FISCALÍA DE ESTADO RECHAZARÍA PLANTEO DE AGUAS PROVINCIALES

La definición de la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe, controlada por el grupo Suez, entró en su recta final. El viernes vence el plazo que la firma francesa le puso al gobierno provincial para que se defina, ante lo que considera una operación inviable, por las bajas tarifas y la falta de consenso sobre las obras a emprender.

Esta claro que Suez se quiere ir de esta concesión, pues no le encuentra la vuelta a una empresa que- según ellos- nunca dejó dividendos a sus accionistas (la composición del paquete accionario es: Suez, 51,69%; Aguas de Barcelona, 10,89%; Banco Galicia, 12,5%; y empleados, 10%).

Cuando quedan pocos días para que venza el plazo de la intimación que la concesionaria Aguas Provinciales hizo al gobierno santafesino ( provincial como municipal), desde el Ejecutivo señalaron la irresponsabilidad por los incumplimientos por parte de la concesionaria y piensan en lo que vendrá.

El gobernador Jorge Obeid dijo ayer que con “la desinversión de obras que hizo la empresa nos vamos a quedar sin agua aunque la empresa se quede” y evaluó distintas posibilidades si la empresa decide irse, aunque aclaró que “se va a tener que hacer cargo de todas las indemnizaciones al Estado santafesino y a los usuarios”. Desde la Municipalidad, el intendente Miguel Lifschitz aseguró respecto de Aguas que “estamos al borde del precipicio y nos vamos a caer, lo cierto es que la empresa se va”.

Hasta el lunes 2 de mayo, la Fiscalía de Estado tiene tiempo para responder al emplazamiento que Aguas Provinciales hizo el mes pasado en el que planteó 30 días al gobernador para solucionar el conflicto. El ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, dijo ayer a Rosario/12 que su “impresión” es que desde la fiscalía se va a rechazar el planteo de la concesionaria en el sentido de “rescindir el contrato por culpa del concedente cuando apela al numeral 13-4 del contrato porque la provincia no aumentó las tarifas”.

El dictamen de Fiscalía se conocerá la semana próxima. “Intuyo que se va a rechazar el pedido porque una persona o empresa puede rescindir un contrato si no le conviene pero sin echarle la culpa a otro”, dijo el ministro. A partir de allí y si Aguas Provinciales se quiere ir se presentan las alternativas que según Hammerly transcurren entre que la provincia se haga cargo del servicio, que se municipalice o que se vuelva a concesionar para las 15 ciudades donde Aguas tiene la concesión.

El ministro de Obras Públicas indicó a este diario que con ese escenario de posibilidades “se tomaron todas las previsiones. Se hicieron auditorías internas y externas a la firma y tenemos un relevamiento del estado de situación”. Hasta ahora lo recogido es que la empresa está en “buen estado” pero hace falta que “hagan las inversiones a las que se comprometieron”.

Ayer el gobernador Obeid se refirió a Aguas Provinciales en diálogo con el programa “Tempranísimo” de Radio Dos. Allí afirmó que “con la desinversión en obras que hace la empresa nos vamos a quedar sin agua aunque se quede la empresa” y planteó que la obligación que tiene el gobierno es la de garantizar el “servicio y lo que nosotros vemos con preocupación es el hecho de que la empresa, durante diez años, no haya hecho estas inversiones, algo que se manifiesta en caída de la calidad del servicio y en la no aparición de las obras que se necesitaban para el tratamiento de efluentes cloacales”.

Obeid dijo luego que “nadie le pidió a la empresa que se vaya” y que si toma una decisión unilateral en ese sentido tendrán que hacerse cargo de todas las indemnizaciones al Estado santafesino y a los usuarios por tomar esta decisión. Para Obeid la otra posibilidad es que la empresa se quiera sentar y discutir la forma de seguir adelante con la provisión del servicio y sobre todo con la realización de las obras que Rosario tendría que tener desde 10 años atrás y que todavía no tiene.

“Si la empresa se va, se abren distintas alternativas, una de ellas es volver a la licitación del servicio para la concesión, con pliegos distintos, con condiciones distintas para tratar de encontrar alguna empresa que preste mejores servicios; otra posibilidad es hablar con los municipios para que aquellos que quieran hacerse cargo de las obras y el servicio lo hagan y también hablar con el gran sistema cooperativo que presta la cobertura de agua potable en muchas localidades de la provincia para ver si ellos tienen interés”, razonó el gobernador.

Además planteó otra alternativa: la de la empresa de agua potable del Estado provincial cuya constitución está en tratamiento de la Legislatura o una situación mixta “entre todas las soluciones que estoy planteando para tratar, en las distintas localidades, de aplicar cada una de las posibilidades que se necesite”.

En tanto, Lifschitz señaló: “Nos acercamos al precipicio y nos vamos a caer” tras lo cual aseguró que la situación respecto de Aguas Provinciales es irreversible. “Lo cierto es que la empresa se va y nos deja sin las obras que tenía que realizar y con el potencial juicio millonario en dólares hacia el Estado provincial”. Para Lifschitz se trata del “peor escenario posible, es como la crónica de una muerte anunciada, veníamos acercándonos al precipicio y nos vamos a caer”.

El intendente recordó que el viernes se vence el plazo que Aguas Provinciales le dio a la provincia para que se renegocie el contrato. Si no es así el intendente dejó entrever que la Municipalidad se encuentra evaluando si puede hacerse cargo de la prestación del servicio.

Mientras tanto Alberto Muñoz desde la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua planteó su preocupación porque “desde el gobierno se empieza a hablar, entre las distintas posibilidades, aquella que supone otro operador privado” y alertó: “Que no nos vengan a hablar de Aguas de Barcelona que es el mismo consorcio empresario que la Suez” y recordó que a la firma Azurix “la echaron de la provincia de Buenos Aires por incumplimientos contractuales y a Vivendi de Tucumán, por problemas similares”. Muñoz puso otros ejemplos de cómo resolver el tema de la provisión de agua para todos los ciudadanos “al modo de Río Grande do Sul, de Washinton o Helsinki. El agua y el saneamiento deben estar en manos públicas con control social”.