FRENÓ KIRCHNER LA REFORMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

El plan estratégico trienal de justicia y seguridad duró apenas tres meses.

La abrupta salida del ministro Gustavo Beliz derrumbó el megaproyecto que el presidente Néstor Kirchner presentó en la Casa Rosada el 19 de abril pasado tras el masivo reclamo contra el delito encabezado por Juan Carlos Blumberg.

El nuevo ministro del área, Horacio Rosatti, y el secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne, confirmaron ayer a LA NACION que el Poder Ejecutivo volverá a revisar el plan “proyecto por proyecto”. Anticiparon incluso que varias de las iniciativas más sensibles quedaron desactivadas.

Entre las medidas que el Gobierno mandó al archivo figuran la unificación de fueros penales en la ciudad de Buenos Aires, la creación de agencia federal de investigaciones (el denominado “FBI argentino”), el ascenso de civiles a puestos decisivos en la Policía Federal y la aplicación de un régimen penal especial para menores de entre 14 y 18 años.

“El programa de Beliz tenía muchas buenas ideas pero era enorme. Tenía de todo, hasta un proyecto contra la deserción escolar, que hace a la seguridad, está bien, pero haciendo una carambola a 18 bandas”, indicó Rosatti.

Kirchner había anunciado las medidas en abril rodeado de todo su gabinete, la mayoría de los gobernadores, legisladores nacionales, ministros de la Corte Suprema y comisarios de la Policía Federal. “El plan que hoy presentamos –dijo en aquella oportunidad– es un aporte. No queremos apurar una respuesta espasmódica o parcializada. No creemos en las visiones que ubican la solución en un solo punto focal.” La exposición del paquete de leyes para mejorar la seguridad ocurrió 18 días después de que 200.000 personas reclamaron frente al Congreso un cambio en la lucha contra el delito, en respaldo a Blumberg.

“Hay que hacer un análisis más pormenorizado. Hay que ver cada caso”, respondió Iribarne ayer, al referirse al futuro del megaplán que había respaldado todo el Gobierno.

El deseo del Presidente es que los proyectos que ya fueron remitidos al Congreso no salgan de las comisiones correspondientes, con el argumento de que deben ser debatidos otra vez desde el principio.

Rosatti quedó en encontrarse con el jefe del bloque del PJ, José María Díaz Bancalari, para comunicarle las pretensiones de Kirchner. Anoche, en una conferencia de prensa el ministro confirmó, además, que irá el martes próximo al Senado para motorizar “distintos proyectos que tienen dictamen de comisión o media sanción”.

El sucesor de Beliz remarcó, no obstante, que encarará un “análisis pormenorizado de cada proyecto” y destacó que “en algunos temas, como el juicio por jurados, puede avanzarse rápidamente”, pero evitó dar una definición sobre el megaplán como paquete cerrado.

Los diputados oficialistas habían mostrado fuerte resistencia a aprobar los textos enviados por el Poder Ejecutivo. En especial, reducir la edad de imputabilidad y, en menor medida y a contrapelo de lo dicho anoche por Rosatti, a instalar los juicios por jurados, otra idea fuerza del plan trienal.

Presión

Esta semana, tras su remoción, el ex secretario de Seguridad Interior Norberto Quantín acusó a Kirchner de haber activado el anuncio del plan para responder a la presión que imponía Blumberg con sus protestas.

La redacción de los proyectos había concluido en noviembre del año pasado en las oficinas de los colaboradores de Beliz y Quantín, pero se estancaron hasta abril en la Casa Rosada, según advirtió el ahora ex funcionario.

Al anunciarlo con gran solemnidad, el Presidente hizo suyo el paquete de medidas, aunque muchos de sus ministros desconfiaban que pudieran concretarse. Se incluían allí algunas de las ideas motorizadas en el petitorio de Blumberg, con el que Kirchner nunca coincidió ideológicamente.

Hasta el momento, sólo se aprobaron cuatro de los 17 proyectos legislativos que conformaban el plan “para reformar el Poder Judicial y mejorar la seguridad pública”.

Se trata del cambio en la ley de abigeato, el aumento de los controles en la venta de teléfonos celulares (para prevenir secuestros) y dos normas que incrementan las penas en los delitos de robo con arma de fuego y tenencia y portación de armamento.

Tras la salida de Beliz, otras tres iniciativas tienen posibilidades reales de sobrevivir en el Congreso: la creación de fiscalías en los barrios de Buenos Aires, una limitación a las excarcelaciones y cambios en la ley de drogas.

Menos enfrentamiento

Fuentes de la Casa Rosada explicaron a LA NACION que el Presidente quiere bajar el nivel de enfrentamiento público del Gobierno con el Poder Judicial y con el Congreso. Algunas de las medidas incluidas en el plan generaron fuertes tensiones y críticas públicas desde su anuncio.

Uno de los proyectos más resistidos fue el de la unificación de fueros, que diluiría el poder actual de los jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, que son los que investigan a los funcionarios nacionales. La Cámara Federal porteña afirmó en una acordada sin precedente que esa iniciativa era “inconstitucional” y contraproducente si se buscaba mejorar la administración judicial.

“Ese proyecto tendría que pasar primero un test de constitucionalidad -explicó Rosatti-. Si no lo hacemos, sería un esfuerzo sin sentido. Lo revisará un equipo de destacados constitucionalistas, al tiempo que mantendremos reuniones en el Congreso sobre ése y otros proyectos. Todo lo que está en el Congreso vamos a conversarlo para ver cómo convertirlo en realidad.”

Más oscuro todavía parece el porvenir del plan para crear el FBI argentino, una idea resistida por la SIDE y que el Poder Ejecutivo tampoco terminó nunca de digerir. “Ese proyecto amerita algo más, una revisión conceptual en un ámbito netamente político, no jurídico”, agregó Rosatti.

Sin embargo, el mes pasado se publicó un decreto presidencial por el que se disponía la creación de 4300 de las 22.300 vacantes previstas para el Cuerpo de Paz, uno de los ejes de la proyectada agencia federal de investigaciones.

A ese objetivo estaba destinado un porcentaje elevado del presupuesto de 600 millones de pesos asignado al plan trienal, según informó oficialmente el Gobierno.