FEDERACIÓN AGRARIA RECLAMA “UNA POLÍTICA AGROPECUARIA” PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE

El repunte de los márgenes de rentabilidad que tras la devaluación viene favoreciendo notoriamente a distintos segmentos de la cadena agropecuaria parece haber atemperado los niveles de conflictividad entre la política pública provincial y los sectores del campo. Sin embargo, los reclamos de fondo siguen marcando la agenda de los representantes agremiados más combativos de la pequeña y mediana producción rural santafesina. Esto se vio claramente reflejado en el comunicado reciente que emitió Federación Agraria subrayando “la falta de una política agropecuaria seria para la provincia de Santa Fe, todavía atada al modelo de concentración financiera que durante los 90 dominó el esquema productivo del campo a costa de la pauperización de los pequeños productores, en detrimento de las economías regionales, y sin políticas de preservación de recursos naturales, cuidado de suelos o rotación de cultivos”.

La declaración tuvo como disparador el rechazo que generó entre los dirigentes federados santafesinos el proyecto de ley impulsado por uno de los sectores del bloque de diputados peronistas de la legislatura provincial, y que apunta a derogar la ley de unidad económica, la 3.319, que establece la superficie mínima en la que se puede dividir un fundo o dominio rural.

Impulsada por los diputados José Pividori, Jorge Lagna, Laura Venesia, Marcelo Gastaldi, Julia Pesaresi y Ricardo Reynoso, la iniciativa para derogar la mencionada ley obtuvo dictamen favorable el 10 de noviembre en la comisión de Agricultura de la Cámara baja.

“La norma que pretenden derogar es la que está regulando un artículo del Código Civil sumamente importante, que define muy bien, y según las características propias de cada actividad agraria, cuál es el límite menor permitido para que la superficie de determinado inmueble rural permita una explotación productiva del predio que sirva al mantenimiento y al desarrollo digno de un grupo familiar”, señaló el abogado Ricardo Dagotto, síndico y representante legal de la delegación local de FAA.

“La derogación de esta ley implicaría un retroceso. Aboliría el sentido protector de economía familiar que está implícito en el concepto de Unidad Económica, que pone límites a la división de los inmuebles rurales. Y sin ese resguardo legislativo el campo pasaría a ser un elemento más supeditado a las variables del mercado inmobiliario”, explica el dirigente agrario.

Interrogado sobre por qué en un país y en una provincia donde la tendencia es más bien a la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos, una mayor división de los predios rurales iría necesariamente en contra de los intereses de los pequeños productores, el representante de FAA señaló lo siguiente: “El tema es complejo y se articula con toda una serie de problemas que hoy afectan al segmento pyme del campo. De cualquier manera, para no esquivar la pregunta concreta podríamos, sintéticamente, remarcar esto: sin límites fundados en el principio protectorio de la tierra como Unidad Económica, un predio rural de 100 hectáreas, por ejemplo, podría ser dividido para su venta en una cantidad equis de lotes. Esta atomización le permitiría a los grandes inversores seguir comprando pequeñas parcelas de productores endeudados, y así continuar acumulando miles y miles de hectáreas, que luego son explotadas con un criterio meramente comercial, de corto plazo y que busca la maximización de ganancias rápidas, sin ningún respeto por el cuidado de los propios recursos naturales. De modo que en nuestro país uno de los riesgos de la subdivisión ilimitada de tierras –pero no el único– sería el de reforzar el esquema de concentración ya existente”, puntualizó el síndico.

Con todo, y pese a que desde la FAA se sostiene claramente “la inconveniencia de derogar la ley actual”, la entidad ruralista “está abierta a la modificación de esta normativa, siempre y cuando su actualización no signifique eliminar el principio protectorio de unidad económica, como pretende el proyecto Pividori”, según señaló Dagotto. En este sentido los dirigentes federados recordaron que ya existe un proyecto en la Legislatura provincial, que fue aprobado en el Senado y “que modifica y perfecciona el espíritu de la normativa actual, sin vulnerar el concepto de unidad económica, y en sintonía con los reclamos de los sectores más representativos de la pequeña producción agropecuaria”.

“El proyecto del diputado Pividori salta por encima de los consensos ya logrados; y va en un sentido contrario al de la solución de los problemas reales que hoy tiene la producción agropecuaria en nuestra provincia”, puntualizó Dagotto.

Por otra parte, la intención de un sector del bloque de diputados peronistas de derogar la ley de unidad económica motivó un extenso documento firmado por el diputado arista Aldo Strada, cuya posición está en sintonía con los reclamos expuestos por los dirigentes de FAA.

“En la provincia de Santa Fe no hay política agraria”, arranca el texto crítico de Strada. “A punto de finalizar el año legislativo, caducará el proyecto de Código Rural: un trabajo de diez años en la Cámara de Diputados, que cuenta con el respaldo de las entidades más representativas del agro, y que aún no tuvo el tratamiento debido en la legislatura. Paralelamente la comisión de Agricultura dio dictamen el 10 de noviembre a un proyecto de ley ambiguo, y lo que es peor contradictorio, porque define la unidad económica independientemente de la superficie, pretende derogar la ley vigente y favorece abiertamente la división de los predios en condominio. Es una legislación hecha a la medida del lobby de los profesionales de la agrimensura y de los escribanos que ven en la división de los campos una mayor actividad para su sector”, se lee textualmente en uno de los párrafos centrales del comunicado de prensa del diputado Strada.

¿LA TIERRA ES BIEN DE CAMBIO O HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD?

En la modernidad hay básicamente dos grandes líneas del pensamiento jurídico que vertebran las políticas rurales sobre división de la tierra. Una es la que parte del principio de que la tierra debe ser considerada un bien de cambio entre otros. La otra la define como una “herramienta indispensable” cuya posesión y uso debe ser reglado sobre la base de ciertos intereses comunitarios y colectivos. En el primer caso la división de la tierra queda librada a los vaivenes del mercado inmobiliario; y en principio “no habría límite para la subdivisión de un funde en tantas propiedades diferentes como se quisiera”. En el segundo caso, una posesión rural determinada “nunca puede dividirse más allá de la superficie productiva considerada como indispensable para la subsistencia de una familia de agricultores”. Uno de los argumentos a favor de este principio se funda en la experiencia que hicieron los países de Europa Central bajo la vigencia del Código Napoleónico. Empujada por el Derecho Hereditario, “esta legislación contribuyó a fraccionar y atomizar la propiedad agraria a niveles absurdos. España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Gran Bretaña, tuvieron que instrumentar a lo largo del siglo XIX normas de recomposición fundaría, después de comprobar que en tres o cuatro generaciones un fundo productivo desaparece si no se ponen restricciones a la división ilimitada del dominio”.