FRAUDES EN QUIEBRAS DE AGENTES PÚBLICOS

Sellos apócrifos y firmas falsas de secretarios de juzgados y hasta de los propios magistrados fueron detectadas en supuestos oficios judiciales que ordenaban al gobierno de la provincia suspender las retenciones en los salarios de los empleados públicos, embargados por deudas con terceros, créditos o préstamos con financieras o bancos.

La anomalía fue detectada por la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, y terminó en una denuncia ante el fiscal de turno, Pedro Guevara, que radicó el subsecretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

Para empezar a desandar la maniobra debe recordarse que muchos de los empleados públicos provinciales tienen gran parte de sus sueldos embargados a partir de las retenciones que sufren por préstamos que contraen o simplemente compras que realizan, y son debitadas de su remuneración.

Esto genera que muchos cobren un sueldo mínimo o igual a cero. Para revertir tal situación y patrocinados por abogados del foro local, muchos recurren a la justicia y piden la declaración de quiebra.

“Al hacerse lugar a ese planteo y en función de lo establecido por la ley, con esta declaración de quiebra, el empleado logra obligar al Estado a suspender los descuentos de los haberes, en atención a la apertura de este nuevo proceso”, explicó a El Litoral, el Dr. Gabriel Somaglia. En la práctica, el empleado logra volver a cobrar todo o gran parte de su sueldo -el juez puede retener un 10 ó 20 por ciento-, porque por la quiebra misma sus acreedores tampoco pueden volver a descontar. Hasta allí, la decisión judicial no puede objetarse. De hecho, el Estado provincial las ha venido cumpliendo. “Es una estrategia procesal, y la posibilidad de presentarse a la quiebra está dentro del marco de las reglas del derecho”, aclaró Somaglia.

La anomalía
Sin embargo, lo que en el ámbito del Ministerio de Gobierno se detectó es que muchas de esas órdenes judiciales que llegaban para suspender los descuentos, en realidad, nunca habían sido dictadas o no se correspondían con las comunicaciones oficiales que habían llegado desde la sede del juzgado.

“A raíz de ello hicimos las consultas a diferentes magistrados y ellos informaron que, sobre un universo de 100 casos, en casi un 10 por ciento las firmas de los secretarios y jueces no serían reales, como tampoco los sellos relativos al juzgado”, relató Somaglia. Ése fue el resultado de una actuación conjunta entre ministerio y jueces en lo civil y comercial de Santa Fe, pero resultado provisorio, porque aún restan responder las consultas del gobierno otros cinco juzgados que podrían confirmar nuevos casos.

El funcionario explicó que uno de los aspectos que se están investigando es si en todos los casos intervino el mismo profesional o estudio jurídico. Mientras tanto y de manera paralela, las áreas legales de las distintas jurisdicciones del Ministerio de Gobierno procedieron a la apertura de sumarios administrativos para verificar una eventual responsabilidad del agente involucrado. Según dijo Somaglia, los oficios truchos casi en su totalidad pertenecían a agentes dependientes de esa cartera, más precisamente de las fuerzas policiales y todos oriundos de la ciudad de Santa Fe. Los demandantes serían agentes de ingresos más bien bajos.

Somaglia evitó cargar las tintas contra los propios agentes; más bien apuntó a los abogados. “Lo llamativo de esto es la existencia de algunos oficios que son confeccionados en la generalidad por profesionales”, deslizó.

De acuerdo con las hipótesis que se manejan en el Ministerio, la maniobra básicamente le habría permitido al abogado garantizarle a su cliente una rápida resolución del caso.

El resto
El subsecretario aclaró que los casos de oficios apócrifos podrían ser más que los detectados, porque hasta ahora sólo se relevaron cinco juzgados de diez, y únicamente de la ciudad de Santa Fe. De igual modo, las presentaciones examinadas aluden específicamente a agentes de las áreas que son jurisdicción del Ministerio de Gobierno, por lo que no descartó que se produzcan situaciones similares en el resto de la administración.

“Estos casos no serían los únicos; en los diálogos que hemos mantenido con otros miembros del Poder Judicial, llámese secretarios o jueces vinculados a los trámites de procedimientos de quiebras, ellos mismos nos contaron que cuando tomaron conocimiento del caso, hicieron las denuncias respectivas a los fiscales correspondientes”, precisó.

Industria

¿Una industria del juicio montada también en torno del empleo público? Tal vez sea exagerado pensarlo en esos términos, si es que los planteos judiciales -en este caso para pedir la quiebra- corresponden mayoritariamente a agentes públicos de menores ingresos. Pero eso no inhabilita deslizar al menos como observación que existiría una especie de batería judicial estructurada en torno de “lo que necesita” el agente público. Al parecer, esta práctica de recurrir a la quiebra no es novedad de la administración provincial. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que en la misma salida encontraron -mucho antes- a centenares de empleados de la Municipalidad de Santa Fe que optaron por idénticos procesos.

Términos de la denuncia
Según pudo saber el Litoral, la denuncia presentada por Somaglia ante el fiscal Pedro Guevara incorpora copia de uno de los supuestos oficios ordenando suspender los descuentos, que fueron recibidos en el Departamento de Sueldos del Ministerio de Gobierno.

Ese mismo “oficio” había sido girado por la cartera al juez que supuestamente intervino, para chequear la veracidad de los términos de las resoluciones. En las respuestas a ese requerimiento del Ministerio fue precisamente donde el magistrado en cuestión contestó que tales oficios no fueron emitidos por ese juzgado, que nunca se ordenó la abstención de descontar de los haberes, ni la incautación de parte de esos sueldos. También, que las firmas insertas en los supuestos oficios no pertenecen al juzgado, ni las imita. Y que el sello aclaratorio de la firma tampoco pertenece a la secretaría. Copia de todas estas respuestas fueron anexadas también como fundamento de la denuncia radicada ante el fiscal.

La presentación daría cuenta, asimismo, de otros posibles casos de oficios apócrifos de similares características, que dieron lugar a la iniciación de nuevos expedientes y a la intervención de otros juzgados.

Respuestas judiciales
Según pudo saber este diario, de los diez juzgados a los que el Ministerio de Gobierno le había reclamado información sobre los supuestos “oficios truchos”, ya contestaron los Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera, Tercera, Cuarta y Quinta Nominación de la ciudad de Santa Fe. Todas esas actuaciones se adjuntaron como antecedentes de la denuncia. En cambio, se aguardan aún las respuestas de los Juzgados en lo Civil y Comercial de la Segunda, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Nominación, siempre de esta capital.

Con respecto a los descuentos que se realizan sobre el sueldo de los empleados públicos y que dieron lugar a ásperas y recurrentes polémicas -justamente, porque los salarios se ven reducidos casi a cero- fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por El Litoral recordaron que por las disposiciones vigentes sobre el tema, no están sujetos a estas retenciones los montos que resultan de las últimas políticas de mejoras salarial otorgadas por el gobierno.