FRANCIA APRUEBA UN POLÉMICO PROYECTO DE INMIGRACIÓN

El Gobierno conservador francés aprobó hoy un polémico plan de ley sobre la inmigración, que endurece la regularización y el reagrupamiento familiar y cuyo principal artífice es el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy.

“Hay que pasar de una inmigración sufrida a una inmigración elegida”, subrayó el primer ministro, Dominique de Villepin, tras reunir a diez de sus ministros, incluido Sarkozy, en el Comité Interministerial de Control de la Inmigración (CIC).

El objetivo del controvertido texto, que Sarkozy defenderá en el Parlamento la próxima primavera, es “dotar a Francia de los medios para controlar su inmigración con el fin de que ésta se convierta en un aspecto positivo para nuestro país”, dijo Villepin.

Lo esencial de sus 87 artículos ya se conocía desde el domingo pasado, cuando Sarkozy en persona desgranó su proyecto de ley en una amplía entrevista al semanario “Le Journal du Dimanche”.

Lo más novedoso es la creación de un permiso de residencia de “competencias y talentos” destinado a profesionales e investigadores de alto nivel, que contribuyan al “desarrollo de la economía francesa ” o al “resplandor de Francia en el mundo”.

Prevé también un permiso laboral renovable cada tres años para los trabajadores sin cualificación y la posibilidad en algunas regiones y sectores de suspender puntualmente la regla de que no se puede reclutar a un extranjero si hay un nacional con misma cualificación.

También se endurecen las condiciones para que un extranjero pueda llevar a un familiar: quien pretenda hacer uso de ese derecho tendrá que demostrar su estancia en Francia durante 18 meses, seis más que ahora, y probar que dispone de los recursos económicos necesarios -sin contar con las ayudas sociales- para atenderlo correctamente.

Sobre esos pilares se fundamenta la “inmigración escogida”, un término acuñado por Sarkozy y al que luego se sumó Villepin, tras el susto que provocó a Francia la crisis de los barrios periféricos difíciles, del pasado otoño.

Este proyecto de ley provocó la indignación de la izquierda y de asociaciones de defensa de derechos humanos. Denuncian el “racismo” subyacente en el texto que trata al inmigrante como un objeto de “usar y tirar”, lo que constituye -dicen- “un ataque sin precedentes a las condiciones de residencia de los extranjeros”.