ESTUDIAN AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO Y LOS PLANES SOCIALES

El Gobierno estudia subir el salario mínimo de los actuales 350 pesos a 400 pesos. Y también analiza aplicar un aumento en el monto de los planes sociales, que están en 150 pesos. La medida está siendo analizada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por una instrucción directa del presidente Néstor Kirchner.

La razón es que en la Casa Rosada están preocupados porque, a pesar del repunte económico, una proporción elevada de los asalariados no gana lo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica “de pobreza”. Además la distribución del ingreso está en uno de los puntos más desiguales de los últimos 30 años, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (ver recuadro).

También influye otra estadística que maneja el Gobierno: la mitad de los que trabajan “en negro” gana el equivalente a un plan social, de 150 pesos.

Así desde la Presidencia le encomendaron a Trabajo que se realicen rápidos estudios con el objetivo de revertir esos “datos negativos”. Y entre las medidas que se prevé adoptar figura la elevación del salario mínimo y subir la ayuda de los planes sociales.

La decisión fue confirmada a Clarín por altas fuentes del Gobierno. Además, revelaron un detalle adicional: el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no está de acuerdo con los aumentos y estaría tratando de demorar su implementación.

El salario mínimo se mantuvo congelado en 200 pesos desde mediados de 1993 hasta junio del año pasado. Tras la devaluación y el salto en la inflación, recién en junio de 2003 fue elevado a 250 pesos y luego se fue ajustando gradualmente hasta llegar a 300 pesos. Y desde enero de 2004, fue fijado en 350 pesos, que equivale a 1,75 peso la hora.

El haber mínimo lo cobran aproximadamente 350.000 asalariados que están fuera de convenio. Y también los trabajadores convencionados que tienen básicos inferiores al mínimo: en ese caso, sus sueldos se alinean automáticamente con el mínimo que fija el Gobierno.

En tanto, el Plan Jefas y Jefes, desde que debutó a comienzos de 2002, contempla una ayuda mensual de 150 pesos. Y lo cobra 1,7 millón de personas.

Según la consultora Equis, el monto de ese subsidio se ha convertido en un “piso” que influye en el nivel del salario de los trabajadores que están “en negro”.

Por eso, en el Gobierno consideran que un aumento en la ayuda de los planes sociales, más una suba del sueldo mínimo impactaría favorablemente sobre el salario de los trabajadores y reduciría la pobreza.

De acuerdo con los datos del INDEC, desde la salida de la convertibilidad, en promedio, los salarios de los trabajadores no registrados aumentaron el 10,03%. Sin embargo, en el mismo lapso la inflación acumulada fue del 50 por ciento.

Aunque no es mucha la cantidad de gente que gana el mínimo en relación a los casi 8 millones de asalariados, tiene un impacto relevante: según un estudio oficial actúa como “un umbral de remuneraciones en la estructura de los salarios” y con cada modificación, se eleva toda la pirámide salarial. También sostiene que impacta sobre los salarios del personal en negro. Y contribuye “a alentar el consumo y mejora la distribución de la riqueza”.

De acuerdo al INDEC, desde la devaluación los salarios aumentaron, en promedio, el 27,7% cuando la inflación superó el 50%. Así, el poder de compra salarial cayó el 15%. Los que más perdieron fueron los estatales y los que trabajan “en negro”.

Según un estudio de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentina) de ex funcionarios y técnicos del cavallismo:

El 39% de los asalariados vive en hogares pobres.

Entre los asalariados “en blanco”, los pobres son el 26%. Y a pesar de que el 86% de los trabajadores registrados se desempeña en jornada completa, el ingreso total de sus hogares se ubica en el orden de los 600 pesos.

Entre los que trabajan “en negro”, el 53% es pobre.

La Ley de Contrato de Trabajo dice que el salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.