FARIZ PODRÍA SER SUSPENDIDO EL MARTES, SINO RENUNCIA ANTES

El martes próximo, el Consejo de la Magistratura tratará el pedido de juicio político para el juez federal de Reconquista Eduardo Fariz presentado hace 20 meses por Julio Piumato, secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La solicitud de remoción del magistrado se basa en casos de acoso laboral, irregularidades en procesos judiciales y en la designación de conjueces dentro de su juzgado, ocurridas desde la misma creación de esa dependencia, en setiembre de 1997.

En la tarde de ayer, en el portal Sin Mordaza se daba el rumor de una versión que circula con fuerza en esa localidad del norte provincial: que Fariz renunciaría. “Algunos hablan de adelantamiento a diversas acusaciones y denuncias, especialmente una presentación del diputado nacional Juan José Mínguez, quien pidió se inicie un proceso en su contra que culminaría en la destitución del magistrado”, informó el sitio web.

Fariz volvió a estar en la mira de la opinión pública desde que la semana pasada se revelara el extraño caso del narco cordobés liberado por un conjuez, causa que develó distintas irregularidades, como la de otro conjuez que le tomó indagatoria a quien sería en poco tiempo su cliente, el imputado. El agente que detuvo al sospechoso por narcotráfico en marzo pasado, en Suardi, apareció doce horas después de la liberación del acusado con un tiro en la cabeza. Según revelaría la autopsia, lo que se intentó hacer pasar como un “suicidio” fue en realidad una ejecución.

En tanto, las denuncias por acoso laboral contra Fariz fueron presentadas por dos secretarias y un secretario que trabajaron en ese Juzgado Federal, por lo que prácticamente todos los empleados tuvieron que declarar ante el Consejo de la Magistratura. A raíz de ello, los máximos referentes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación viajaron varias veces hasta Reconquista para saber cuál era el estado de las personas que seguían trabajando a las órdenes de Fariz. Versiones judiciales indicaron que, en las últimas visitas, se encontraron con que la mayoría de los empleados manifestaban que “trabajar en ese juzgado seguía siendo un calvario continuo”.

La acusación presentada anteayer ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por el diputado Mínguez está basada en tres puntos: acoso laboral e irregularidades en la tramitación de algunas causas y en el nombramiento de conjueces.

Acoso laboral y conjueces dudosos

La causa por acoso laboral o mobbing se basa en la persecución de la que denunció haber sido objeto la secretaria penal del Juzgado, Patricia Sellarés, quien terminó renunciando al cargo. Luego, el acoso dijo haberlo vivido el funcionario Carlos Acosta (empleado judicial de Resistencia) quien había llegado a la ciudad para un reemplazo temporal de la renunciante. La tercera víctima fue la prosecretaria de la Secretaría Penal, Elba Fernández, quien finalmente se acercó hasta la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación a pedir asesoramiento sobre cómo denunciar al juez Fariz.

En cuanto a la manipulación en la designación de conjueces, la denuncia indica que eran designados en las causas en que Fariz se inhibía de intervenir, aunque debieron seguir las directivas dadas por el magistrado, bajo amenaza de ser relevados de la lista respectiva. Y como ejemplo mencionaron un caso en que uno de los conjueces hizo oídos sordos a las recomendaciones del titular del Juzgado Federal y siguió una causa “conforme a derecho”. Como premio, fue excluido de las listas de conjueces del juzgado.

También se hace mención a que, tras la renuncia de Sellarés, llamativamente la intervención de la defensoría oficial con sede en Resistencia, Chaco, decayó en forma ostensible. Al parecer, los detenidos elegían letrados cercanos al juez e “incluso en algunas oportunidades el propio magistrado entregaba las tarjetas de los abogados a los que les convenía recurrir para ser sobreseídos”.

Causa hecha humo

Fariz, además, es investigado por “graves irregularidades cometidas” en la insólita devolución a sus dueños de una avioneta incautada en una causa relacionada con el contrabando de cigarrillos, hecho que en su momento derivó en siete pedidos de informes para revisar este caso, en su mayoría presentados por el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig.

En octubre de 2001, en un campo de la localidad de Manucho, en el departamento La Capital (a 260 kilómetros de Reconquista), fue incautada una avioneta Cessna 310, matrícula ZP–TLQ, cargada con cigarrillos de contrabando. Si bien la pesquisa determinó que la carga provenía del Paraguay, a los pocos días y en un extraño suceso, Fariz decidió devolver la nave a su dueño paraguayo.

Pero el 21 de diciembre de 2002, en un campo ubicado en la localidad de Calchaquí, en el departamento Vera (a 70 kilómetros de Reconquista) durante un operativo de las Tropas de Operaciones Especiales, se procedió al secuestro de un avión Cessna 310, matrícula ZP–TLQ.

Casualmente, la misma identificación del secuestrado un año antes. El piloto, identificado como Valentín Camacho, fue dejado rápidamente en libertad. Un aviador del mismo nombre fue el que había traído a la Argentina al militar golpista Lino Oviedo cuando se fugó de Paraguay.

Al ser consulado sobre el extraño incidente, el juez Fariz explicó en su momento que “la avioneta secuestrada en Manucho poseía la documentación correspondiente, mientras que la incautada en Calchaquí apenas tiene un certificado de aeronavegabilidad extendido por la Región Noreste de la Fuerza Aérea que fue adulterado”.

Mientras que en octubre de 2001, a poco del procedimiento, “se presentó el propietario del avión pidiendo la restitución. Mostró la documentación, explicó que tenía un contrato con un tercero que en vez de transportar personas la usó para contrabandear”, descargó el juez. También explicó que la devolución “se hizo previo dictamen del fiscal”.

Pero el extraño suceso de la avioneta no terminó allí. El segundo operativo fue comandado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), quienes secuestraron –además de la avioneta– unos 4.500 cartones de cigarrillos marca MyM sin etiqueta de aduana, una decena de armas de fuego, proyectiles y varias armas blancas de gran porte, como machetes y sables bayoneta.

Según la denuncia del dueño del campo de Calchaquí donde se hizo el procedimiento, no quedó registro de muchas de las armas secuestradas. Y en otro caso, habrían desaparecido misteriosamente cigarrillos incautados en un allanamiento y el juez habría dilatado de diversas formas la investigación.

De licencia

Mientras llueven los pedidos para que el Consejo de la Magistratura actúe, Fariz está de licencia hasta mañana. En su lugar, la Cámara Federal de Resistencia designó a la secretaria civil, Andrea Ingaramo de Ramseyer. Versiones judiciales indican que Ingaramo habría intentado evitar el cargo, pero ayer tuvo que viajar a Resistencia, donde le indicaron que atienda las causas más urgentes, hasta el regreso del cuestionado juez federal.

Según la fuente, una de las causas que tiene que resolver es qué se hará con las once personas que fueron detenidas en distintos allanamientos en Rosario durante el viernes pasado, quienes fueron trasladados a Reconquista por orden judicial, aunque –cuando llegaron– no había juez a cargo.

Espera hasta el martes

La Comisión de Acusación se expedirá el martes sobre el texto acusatorio presentado por Mínguez, que en caso de prosperar será puesto a consideración del plenario del Consejo de la Magistratura. El dictamen puede ser aprobado o rechazado en la reunión de la Comisión de Acusación. Si es aprobado, el Consejo de la Magistratura podría constituirse en parte acusadora ante el Tribunal de Enjuiciamiento que preside Augusto Belluscio y, como primera medida, podría suspender al juez federal Eduardo Luis María Fariz. Si es que antes no logra renunciar al cargo.