Estados Unidos sigue de cerca el juicio de Nevada por la “ruta del dinero K”

El Departamento de Estado monitorea el curso de la causa que activaron los fondos buitre contra la Argentina.

Convertido, según como se lo mire, en una caja de Pandora o en la punta de un iceberg que aún no termina de mostrar su volumen exacto, la pesquisa judicial que en los tribunales de esta ciudad rastrea el supuesto dinero proveniente de la corrupción cobra con el paso de los días nuevas derivaciones políticas.

No sólo porque es un arma de presión con la que los llamados “fondos buitre” intentan que el gobierno argentino pague la deuda que le reconoció la justicia de este país. Sino también por las derivaciones políticas y legislativas que podría tener tanto en nuestro país como en éste.

“Veo que funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro siguen muy de cerca la página web en la que informamos del caso”, dijo a LA NACION Ezequiel Vázquez Ger. “Hay ingresos casi todos los días”, añadió. De 28 años, este economista egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) dirige el Centro para el Periodismo de Investigación en América (CIJA), la entidad que, junto con el periodista Jorge Lanata, logró la desclasificación de parte de los documentos del caso.

Hasta ahora, la cartera que lidera John Kerry no hizo comentario formal sobre la cuestión. Mucho más entusiasmado parece el juez que lleva el expediente, convencido de que tiene entre manos una materia que concierne a la transparencia con que se realizan operaciones financieras.

“Hay materia de significativo interés público. Cuestiones que comprenden la salud del mercado global de bonos, el rol de la justicia en la definición de controversias y alegatos creíbles sobre fraude con la participación de cientos de empresas de Nevada y un Estado soberano”, describió en su momento el juez Cam Carenbach.

Cada uno tiene su propia intención. Los fondos buitre quieren encontrar bienes argentinos para cobrarse la deuda de 1700 millones de dólares. Convertido en parte, el periodista Lanata quiere que los documentos del caso se hagan públicos. Otros, como Vázquez Ger, sueñan con que el caso se convierta en un aliciente para modificar la legislación que hoy ampara posibles casos de corrupción.

Falta mucho aún para saberlo. Pero si eso terminara así, recaería sobre Cristina Kirchner la más rocambolesca de las paradojas. La de haber alentado una modificación de normas internacionales no tanto por sus discursos como por la acción de personas de su círculo íntimo.

Convertido en la punta de lanza de una carrera por encontrar bienes argentinos, el caso está marcado por la velocidad que le quiera imprimir el fondo buitre NML. Son ellos, los litigantes por excelencia de la Argentina, los que marcan el paso. Una carrera que, para muchos, está signada por una fecha clave: el 10 de diciembre.

El caso, hasta ahora, muestra indicios, la sospecha cierta de corrupción. Pero no exhibe lo que en este país se define como el “smoking gun” (en referencia al revólver humeante que deja un crimen) y que, en nuestra lengua, sería algo así como el as de espadas.

La carta que definitivamente confirme operaciones con dinero de corrupción de allegados a la Presidenta. Eso no ha aparecido todavía. Las dudas que esa ausencia dispara son muchas. ¿Existe esa prueba definitiva? ¿La tienen los litigantes? ¿La exhibirán antes del 10 de diciembre? ¿Seguirá este caso una vez que haya cambio de gobierno?

Por lo pronto, el caso sigue adelante. Lo hace con una velocidad que, para muchos, es notable. “Los casos de discovery van, en general, muy lento. Pero éste va a los tiros. Todos las semanas genera algo”, dijo una fuente que lo sigue de cerca. Poco conocida en nuestro país, la figura del discovery -por la que la justicia autoriza a un acreedor a buscar bienes de un deudor recalcitrante- es aquí moneda corriente.

Con su propio drama, el discovery que persigue a Lázaro Báez, el empresario amigo y socio comercial de la Presidenta, se escribe en azulada sala de audiencias de la corte de esta ciudad. Un recinto que, ajeno al traqueteo de ruletas, jarras de cerveza y espectáculo que lo rodea, aún guarda el misterio de la prueba definitiva.

ACLARACIÓN POR CARLÉS

En la nota “Niegan que el Papa impulse el pliego de Carlés para la Corte”, publicada ayer en la página 9, se indicó que el candidato postulado por el Gobierno ejerce como abogado desde hace 11 años. No obstante, si bien se graduó en 2004, carece de los ocho años de ejercicio profesional que exige el artículo 111 de la Constitución nacional. Como se indica en el editorial “Insistir en el error”, publicado en la página 22 de ayer, durante cinco de los nueve años transcurridos desde su inscripción en la matrícula profesional cumplió esencialmente funciones académicas y no pudo acreditar esa práctica jurídica mínima.

 

Fuente: La Nación Digital