FAMILIARES DE 13 VÍCTIMAS DE LA MASACRE PRESENTARON MILLONARIA DEMANDA AL ESTADO

A un año de la masacre de Coronda, trece demandas civiles presentadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe intentan demostrar que el Estado provincial tuvo responsabilidad en la tragedia. Los reclamos, por una cifra global que roza el millón de pesos, fueron iniciados por los familiares de trece de los 14 internos asesinados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 el lunes 11 de abril de 2005. Más allá de las responsabilidades penales por esas muertes, por las que fueron procesados doce detenidos, los planteos subrayan que el gobierno tenía la obligación de salvar las vidas de quienes residían tras los muros de la cárcel modelo de la provincia.

Sólo en concepto del daño moral sufrido ante la pérdida de un padre o hijo caído en la masacre, los familiares solicitaron en total un monto 910.000 pesos. Lo hicieron en base a un fallo que otorgó una indemnización de 70 mil pesos por ese rubro a un paciente que sufrió una amputación del pene en un hospital público. Siguiendo ese antecedente, cada uno de los familiares reclamó el mismo monto por las víctimas de Coronda. A eso se suma lo exigido en cada caso por daño material, lo que se configura ante la pérdida de los ingresos que hubieran tenido en su vida laboral activa quienes un año atrás perdieron la vida en la masacre. En caso de que las demandas prosperen, el monto definitivo de las indemnizaciones será fijado según el criterio de los jueces que intervienen en cada caso.

En la masacre de Coronda ocurrida un año atrás murieron 14 internos rosarinos que estaban alojados en los pabellones 1 y 11. Ocurrió cuando medio centenar de reclusos del pabellón 7 salieron a recorrer el penal, con dos guardias como rehenes, en una cacería humana que tuvo diversas interpretaciones. Oficialmente se explicó el episodio como resultado de una crónica disputa entre rosarinos y santafesinos. Por su parte, los internos e integrantes de organismos de derechos humanos que trabajan en la cárcel adjudicaron la masacre a una reacción del “ala dura” del Servicio Penitenciario (SP) ante la política de apertura que había comenzado a implementarse en la unidad.

La mayoría de los que murieron apuñalados o calcinados estaban presos por robo calificado y algunos por homicidio. Eran Ramón Andrés Valenzuela, de 30 años; Diego Hernán Aguirre, de 23; Cristian Adrián Heredia, de 27; Walter Enrique Gómez, de 33; José Itatí García, de 29; Juan Manuel Ortigoza, 27; Amelio Abel Mercado, de 26; Ramón Alberto Duarte, de 27; su hermano Sergio Damián Duarte, de 24; Sergio Pablo Frías, de 32; Carlos Ariel Barreto, de 26; Jorge Jorge Raúl Yanuzzi, de 27; Juan Díaz y Fabián Ezequiel Benítez, de 22 años.

A excepción de este último, los familiares de las demás víctimas presentaron demandas contra el Estado santafesino, todas ellas patrocinadas por el abogado Rubén Condorelli. Según el profesional, los reclamos fueron presentados por los padres, esposas o hijos de las víctimas. En siete de estos casos, indicó, se están realizando trámites de filiación por tratarse de hijos que no habían sido anotados por haber nacido durante el cautiverio de sus padres.

A mediados del año pasado los familiares realizaron el reclamo administrativo previo directamente ante la provincia. Allí asentaron sus datos filiatorios, el grado de parentesco que los unía a las víctimas, los montos solicitados y los fundamentos con que requerían del Estado una reparación. Al no obtener un pronunciamiento en esa instancia, según indicó Condorelli, a fines de 2005 trasladaron los reclamos a sede judicial. Las demandas se concentran en los dos juzgados de responsabilidad extracontractual de la ciudad de Santa Fe.

Las causas se encuentran en una etapa inicial porque los familiares están acreditando su situación de pobreza, lo que los eximiría de afrontar las costas del juicio. Si se demuestra esa condición, mediante informes ambientales, policiales y testimoniales de vecinos, el proceso se lanzaría de lleno a tratar las demandas por daños y perjuicios.

Recién entonces el gobierno estaría en condiciones de contestar cada planteo a través de la Fiscalía de Estado. No obstante, los jueces sólo podrán expedirse cuando exista sentencia firme dentro del proceso penal. La causa penal que tramitó el juez de Instrucción Patrizi ya pasó a sentencia con 12 internos santafesinos procesados por los homicidios, mientras que otro juez se encargará de una segunda etapa en la investigación penal, la correspondiente a lo hecho por los guardiacárceles.

Los fundamentos en torno a los cuales se tejen las demandas están basados en fallos que sentaron jurisprudencia ante la muerte de personas en cárceles y comisarías. Estos antecedentes, para el abogado patrocinante de los reclamos, colocan la demandas ante una posibilidad cierta de prosperar.

Básicamente, lo que plantean esas presentaciones es que si el Estado dispuso la detención de personas debe velar por su seguridad. Los reclamos recalcan que el gobierno tiene un deber de cuidado para con las personas privadas de la libertad. Todos ellos se sustentan en el principio de que el daño injustamente sufrido debe ser resarcido, aún cuando haya ocurrido por un obrar lícito del Estado.

Los trece planteos responsabilizan al Estado por cuanto “el personal del SP perteneciente a la provincia no ha evitado, con las requisas correspondientes, que los detenidos tuvieran en su poder las armas con las que causaron la muerte de 14 reclusos”. La responsabilidad de la provincia en la masacre, según las demandas, también se desprende del artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Otro antecedente en el que se basan las demandas es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1995, donde el máximo tribunal señalaba que “si el Estado no puede garantizar la vida de los internos, de nada sirven las políticas preventivas del delito”. Asimismo, sostienen en base a jurisprudencia que “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas, siendo responsable de los perjuicios que causare su irregular ejecución”.

“ES INDUDABLE QUE LOS MONTOS SON ELEVADOS”

El Dr. Walter Gálvez, Viceministro de Gobierno, confirmó que “la provincia ha recibido los reclamos administrativos de los familiares ya que les asiste el derecho de un resarcimiento por daño moral”.

Si bien indicó que en primera instancia “se formuló un reclamo administrativo, previo a la acción judicial”, aseveró que “ahora se ha interpuesto una acción judicial sobre esas muertes”.

Con respecto a los montos exigidos por los familiares, aseguró que “siempre los litigios contra el Estado han tenido algunos ribetes en cuanto a montos excesivos” pero agrego que “sin descartar nada, es indudable que creemos que los montos son elevados”.