EXAMINARÁN EL ESTADO MENTAL DE MASSERA
Los tres psiquiatras son Luigi Cancrini, Giorgio Bodino y Andrea Marasco, que en su peritaje deberán responder a tres demandas específicas del juez de instrucción Marco Mancinetti: si la documentación médica enviada desde la Argentina permite establecer con certeza la capacidad de Massera para sentarse en el banquillo de los acusados; si la enfermedad que padece puede evolucionar positivamente y si es necesario un nuevo control médico.
La defensa de Massera en Italia sostuvo que no está en condiciones mentales de afrontar la audiencia convocada en Roma para un debate procesal previo al juzgamiento de Massera y de otros cinco marinos que formaban parte en la ESMA del tristemente célebre “Grupo de Tareas 3.2.2”, encargado de los secuestros y de los asesinatos.
Los cinco han sido ya declarados en rebeldía por el tribunal italiano, que actúa con la iniciativa del fiscal Francesco Papalardo, quién fue el ministerio público en la causa que concluyó con la condena a cadena perpetua de los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, y de cinco miembros de la Prefectura Naval, por la desaparición y asesinato de ocho italo-argentinos.
El código penal italiano autoriza estos procesos en los casos de que el país donde tuvieron lugar graves delitos contra ciudadanos italianos no se haya hecho justicia. Los cinco represores de la ESMA son los marinos Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek, Héctor Antonio Febres y Jorge Raúl Vildoza.
Una de las tres víctimas es la señora Angela Aieta, militante de los derechos humanos y madre del entonces líder de la Juventud Peronista, Juan Carlos Dante Gullo. Los otros dos fueron Giovanni Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada de una niña que fue secuestrada en esa época por los represores y ubicada décadas después por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Massera se encontraba en arresto domiciliario pero el 10 de marzo último tres jueces que tenían causas en su contra decidieron suspender esos procesos porque una junta médica lo declaró “incapaz por demencia”.
La Corte Suprema de Justicia argentina decidió a su vez dejar en suspenso un pedido de prescripción presentada por su defensa en uno de los juicios, hasta que se determine definitivamente su estado de salud.
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