOE, Jesús Caldera, quien aseguró que la modificación pactada hará “más eficaz” la Ley de Extranjería y acabará con la “marea de inmigración ilegal que asola España”.
Por parte del PP, Muñoz destacó que las enmiendas del PSOE “enriquecen” el texto, sin modificar el “espíritu” de la reforma, concebida para luchar mejor contra las mafias delictivas, favorecer los flujos migratorios legales y simplificar la tramitación de los permisos.
La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, destacó que la nueva norma implantará unos nuevos modelos de visado temporal de tres meses para que los inmigrantes puedan buscar trabajo en España durante ese lapso en condiciones de regularidad y continuar legalmente en España si consiguen un empleo.
Según Rumí, podrán obtener este visado para búsqueda de empleo los hijos y nietos de españoles de origen y también los extranjeros demandantes de empleo para ciertos sectores laborales.
Otra de las modificaciones penalizará con mayor rigor la contratación de trabajadores inmigrantes irregulares.
Acerca del reagrupamiento familiar, se permitirá que obtengan permiso individual las mujeres maltratadas por sus maridos y se admitirá la residencia en España de aquellos ascendientes de inmigrantes legales que tengan hijos menores o incapacitados.
El Gobierno financiará programas de retorno y también se incorpora otra novedad normativa para que la Policía pueda obtener ciertos datos, con las debidas garantías, sobre los extranjeros que viven en España, de la misma manera que ocurre con los españoles.
Con respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, el PSOE aseguró que no se opone a ellos pero ha incorporado garantías para respetar los derechos de quienes esperan su repatriación.
La nueva ley contemplará la obligación de las compañías aéreas a controlar las listas de sus pasajeros, eso sí, con diversas garantías referidas principalmente al trato que deben recibir las personas que sean devueltas a su país.
Desde la oposición, el portavoz de la coalición Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, se quejó de que el Gobierno no haya contado con el grupo en la negociación y expresó su sorpresa por la postura del PSOE al tratarse -dijo- de una reforma “involucionista y policial” que “no tiene en cuenta la inmigración como un fenómeno positivo”.
La reforma tipificará como infracción muy grave las actuaciones que favorezcan la inmigración ilegal y ampliará los supuestos de utilización de procedimiento preferente de expulsión a aquellas personas que cometan delitos.
La ley de extranjería ha sido reformada en dos ocasiones desde que el Partido Popular (PP) gobierna en España, la primera vez en 1999 y la segunda en 2000.
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