Estados Unidos, cada vez más duro con los inmigrantes

Alentada por la reelección de George W. Bush, que prometió no perdonar a los extranjeros ilegales, y por el triunfo aplastante en Arizona de una propuesta para endurecer la lucha contra los irregulares, una fuerte corriente antiinmigratoria crece vigorosamente en Estados Unidos. Los sectores más duros parecieron encontrar justificativos en las estadísticas oficiales. El Departamento de Seguridad Interior anunció la semana pasada que 157.281 inmigrantes ilegales fueron deportados formalmente desde hace un año, una cifra récord y un aumento del 8% frente a lo ocurrido el año pasado. La detención de extranjeros indocumentados fugitivos de la Justicia se elevó, en tanto, un 112%. El argumento central del Departamento para su embestida contra los inmigrantes es la amenaza del terrorismo a la seguridad nacional. “La investigación sobre el 11 de septiembre detalló cómo nuestro sistema de inmigración fue explotado por los extremistas y nosotros sabemos que otros peligrosos criminales han buscado entrar de la misma manera. Estamos brindando toda la ayuda posible a las autoridades locales para remover a aquellos que están en forma ilegal en nuestro país", dijo Michael García, supervisor del servicio inmigratorio del Departamento. La ofensiva contra los irregulares no fue lanzada sólo por el gobierno. Organizaciones cívicas como la Federación Americana para la reforma inmigratoria, que invirtió más de un millón de dólares en Arizona en favor de la propuesta que obligará a todas las personas a demostrar su ciudadanía para acceder a la educación, salud y atención de emergencia, comenzaron a impulsar medidas similares en California, Georgia, Utah, Idaho y Colorado. Las razones en todos los casos son las mismas: que el dinero de los contribuyentes se gaste en los servicios que usan las personas legalmente establecidas y no en los que violan la ley. Jimmy Herchek, un empresario inmobiliario de Georgia y líder del grupo de presión Georgianos por la Reducción de la Inmigración, que viene luchando sin éxito desde hace varios años para cerrar el paso a los extranjeros, dijo que la aprobación de la Iniciativa 200 en Arizona llevó a mucha gente a seguir ese camino. En 1994 presentó una propuesta a los legisladores locales para que los ilegales no tuvieran acceso a la educación ni a los servicios de emergencia. "Tenemos que controlar la situación, y el único camino es nuestra decisión", señaló Herchek, que planea volver a la carga dentro de un mes y medio en la Legislatura local para aprobar una iniciativa de esas características, y que -según él- cuenta con un fuerte respaldo de representantes parlamentarios. Por su parte, el Congreso está a punto de aprobar una ley destinada a mejorar los servicios de inteligencia, pero que en su articulado pone límites a la inmigración. Entre otras cuestiones, cierra el camino para que los estados puedan entregar licencias de conducir a los extranjeros ilegales; elimina la entrega de tarjetas de identificación consular a los indocumentados, un instrumento que les permite acceder a servicios del gobierno federal y a abrir cuentas bancarias, y ordena que los inmigrantes ilegales que resulten descubiertos sean deportados inmediatamente. La organización antiinmigratoria NumbersUSA Action considera que la batalla para reducir la entrada de ilegales "será larga y compleja" y que una de las mejores herramientas para terminar con ella "es reducir la inmigración legal". Según la División de Población de la Oficina Nacional del Censo, cada 25 segundos ingresa en Estados Unidos un nuevo inmigrante. "Siempre nos dimos cuenta de que la Iniciativa 200 era un objetivo nacional. Los principales impulsores eran grupos con mucho dinero con poder en Washington", dijo a LA NACION desde Tucson, Arizona, Alexis Mason, de una ONG que luchó sin éxito para rechazar la propuesta antiinmigratoria. Tras la senda de Arizona En Arizona la Iniciativa 200 obtuvo el 55% de aprobación en el referéndum del 2 de este mes, el mismo día de las elecciones presidenciales, pero todavía no ha entrado en vigor. Mañana la gobernadora de ese estado, Janet Napolitano, certificará el resultado electoral y a partir de ese momento comenzará una batalla legal entre quienes quieren congelar su aplicación y quienes piden que se instrumente de inmediato. Esa iniciativa no sólo les cierra el acceso a los inmigrantes indocumentados -se estima que en Estados Unidos son unos 12 millones- a los servicios públicos, sino que obliga a ciertos funcionarios públicos, como médicos, maestros y bomberos, a denunciar si están ante alguien que no puede comprobar su ciudadanía y status legal. "Las organizaciones que combaten la inmigración tienen una agenda basada en el odio; son homofóbicos y antisemitas", comentó Alexis Mason. Sólo en Arizona, considerada la puerta de entrada ilegal más popular de Estados Unidos, el año pasado detuvieron a 491.000 personas cuando intentaban cruzar la frontera. "Hay que poner algún tipo de control, porque la inmigración ilegal es un tremendo problema en Arizona, sobre todo para los contribuyentes que pagan los servicios que utilizan los extranjeros indocumentados", dijo a LA NACION Randy Graf, un legislador republicano que hizo campaña a favor de un endurecimiento. En Colorado, el grupo llamado Defienda Colorado Ahora anunció que en 2006 impulsará un referéndum con una propuesta similar a la de Arizona, para vedar a los indocumentados el acceso a los servicios públicos, salvo que su vida corra riesgo. El presidente de esa organización, William Herron, explicó que decidieron darles a los legisladores la oportunidad para que el año próximo sancionen una ley en ese sentido. "¿Por qué deberíamos reducir programas de educación, seguridad y salud cuando decenas de millones de dólares se están gastando en servicios que van a gente que está violando la ley? Si la Legislatura no adopta una acción correctiva, definitivamente avanzaremos [con la iniciativa popular] en 2006", dijo. En el estado de Idaho también prendió la idea de impulsar una medida similar a la de Arizona para controlar los gastos del estado. El comisionado del condado de Canyon, Robert Vasquez, uno de los impulsores de la medida, se hizo famoso en abril último cuando envió al consulado de México en Salt Lake City una factura por 2 millones de dólares por los servicios prestados a los ciudadanos mexicanos que ingresaron ilegalmente en el país.