EX FUNCIONARIAS DEBEN REINTEGRAR 77 MILLONES A LA CAJA DE JUBILACIONES

El Tribunal de Cuentas de la provincia conminó a dos ex funcionarias procesadas de la Caja de Jubilaciones a reintegrar 77.466.150 pesos correspondientes a pagos efectuados por este organismo sobre los cuales no existen comprobantes o documentación que los justifiquen. Así lo ordena la resolución 162 de la Sala II del Tribunal de Cuentas, que alcanza a la ex contadora general, Silvia Muesati de Borga, y a la ex tesorera, Norma Previale, quienes tienen diez días hábiles para cumplir.

La resolución tomada por el máximo órgano de control de la provincia de Santa Fe reactualiza uno de los hechos más escandalosos que tuvo por escenario a la Caja de Jubilaciones. Se trata de una serie de situaciones que dieron lugar al procesamiento de casi una decena de funcionarios, entre ellos la ex contadora, acusada de malversación de caudales públicos.

La decisión del Tribunal de Cuentas tiene un importante valor político. Al margen del aporte para la causa que está a cargo del juez de Instrucción Raúl Candioti, coloca sobre la superficie la realidad de un proceso de varios años durante los cuales el organismo fue prácticamente saqueado, al tiempo que terminó siendo puesto al servicio de estudios de abogados con llegada a tribunales, en el más alto nivel.

Si bien esta resolución corresponde a uno de los tantos hechos que se investigaron -de un total de siete líneas distintas de negocios- sirve entre otras cosas para tener en cuenta el volumen de la red de corrupción instalada en la Caja de Jubilaciones, la cual, si bien no es causa determinante de su déficit, sí supone una porción importante de las pérdidas que anualmente deben pagar los contribuyentes santafesinos desde el Tesoro provincial.

El solo dato de que, únicamente por órdenes de pago sin el debido control, antes del 2000 se hayan ido los más de 77 millones de pesos que ahora saca a la luz el Tribunal de Cuentas hace suponer una fuga varias veces millonarias de dinero si se tiene en cuenta los puntos investigados.

Las líneas de investigación que se vienen siguiendo son: compra de material informático (negociado); modificaciones en el edificio sin rendición de cuentas; irregularidades en el otorgamiento de jubilaciones por invalidez (un verdadero escándalo por su magnitud); alteraciones en el archivo magnético con perjuicio para el organismo, pagos dobles; órdenes de pago sin control; existencia de libros de resignación adulterados (órdenes de pagos truchas); reajustes indebidos en expedientes archivados y cobros múltiples de personas fallecidas.

Silvia Muesati de Borga es una de las procesadas de la causa iniciada el 15 de abril de 1999, la cual comprende treinta cuerpos con más de 6.000 fojas. Otros procesados son el ex titular del organismo, Edgard Lucca; el ex secretario general, Jorge Luis Fiasconaro, considerado como una de las figuras clave; la ex tesorera general, Norma Previale, Liliana Sonia López, Mónica Clara Martínez, Rubén Carlos Ringa y Eduardo Luis Michaut.

Actualmente, estos funcionarios y personal de la Caja de Jubilaciones ya no están en el ente previsional pero sí se encuentran prestando funciones en otras reparticiones públicas como el caso de Fiasconaro en el hospital Cullen o la propia Muesati de Borga en el Iturraspe. Sin embargo, aunque parezca increíble podrían volver a la Caja si es que prospera un pedido de prescripción de la causa por parte del abogado defensor de Lucca, Eduardo Jauchen.

Sin embargo, en ámbitos cercanos al juzgado se le asignaba singular importancia a las resoluciones tomadas por el Tribunal de Cuentas -máximo organismo de contralor de la provincia- ya que no hacen sino confirmar las razones del procesamiento.

No pudieron responder
En la resolución del tribunal, firmada por los integrantes de la Sala II, Angel Espósito (vocal), Néstor Priotti (presidente), Angel Espósito (vocal), Osvaldo Pérez Serrano (vocal) -en disidencia- y Marcela Fontana (secretaria), luego de enumerar las decenas de expedientes puestos a consideración, se deja constancia de que a pesar de que se otorgaron todas las posibilidades para que ambas ex funcionarias puedan aportar la documentación que les permitiera superar las observaciones formuladas, ninguna pudo presentar los elementos requeridos.