ESPIONAJE MILITAR: BUSCAN DETECTAR EL DESTINO FINAL DE LOS INFORMES

Luego del relevo de dos altos oficiales de la Armada por el grave caso de espionaje interior detectado en la base Almirante Zar, de Chubut, la Justicia federal y el Ministerio de Defensa intentan ahora determinar la ruta de esa información sensible y si había otro destino militar además de la Dirección de Inteligencia Naval y el Comando de Operaciones Especiales.

Los titulares de estas dos dependencias de la Armada, contraalmirante Pablo Rossi y vicealmirante Eduardo Avilés, respectivamente, fueron separados de sus cargos por el titular de la fuerza, almirante Jorge Godoy, luego de ser denunciados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a datos aportados por otro marino, cuya identidad se reserva.

Según la denuncia, presentada ante el juez federal de Rawson Jorge Pfleger, los oficiales ordenaron seguimientos de inteligencia sobre entidades sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales.

Hasta ahora, el juez —que hizo un allanamiento a la base Almirante Zar el viernes— tiene en su poder unas 26 carpetas con datos de gente espiada. Algunos informes, incluso, datan de 1997.

Según trascendió, los partes habrían sido enviados a la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca (ver Veintiséis carpetas de archivos, con copia a la base de Puerto Belgrano).

En efecto, la investigación judicial y la pesquisa interna del Gobierno apuntan a detectar cuál era el destino final de esos informes. Una alta fuente del Ministerio de Defensa le dijo ayer a este diario que, en todos los casos, los partes tenían tres copias: una para el Comando de Operaciones Especiales, otra para la Dirección de Inteligencia Naval y una tercera copia rotulada en clave, siguiendo un código de siglas o letras. Se trata de saber qué significan esos datos encriptados.

Los informes secuestrados son pulcros en su escritura y confección. Dicen que es un sello de los marinos. Como sea, allí aparece información de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, por cierto superficial, casi pública. Se asemeja más a un parte de inteligencia lo que se halló del ex viceministro del área Jaime Garreta, donde hasta se resalta algún arresto juvenil. Y, sorpresa, sobresale un paper sobre una reunión de agosto pasado en la Casa Rosada, en la que familiares de los fusilados en la llamada Masacre de Trelew, del 22 de agosto de 1972, le pidieron al presidente Néstor Kirchner la reapertura de la causa. Algo que finalmente consiguieron hace pocos meses.

También fueron espiados la secretaria de Derechos Humanos de Chubut, Elisa Martínez, y dirigentes piqueteros y de organismos de derechos humanos de esa provincia. Y hay un reporte de una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

Para el CELS, el material incautado demuestra la existencia de archivos de inteligencia de la época de la última dictadura militar que la Armada tendría en su poder pese a que se ha afirmado reiteradamente que estos materiales habían sido destruidos.

La realización de tareas de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas está expresamente prohibida en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. El caso se conoce a pocos días de que se cumplan 30 años del golpe de Estado de 1976. Y justo en la base Zar, donde se produjeron los fusilamientos del 72, en los que murieron 16 militantes de organizaciones armadas.

Las autoridades judiciales y gubernamentales tratan de determinar también si existía una suerte de plan de protección de la información obtenida por los espías navales para “poner a salvo” la documentación en caso de que fueran descubiertos, tal como ha ocurrido. Si es así, parece difícil despegar de ese supuesto plan a altas autoridades de la Armada.

Ya desde el viernes, en fuentes políticas se especula con una próxima salida de Godoy, aunque oficialmente es desmentido. En verdad, resulta al menos dudoso que semejante ingeniería de inteligencia no fuera conocida por el almirante. “Que ahora se esté portando bien no quiere decir que esté controlando a los suyos como corresponde”, decía ayer una fuente de Defensa que prefirió el anonimato.