FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS EN LA JUSTICIA FEDERAL RETRASAN LAS CAUSAS

El desarrollo de la investigación por el secuestro, detención y desaparición de personas contenida en la causa penal Quinta de Funes ‑un acumulado del expediente mayor conocido como Agustín Feced, que comprende la mayoría de los hechos de violación y muerte perpetrados en el ámbito del II Cuerpo de Ejército‑ hace más visible la situación de precariedad y casi desmantelamiento de la Justicia Federal en cuanto a recursos humanos y técnicos. Los pedidos de incorporación de una secretaría completa para destinarse a la investigación de los hechos que desde el ámbito de averiguación de la Verdad Histórica pasaron al penal tienen hasta ahora respuestas formales desde la Cámara Federal de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un solo juez en el ámbito penal está a cargo de los dos juzgados de ese fuero, una jueza y un juez subrogante en el ámbito civil y el único tribunal oral que existe tiene audiencias fijadas hasta el 2008 mientras que el segundo, concursado y sus miembros designados hace más de un año, no puede funcionar por la misma falta de asignación de recursos.

Desde el 2001 en que el juez Hernán Carrillo pasó a formar parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Omar Digerónimo quedó como el único magistrado a cargo del ámbito penal. A la acumulación y sobrecarga de trámites que los funcionarios y empleados federales describen habitualmente, se sumó la transformación de las causas por la Verdad Histórica en expedientes penales que abrieron la posibilidad de que los imputados sean llamados a prestar declaración indagatoria. A partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final por el Congreso Nacional y luego por la Justicia Federal de Rosario la Causa Quinta de Funes ‑en la que son querellantes Cecilia Nazabal de Dussex, Fernando Dussex y Eduardo Toniolli‑ se pidió la remisión al juzgado Nº 4 de los expedientes Feced. Desde allí se planteó que ni los recursos humanos ni los técnicos eran suficientes para poder desarrollar la investigación relacionada con los hechos de represión en la quinta situada en Diagonal San José y Ruta 9 de Funes y que a la vez retrasa la apertura del expediente mayor.

Casi 40 días atrás Digerónimo pidió a la Cámara Federal de Rosario la instrumentación de una secretaría completa -‑secretario, prosecretario y cuatro auxiliares-‑ para abocarla al tratamiento de la investigación por los casos de desaparición y muerte en el ámbito del II Cuerpo y además la equiparación del número de personal que integra el juzgado 3 y 4, ambos del fuero penal pero con tres empleados menos el último de ellos.

“Esta causa tiene una fuerte trascendencia institucional pero requiere de un compromiso similar y de que algunos organismos que forman parte de la Justicia resuelvan en forma inmediata”, se escucha a diario en los pasillos y oficinas de los Tribunales Federales y desde todas las partes intervinientes. La Cámara Federal dio el visto bueno al pedido de recursos humanos y lo elevó al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia pero todavía no hay respuesta.

En las oficinas de Oroño al 900 se menciona la visita que poco tiempo atrás hicieron los responsables de zona tanto del Consejo como de la Corte, Eduardo Orio y Juan Carlos Maqueda, quienes dieron su compromiso individual y su respaldo “pero hasta ahora nada sucedió”, se insiste. Y se marca la deformación que supone una especie de estructura hipertrofiada de la Justicia con numerosos cargos administrativos a nivel del Consejo y con juzgados de primera instancia raquíticos.

Se espera que desde la Cámara Federal, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema se produzcan movimientos concretos en función de las dotaciones humanas y técnicas que requiere la causa Feced.