Fraticelli pide que seis diputados sean apartados para el juicio político a Bassó

El ex juez de Rufino sostiene que esos legisladores aprobaron el pliego para la designación del procurador y, por lo tanto, carecerían de objetividad para revisar si hubo irregularidades en su nombramiento.

El planteo se produce en medio de una polémica entre el procurador y el Poder Ejecutivo de la provincia, que se desató cuando Bassó cuestionó la ley de Ministerio Público de la Acusación. En el reformado esquema penal los fiscales dejan de responder al procurador y reciben instrucciones de un fiscal general que es autárquico respecto de la Corte.

Bassó sostuvo la inconstitucionalidad de ese cambio, lo que ahora debe ser resuelto por la Corte Suprema provincial. Un reconocimiento a su planteo significaría un duro golpe al nuevo sistema procesal, que entre otras medidas reemplaza el vetusto proceso escrito por el juicio oral y público.

El planteo motivó una fuerte réplica del gobernador Hermes Binner, quien acusó al actual jefe de los fiscales de defender un "sistema inquisidor". A su turno el ministro de Justicia, Héctor Superti, objetó el triple rol del procurador, quien "integra la Corte Suprema al mismo tiempo que es el jefe de los fiscales y los defensores".

El origen. El pedido de juicio político a Bassó había sido presentado luego de que el procurador diera instrucciones para que se objetara el fallo que absolvió a Fraticelli por el homicidio de su hija Natalia, ocurrido en Rufino en mayo de 2000. La presentación realizada por el ex juez y su abogado, Carlos Edwards, enumera siete razones por las cuales el procurador debería ser removido.

Entre los más salientes, lo acusan de haber sido nombrado ilegalmente, de omitir deberes, ser arbitrario en la persecución de delitos y no fijar pautas claras sobre qué casos deben priorizarse. Bassó fue propuesto por la gestión de Jorge Obeid, cuando la reforma del sistema procesal penal ya había sido aprobada en la Legislatura.

Hoy Fraticelli impugnará a seis diputados que participaron de la Asamblea Legislativa que en septiembre de 2007 aprobó la designación de Bassó como procurador. En un proceso de juicio político, los diputados actúan como "acusadores" mientras que los integrantes del Senado juzgan. Lo que dice el ex juez de Rufino es que esos diputados no pueden actuar como acusadores porque su objetividad está comprometida.

Plantea que, en caso de advertirse alguna irregularidad en la designación de Bassó, los mismos legisladores quedarían implicados. Una de las causales por la que pidió la destitución del funcionario es que al ser nombrado en el puesto tenía 67, años cuando la inamovilidad de su cargo la Constitución provincial la garantiza hasta los 65. Para Fraticelli, haber aceptado la función sin cumplir con los requisitos coloca a Bassó ante la presunta comisión de un delito, y sostiene que quienes lo designaron podrían ser alcanzados por la misma figura penal.

Los recusados pertenecen al arco opositor. Son Ricardo Peirone, Jorge Lagna, Federico Reutemann, Mario Lacava, Marcelo Gastaldi y Oscar Urruty. El planteo ahora será valorado por el cuerpo legislativo.

De ser aceptado, tendrá un efecto concreto en la votación si se impulsa el juicio político contra Bassó. Es que para habilitar el trámite se requieren los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes. Si en el cuerpo hay seis integrantes menos, bastarían 29 voluntades para dictaminar.

Ese nuevo cálculo coloca al oficialismo —actualmente enfrentado con Bassó— en una situación más favorable para promover su remoción: la bancada del socialismo y aliados tiene 28 miembros.