EXPECTATIVA POR LA INDAGATORIA DE EDGARDO BERLI EN LA CAUSA INUNDACIONES

El juez de Instrucción de Santa Fe, Dr. Diego Andrés De la Torre, tomará esta tarde declaración indagatoria al ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Edgardo Berli, en el marco de la denominada causa inundaciones.

Berli, es el máximo funcionario citado hasta el momento por la justicia, ubicado jerárquicamente un escalón abajo del ex gobernador Carlos Reutemann, quien hasta el momento sólo aportó su testimonio por escrito en el caso.

En tanto, comenzó en la tarde de ayer con las indagatorias a ex funcionarios de los Gobiernos provinciales y municipales de Santa Fe, en el marco de la denominada Causa Inundaciones, que investiga las responsabilidades humanas en la inundación que, en abril de 2.003, provocó 23 muertes directas, más de 100 por motivos colaterales, miles de secuelados y 130 mil afectados directos.

Carlos Miguel Gómez Galissier, el primero en la lista para declarar, ingresó al Palacio de Tribunales sin que nadie -más que el juez y sus allegados- lo advirtieran. Vale recordar, que por pedido del juez De la Torre y por orden de la Corte Suprema de Justicia, los periodistas debieron permanecer fuera del palacio de tribunales, sin poder tener ningún contacto con el imputado.

Según se pudo conocer, el ex funcionario pidió que se postergara el acto judicial, ya que recién pudo notificarse del hecho pasado el mediodía cuando llegó la citación a su casa, lo que “no le dió tiempo para buscar un abogado defensor que lo asesore”.

Mientras tanto, y a partir de las 16.30 hs, en la puerta principal se congregó un grupo de afectados por la inundación, para seguir de cerca todas las instancias vinculadas a la declaración indagatoria. Entre ellos, la vecina de barrio Santa Rosa de Lima, María Claudia Albornoz, perteneciente a la Carpa Negra de inundados dijo en diálogo con LT10 que “estaban confiados con el desarrollo de la causa” y agregó que “lenta, pero la justicia está llegando”.

En cuanto a la no citación en esta primera ronda de indagatorias, del ex gobernador de la provincia, Carlos Reutemann, sostuvo que “la Ley de Defensa Civil, establece que el máximo responsable en situaciones de emergencia es el gobernador”. “El tenía elementos para avisarnos de la tragedia. No queremos chivos expiatorios queremos al verdadero responsable y sabemos quien es”, sentenció.

Vale recordar, que el 5 de mayo de 2.003, el Sindicato de Amas de Casa de Santa Fe presentó una denuncia contra los funcionarios santafesinos –provinciales y municipales– en el marco de las responsabilidades por la peor tragedia que afectó a Santa Fe en toda su historia.

La semana pasada, el doctor Ricardo Favaretto, Fiscal de la causa, ingresó un escrito al despacho del juez interviniente donde ordenaba la realización de declaraciones indagatorias a más de una decena de ex funcionarios. Según se informó, el análisis de Favaretto destaca que las responsabilidades están centradas en “haber omitido en su calidad de funcionarios públicos los deberes inherentes al cargo que ostentaban, atento a los hechos que se estaban produciendo y de los que tenían conocimiento antes de que aconteciera la inundación de la ciudad de Santa Fe, no tomando las medidas pertinentes a fin de minimizar daños, provocando con esa inacción además de cuantiosos daños a las propiedades, la muerte de 23 personas”.

Para esta semana también fueron citados Edgardo Berli (ex Ministro de Obras Públicas y actual funcionario del Enress), José D’Ambrosio (ex Director de Vialidad Provincial y actual asesor legislativo de los diputados Cavutto y Tibaldo), Ricardo Fratti (ex Director de Obras Hidráulicas), Carlos Filomena (ex Director de Defensa Civil), José Bounus (ex Subsecretario municipal de Obras Públicas), Marcelo Álvarez (ex intendente de la ciudad), Juan José Maspons (ex Secretario municipal de Servicios Públicos y actual Secretario de Logística del Ministerio de Salud), Juan Carlos Cafaratti (ex subsecretario de Promoción Comunitaria municipal). La lista cierra con Hugo Oporto y Alberto Pérez.

Según se informó, el juez de instrucción podría imputarles la figura penal de “estrago culposo”, además de otra más benigna: incumplimiento de los deberes de funcionario público. El estrago culposo, agravado por la muerte de personas, tiene una pena máxima de cinco años de prisión.