EVALÚAN ALTERNATIVAS PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS

El gobierno piensa buscar alternativas frente a la sucesión de altas cotizaciones en las licitaciones en el rubro vial -antes fueron las de viviendas-, que el miércoles mostraron un caso extremo, en dos ofertas para ampliar el puente sobre Las Prusianas en la ruta 70.

Cuando el gobernador Jorge Obeid supo que los oferentes prácticamente habían duplicado al presupuesto oficial, se precipitó una reunión fuera de agenda. Fueron convocados el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Antonio Grbavac.

Fuentes confiables dijeron que incluso el mandatario santafesino no fue al acto en el Salón Gris, porque se temía que los precios sean -como en otras licitaciones viales- bastante más altos que el presupuesto, pero nadie imaginó que se llegaría al orden del 70 y el 100 %.

En el MOSP ya existen planes para buscar cómo superar el problema: un ambicioso proyecto -que demandará algún tiempo- parte de la necesidad de contar con la opinión de las universidades, tanto respecto de los presupuestos, como de los propios controles de las inspecciones sobre las obras.

Las conversaciones con una de las universidades santafesinas están bastante avanzadas, y se ha formado una comisión conjunta de trabajo para elaborar las bases de un futuro convenio.

Se trata de obtener un servicio de auditoría y control externo a las direcciones del ministerio, que incluso podría extenderse a las propias inspecciones en obra.

No están definidas en este último caso las modalidades, pero una posibilidad es crear un doble mecanismo de control sobre ciertas obras consideradas como casos testigo.

También la intervención de terceros ajenos a la órbita del Estado provincial podría extenderse incluso al diseño de futuros pliegos licitatorios.

ABRIR EL JUEGO

En el actual esquema legal, el sector público provincial llama a licitaciones en las que cualquier empresa del país puede presentar sus ofertas. Sin embargo, la publicación de los avisos oficiales se limita a medios del territorio santafesino en la mayoría de los casos, en especial en los proyectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Una idea para ampliar la presencia de empresas de otras provincias es recurrir también a publicaciones nacionales, algo que desde hace años concreta la Empresa Provincial de la Energía, porque no todos sus proveedores están en Santa Fe.

Como cada jurisdicción en el país tiene su propio registro de contratistas y proveedores, otra opción es que el gobierno solicite a un organismo federal -el Cimop (Consejo Interprovincial de Ministerios de Obras Públicas)-, intercambiar los registros, con el fin de tener más oferentes además de los comprovincianos.

LA INFLACIÓN NO ES UNA EXCUSA

Desde la salida de la Convertibilidad, la provincia adoptó un mecanismo de reasignación de costos o actualización, que fue usado para retomar los contratos de obras (no de concesiones) que estaban en marcha cuando la Argentina salió del uno a uno.

A horas de terminado el acto licitatorio de las ofertas sorpresa -que duplicaron el presupuesto oficial-, hubo especulaciones periodísticas respecto de que los empresarios habían comenzado a cargar en sus números el miedo a la inflación.

En realidad, cualquier contratista puede acudir a lo dispuesto por la ley N° 12.046 de redefinición de costos, que sancionó la Legislatura en 2002 y reglamentó el Ejecutivo en noviembre de ese año, tras su paso por Fiscalía de Estado.

La norma no fue derogada justamente porque permite minimizar la incertidumbre de los privados al momento de diseñar sus costos y márgenes de ganancia.

El artículo 3 dice respecto de la oportunidad para verificar costos que “la metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública deberá aplicarse cada noventa (90) días o mensualmente cuando la variación acumulada del monto ejecutado sea de un incremento o una disminución igual o mayor al cinco por ciento (5%) en relación con el precio del contrato o al de la última redeterminación”.