FISCALES ESPAÑOLES SE OPONEN A LOS PEDIDOS DE EXTRADICIÓN DE GARZÓN

Como se suponía, la Fiscalía ante la Audiencia Nacional española se opuso ayer formalmente a que los militares detenidos en las últimas semanas sean extraditados y juzgados en ese país por violaciones a los derechos humanos ocurridas aquí durante la dictadura.

La postura de la Fiscalía no es nueva. Desde siempre se opuso a los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón contra los militares argentinos. Pero siempre perdió en sus apelaciones ante el tribunal superior. La última derrota fue hace pocos días, en la causa seguida al ex marino Adolfo Scilingo, casi lista para ir a juicio.

Para la Fiscalía española, en la Argentina no hubo un genocidio tal como se lo describe a éste en los convenios internacionales sino “una destrucción cívica” contra personas “de todos los estratos sociales” y “muy variada ideología”, según informó la agencia EFE.

Para defender su postura, el fiscal Pedro Rubira citó un fallo del Tribunal Supremo de su país en relación a las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Allí se admitió la posibilidad de juzgar a los acusados en España sólo para los casos ocurridos contra españoles y a partir de julio de 1978, cuando el delito de torturas fue incluido en el Código Penal español.

Sin embargo, en diálogo con Clarín, el abogado querellante Manuel Ollé relativizó ese fallo. Dijo que está apelado ante el Tribunal Constitucional y que fue obtenido con el voto de 8 de sus 15 jueces. Además, recordó que en España “una única sentencia no crea jurisprudencia”.

La posición del Ministerio Público español fue reiterada en el marco de los primeros 26 casos de los 41 detenidos por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral a pedido de su colega Garzón.

El martes había sido el turno de los querellantes de la Acusación Popular, que avalaron la extradición de los argentinos hacia España: ellos impulsan la causa.

El juez que reemplaza a Garzón —de vacaciones—, Fernando Andreu, ya escuchó entonces a las principales partes del conflicto: la Fiscalía y los querellantes. Se supone que ahora le queda el camino libre para elevar las solicitudes de extradición a la Cancillería de su país. En ella deberá establecer los hechos por los que se acusa a cada uno de estos primeros 26 detenidos, antes de enviarlas a la cancillería argentina, de donde pasarán al juez Canicoba.

El plazo de 40 días que tiene España habría comenzado a regir desde el momento en que la Cancillería de ese país fue notificada por su par argentina de que las detenciones solicitadas con fines de extradición ya fueron cumplidas; al menos las primeras 26. Otras voces indican que ese plazo empezó a contarse desde que se produjo la primera detención.

Canicoba Corral comenzará a notificar a la Justicia española sobre las otras 15 detenciones a medida que vaya realizando con los detenidos la denominada “audiencia de conocimiento”. Los que faltan pasar por ese trámite son los represores que estaban detenidos en otras causas, los que tienen problemas de salud y los que están en otras jurisdicciones. Hoy se cumplirá este paso con el ex presidente de facto Jorge Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el marino Jorge “Tigre” Acosta y el ex general Guillermo Suárez Mason.