FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE GATILLO FÁCIL PIDEN CELERIDAD EN LAS CAUSAS JUDICIALES

Familiares de víctimas de gatillo fácil se movilizaron nuevamente ayer a los tribunales provinciales para pedir celeridad en el tratamiento de las causas. Y lo hicieron frente a una nutrida guardia policial desplegada a lo ancho de la escalinata de calle Balcarce, a 48 horas de que se registraran incidentes en una marcha de repudio por el sobreseimiento de dos policías acusados de matar a dos pibes de Villa Manuelita. El próximo encuentro será el jueves en el Ministerio de Justicia de la Nación, donde una comitiva de padres llevará copias de los expedientes con la esperanza de obtener allí una respuesta que, sienten, no reciben en Rosario.

Será la segunda vez que visitan la cartera de Gustavo Beliz y es posible además que se entrevisten con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. También la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció la semana pasada en el plano nacional las graves condiciones en las que son alojados los presos santafesinos. Algo que vienen señalando desde hace años, todavía sin resultados a la vista.

La marcha se inició alrededor de las 10 con un corte de calles. Los manifestantes no llegaban a 60, con gran predominio de criaturas y adolescentes detrás de pancartas y banderas. Frente a ellos tenían a unos 45 agentes, uniformados con chalecos naranja fosforescente, que los vieron partir a las 11.30 rumbo a la sede de la Gobernación, en la ex Jefatura. Allí entregaron un petitorio destinado al ministro de Gobierno, Carlos Carranza.

La concentración fue motorizada por Gladys, la mamá de Carlos Gauna, un muchacho abatido por un hombre del Comando Radioeléctrico en agosto del año pasado. Sin embargo, pronto se sumaron otros casos e inclusive hubo presencias sorpresivas aunque lógicas, como la de Marta Ferreyra (madre de la maestra cañadense Daniela Spárvoli). “Esta es una lucha para todos, porque a todos nos han quitado un hijo”, reflexionó la mujer, mientras sonaba de fondo el coro “Se va a acabar esa costumbre de matar”.

Gladys Gauna explicó que la idea de la marcha nació ante el escaso avance que registran los expedientes, en un marco de sobreseimientos de policías involucrados en ejecuciones de gatillo fácil. “Según el juez (Luis) Caterina el oficial Rubén Darío Blanco actuó para defenderse ante una agresión el día que mató a mi hijo en un terreno baldío. En primer lugar, Carlos y sus amigos no agredieron a nadie y así lo determinó la Justicia; y en segundo lugar, él no estaba armado y recibió un balazo en la nuca, cuando el reglamento policial establece que los disparos deben hacerse de la cintura para abajo”; se quejó la mujer, apenada porque Blanco ni siquiera fue imputado. Actualmente, el sumario está en la Cámara de Apelaciones y la expectativa de la familia es que se revierta la resolución de Caterina “porque este tipo (por Blanco) ya mató a un inocente, ahora sigue armado y puede haber otra víctima”.

Al igual que los padres de Andrés Velásquez y Walter Caballero, adolescentes de villa Manuelita acribillados en 1999 por dos efectivos del Comando, deposita gran parte de sus esperanzas en el ámbito nacional. Es que desde el Ministerio de Justicia se mostraron interesados en sus reclamos y hasta mencionaron una posible “intervención”, según reveló ayer Gauna.

Entre los asistentes a la concentración, se destacaban chicos y grandes con remeras de Diego Fernández, el pibe de 15 años asesinado hace exactamente un mes por un policía que supuestamente perseguía a un delincuente. La madre de la víctima, Gloria Vergara, anticipó que en dos semanas se realizará la reconstrucción del hecho por orden de la jueza Alejandra Rodenas, que investiga el trágico hecho. “Tenemos miedo y bronca a partir de los sobreseimientos que se van conociendo. La ley debe ser pareja para todos”, opinó la mujer, que pide que se le castigue al sospechoso, el agente Esteban De Marco. “Entró a una casa en la que Diego comía mandarinas con tres amigos y terminó baleándolo por la espalda, mientras él huía para protegerse. Era inocente y lo condenaron a muerte sin causa, entonces queremos la cadena perpetua”, resumió Vergara.

La movilización transcurrió sin incidentes, a diferencia de la del viernes pasado, cuando dos hermanas de Andrés Velásquez tuvieron un encontronazo con la policía y los vidrios de una puerta de Tribunales terminaron rotos. Julio López, dirigente de la agrupación Barrios de Pie, que acompañó aquel reclamo, señaló en voz alta lo que ningún transeúnte pasó por alto: la desproporcionada custodia policial del acto. “Es una provocación más, como la del viernes, como las que se dieron en la provincia de Buenos Aires en los últimos días”, advirtió López. “Para nosotros no son hechos aislados”, interpretó.