Estiman que 47 mil prófugos en todo el país
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Y denuncian que solo se busca al diez por ciento.
Leandro Halperín, abogado especialista en temas penitenciarios aseguró que las bases de datos federales y provinciales no se cruzan y, por eso, el noventa por ciento no son buscados. “Es una de las bases que tiene la impunidad en nuestro país”, aseguró el especialista.
Además, el profesional consideró que “no hay argumentos técnicos para no hacerlo; el argumento es político”, porque se trata “solamente enviar un mail o cargar en una base de datos la copia de otra base de datos, que es la provincial, con la única diferencia que tienen que hacer dos veces “enviar””.
En ese sentido, el abogado recordó que hay un caso paradigmático: el de Pérez Corradi, “que sigue figurando prófugo para nuestro país; ya no figura más prófugo para Interpol, está preso, a disposición de las autoridades argentinas y, sin embargo, figura en el listado de prófugos”. Y, también, por el contrario, ocurre, en ocasiones, con las personas que cumplen la pena de prisión y, una vez agotada su condena, “si alguna vez estuvieron prófugos y no son sacados del listado por ahí cruzan un semáforo o en un control policial los paran y terminan en una comisaría, detenidos hasta que el juez dice que la orden ya cayó”.
“Una persona, buscada en una jurisdicción, hace cien metros y ya no es buscada, puede hacer su vida completamente tranquila; esto, la verdad, es terrible”, prosiguió Halperín. “Esa gente sigue dando vueltas por la calle y no paga por lo que hace y eso favorece la percepción de que el que las hace no las paga, en nuestro país”, aseguró. Al respecto, opinó que, fundamentalmente, “esta es una responsabilidad desde el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no rinde cuentas, y no rinde cuentas porque los otros dos Poderes no se lo exigen -como que hubiese un acuerdo implícito- porque también es el Poder que juzga a la política”.
Además, Halperín advirtió que “el sistema informático necesita informarse”, porque “la falta de actualización perjudica a muchos individuos que cumplen con la justicia y perjudica a la sociedad, en relación a los que no cumplen”. “Uno pude entender por qué en el siglo veinte no existían estas bases cruzadas –reflexionó- pero, hora, la tecnología ha avanzado mucho en estos años y no utilizarla no significa que no se les ocurrió; es imposible que no se les haya ocurrido porque hoy se usa para ganar elecciones”, manifestó. “Los que ganan elecciones saben qué se necesita. Lo único que les pedimos es que no sean malos con nosotros y que inviertan un poquito del dinero que gastan en sus campañas para cuidarnos, para encontrar a los que nos hicieron daño y que terminen con la impunidad”, sugirió el letrado. “Inclusive, de hecho, no hay cifras exactas, uno podría suponer que, por lo menos, es el doble de lo que dicen porque no hay verdaderos cálculos”, consideró.
Finalmente, el especialista instó a la ciudadanía a tomar un rol activo hacia un cambio de paradigma. “Es de esperar que la ciudadanía le exija a la dirigencia dar vuelta este rumbo y que cambien estas cosas”, exhortó. Y concluyó afirmando que “en los últimos años, en nuestro país, el delito y las autoridades de nuestro país tenían ciertos vínculos que, en algunos casos, ya están probados: hay policías presos, hay funcionarios presos, muchos otros procesados y caminos a juicio oral, la impunidad no es una casualidad en nuestro país, es una consecuencia de lo que hemos elegido”.
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