EXTRADICIONES: SE ENTREGAN OTROS DOS MILITARES PEDIDOS POR GARZÓN

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral informó ayer que otros dos militares retirados sobre los que pesaba pedido de detención para analizar su probable extradición a España, fueron “localizados” y en las próximas horas se entregarán a la Justicia. Se trata del general de brigada (R) Jorge Olivera Rovere, ex secretario general del Ejército durante 1977, y el teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, que vive en Misiones y hace varios días estaba ausente de su domicilio.

Así, de la nómina de 46 ex represores requeridos por España permanece como prófugo el ex capitán de fragata que actuó en la ESMA, Jorge Vildoza, mientras que aún no pudo ser ubicado el teniente coronel retirado Arturo González Naya, según indicó el juez, consultado por Clarín.

Este último está prófugo en otra causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, que investiga la detención y posterior desaparición de una veintena de Montoneros que en 1980 intentaron reingresar al país en el marco de una “contraofensiva” guerrillera. González Naya es un militar de pasado carapintada, vinculado también a Fuerza Republicana, el partido fundado por el intendente electo de Tucumán, el general Antonio Bussi, otro de los detenidos para analizar su extradición.

Canicoba Corral debe notificar esta semana a la Cancillería la situación de los 46 ex represores reclamados por España. El juez Baltasar Garzón tiene 40 días para completar formalmente su pedido.

Hoy por la mañana, Canicoba recibirá a representantes de organismos de derechos humanos que le pedirán ser parte en el expediente. Como informó ayer Clarín, el juez estima que el proceso será bastante extenso, “de varios meses, como mínimo”, y que se deberá analizar “caso por caso”.

Ocurre que, luego de años en los que se cruzaron leyes, decretos e indultos a militares condenados y procesados, la situación de los juicios a militares se convirtió en “un berenjenal jurídico, donde todo es interpretable”, dicen los expertos.

El abogado Florencio Varela, que asiste al menos a tres de los detenidos, sostuvo que las extradiciones son “jurídicamente inviables” y anticipó una extensa batalla judicial en los estrados argentinos.

El fiscal Guillermo Marijuán, en tanto, consideró ayer la posibilidad de viajar a España “más adelante” para analizar personalmente las evidencias reunidas por Garzón en la causa donde acusa por “genocidio y torturas” a casi medio centenar de uniformados.

“Primero el juez Garzón debe enviar los recaudos (legajos con información completa de los acusados y las pruebas en su contra), y para eso tiene un plazo de 40 días que ya comenzó a correr”, explicó Marijuán a la agencia DyN.

El fiscal indicó que aún en el caso de que se realice el juicio y la Argentina conceda las extradiciones, “los imputados tienen la opción de manifestar a la Cancillería que prefieren ser juzgados en nuestro país. Eso es independiente de lo que suceda con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. El fiscal añadió que que se opuso a la excarcelación de seis de los detenidos porque “no está garantizado” que no haya riesgo de fuga.