ESTUDIAN DEROGAR LA LEY QUE ASEGURA RENTABILIDAD A AGUAS

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Alberto Hammerly, aseguró ayer que la relación del Estado santafesino con la concesionaria del servicio sanitario, Aguas Provinciales de Santa Fe, transita “un callejón sin salida”, habida cuenta de que la última renegociación del contrato que fue avalada por la Legislatura a través de la ley 11.665 –en 1999– manda en su artículo 1º respetar “la ecuación económica financiera original del contrato”, algo que hasta entonces no era una obligación para el Estado y que supuso, en los hechos, la evaporación del riesgo empresario. La ley, publicada en el boletín oficial el 22 de abril de 1999, lleva las firmas de Jorge Obeid –quien ahora quedó preso de su propia trampa– y del entonces ministro de Obras Públicas, Juan José Morín, a la sazón actual director de Vivienda. En la reunión que mantuvieron el miércoles por la noche en la Legislatura Hammerly y un conjunto de diputados provinciales se ponderó la posibilidad de derogar la ley –idea que avaló el ministro–, aunque para eso es necesario formular un nuevo ordenamiento normativo.

Los caminos de la vida, para el gobernador Obeid, no son como él pensaba, ni como él creía. En abril de 1999 puso su rúbrica sobre la ley 11.665 aprobada por la Legislatura que habilitaba al Poder Ejecutivo a renegociar el contrato con Aguas. Allí, como se dijo, se establecía, entre otras cosas, mantener “el principio de igualdad de los oferentes” y respetar “la ecuación económica financiera original del contrato”. Este último punto es el que ahora invoca la concesionaria de capitales franceses para exigirle al gobierno –cuyo Ejecutivo ocupa nuevamente Obeid, seis años después– en la intimación que presentó meses atrás y que vence el 29 de abril, a través de la cual demanda al Estado una recomposición de sus ingresos del orden del 60 por ciento.

“La única alternativa (para salir de la encrucijada) es la derogación de la ley 11.665”, dijo Hammerly ayer en una radio local. Pero para eso, siguió el ministro, “es necesario hacer una nueva ley”. Aunque parezca extraño, el titular de Obras Públicas cuenta entre sus principales aliados en ese trajín con el diputado socialista Raúl Lamberto, que fue quien propuso en la reunión en la presidencia de la Cámara baja derogar la 11.665. Idea que sedujo a Hammerly.

Lamberto, quien lidia por el cumplimiento del contrato de Aguas Provinciales desde su época de concejal rosarino, planteó que esa norma es la que refuerza la posición de la compañía de solicitarle al Estado el mantenimiento de la ecuación económica y pedirle, además, una recomposición de sus ingresos. Hammerly, por su parte, dijo en la reunión con los diputados que es la Fiscalía de Estado la que está estudiando la respuesta a la presentación de la empresa, que dio como plazo el 29 de abril o de lo contrario rescinde el contrato, invocando responsabilidad estatal en la decisión.

De allí que, como publicó ayer El Ciudadano, el propio Hammerly haya firmado días atrás la resolución Nº057 que manda al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) realizar una auditoría a Aguas Provinciales para conocer el stock de insumos, productos químicos y repuestos electromecánicos necesarios para sostener la prestación del servicio en manos del Estado. El ministro ratificó ayer lo informado por este diario y dijo que es una forma de prever el posible desenlace: la rescisión del contrato firmado en noviembre de 1995 por 30 años.

De todas maneras, Hammerly destacó ante los diputados que existen incumplimientos de la compañía que no fueron salvados por leyes ni decretos provinciales, como aquellos vinculados a obras de mantenimiento del servicio que nunca se realizaron y para lo cual se aprobó, justamente, la ley 11.665, que otorgó un aumento tarifario del 13 por ciento que no se tradujo en obras. También se remarcó en el encuentro que los incumplimientos empresariales comenzaron antes de la salida de la convertibilidad. Sin embargo, esa batería de argumentos oficiales puede quedar reducida a cenizas por imperio de la ley que firmaron Obeid y Morín para mantener incólume los ingresos de la compañía.