FERNANDO ROSÚA: “TRATAREMOS DE QUE LA PENA SÓLO PRIVE A LOS PRESOS DE LA LIBERTAD”

“La ley penal establece la privación de la libertad, no la de otros valores. Intentaremos que eso no comprometa ni la salud, ni la cultura, ni las relaciones familiares de los internos”. La definición del futuro director del Servicio Penitenciario (SP) provincial, Fernando Rosúa, plantea una clara forma de situarse frente a una institución donde los conflictos intramuros adquieren dimensiones cada vez más intensas para sus protagonistas. El SP registra unas 40 muertes dentro de sus penales en los últimos 4 años y violentos motines. Junto a las limitaciones edilicias y de funcionamiento institucional, las causas de esos problemas apuntan a las complejas relaciones que se establecen entre los internos, los guardiacárceles y los directivos de la institución.

Fernando Rosúa es un abogado rosarino de 40 años, con formación en criminología y seguridad pública, un tema en el que fue asesor de su padre, Roberto Rosúa, cuando éste estuvo a cargo de ministerio de Gobierno provincial entre 1995 y 1999. Pero también transitó experiencias de desinstitucionalización en otro lugar de encierro, la colonia psiquiátrica de Oliveros.

Se excusa de hacer anuncios concretos antes de la asunción del nuevo ministro de Gobierno, Alberto Gianeschi, quien aún cumple funciones dentro del Poder Judicial. Pero no de adelantar un análisis sobre los aspectos más recurrentes del área.

-¿Cuál es la evaluación que realiza sobre los factores de conflictividad en los institutos penitenciarios?

-Cualquier situación de encierro es una situación conflictiva. La restricción de la libertad se establece contra la voluntad de las personas y eso siempre contiene un punto de violencia. Dentro del Servicio Penitenciario, el espacio más conflictivo es Coronda. Una de las causas es que contiene a unos 1.500 internos. Es una cárcel que no fue diseñada originariamente para alojar a esa cantidad de gente y eso se convierte en un elemento muy conflictivo, a pesar de que se ha ido ampliando la capacidad. Otro punto es ver cómo se resuelven los pequeños conflictos cotidianos, que en una institución de encierro pueden cobran mayor significación para la vida de esa persona. Además de un programa serio de planificación e inversión en construcciones, hay que ver cómo vamos trabajando en resolver esos pequeños conflictos.

-Las denuncias de los internos y organismos de derechos humanos señalan como un factor importante la conducta de los guardiacárceles, que agudiza las situaciones de conflicto con requisas violentas, el cercenamiento de derechos o impedimentos para viabilizar reclamos legítimos.

-Como en todas las instituciones, hay personas que facilitan que se logren los objetivos institucionales y otras que los dificultan. Hay que promover acciones en el personal para que los faciliten. La voluntad política es fundamental si uno encara el problema, busca soluciones a partir de una conversación a tono con los problemas y las sostiene. Lo que no se puede hacer es dejar de buscar soluciones políticas por más que haya intereses que se perjudiquen o personal que tenga problemas con las normas.

-Otro punto de conflicto, en el plano institucional, está dado en Coronda por los 20 meses de ausencia de un juez de Ejecución Penal, que retrasa el acceso a los beneficios previstos en la legislación o los pedidos más simples de los internos, como recursos de hábeas corpus.

-Sin duda que la falta de un juez permanente en Coronda dificulta y genera conflictos con los internos. Lo único que puedo adelantar es que se va a plantear como un tema prioritario, así como el relevamiento de las condiciones de salud, para que lo internos tengan asistencia del nivel que corresponde.

-Otro señalamiento frecuente es la transformación de los derechos constitucionales en beneficios, regulados por la evaluación de la conducta y el concepto de los internos. En ese punto, las acusaciones de irregularidades e injusticias se vuelven nuevamente contra el personal penitenciario, que cumple un rol importante dentro de la calificación.

-La idea es generar mecanismos de garantías para el interno y evitar que se cometan arbitrariedades en esas calificaciones. A partir de charlas con los internos y organismos de Derechos Humanos se pueden rever los mecanismos y asegurar los que den mayor transparencia.

-A partir de su experiencia en otras instituciones de encierro, ¿qué evaluación hace de la función que cumplen los institutos penitenciarios?

-El marco de mi función lo da la ley nacional, no lo puedo discutir. Y la ley establece la pena privativa de la libertad. Aunque en las cárceles argentinas también ocurren otras privaciones. Trataremos de que la pena se limite a la privación de la libertad y no de la salud, la cultura, o las relaciones familiares”.