Funcionarios provinciales se reunieron con representantes nacionales

Por primera vez funcionarios del gobierno de la provincia recibieron a una delegación de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los fines de analizar casos por presunta violación a los derechos humanos que involucran a la provincia de Santa Fe y que tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC.

En la reunión, celebrada en Rosario, se trataron diversos casos particulares que con distinto grado de avance tramitan ante la Comisión. El gobierno de la provincia manifestó que entiende como prioritario en su política de derechos humanos “colaborar en todo lo que sea necesario para garantizar los derechos de la ciudadanía en el ámbito local y facilitar la tarea de los organismos de control internacionales”, indicaron desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Participaron del encuentro los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; de Desarrollo Social, Pablo Farías; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y la secretaria de Salud, Débora Ferrandini, entre otros funcionarios. Dado que algunos de los casos tienen relación directa con juicios de vieja data tramitados en el ámbito del Poder Judicial, también fue convocada por la Cancillería la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cual estuvo representada por su secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

Tras analizar los casos en particular, se estableció un plan de acción con respecto a cada uno de cara a superar los conflictos. Como algunos de ellos se originan en el viejo sistema procesal penal de la provincia (en cuanto a que éste no respetaba las exigencias de derechos humanos que prevén los tratados internacionales en la materia), el Poder Ejecutivo de la provincia había remitido oportunamente a la Cancillería para su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el texto del nuevo Código Procesal Penal y las leyes sancionadas para su puesta en marcha. Esta invocación a la reforma procesal penal en marcha fue reiterada en la reunión celebrada en Rosario “como forma de evidenciar el respeto al principio de no repetición (es decir como verdadera solución de fondo hacia el futuro), ya que el modelo que se está implementando con el paquete normativo referido cumple de manera indiscutible todas las exigencias mencionadas”, subrayaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En otras palabras, más allá de las demandas contra los Estados nacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos que pretendan llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la Comisión –que es la instancia previa del tribunal– procura encontrar soluciones de fondo para que los casos no se repitan, generalmente a partir de modificaciones legislativas.

Estuvieron presentes en la reunión, además de los ya mencionados, el secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales de la provincia, Carlos Giandomenico; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta; el director de Transformación del Sistema Procesal Penal, Víctor Moloeznik; los fiscales de Estado adjuntos, Analía Colombo y Juan Pablo Cifré; la coordinadora del Programa de seguimiento de la implementación de instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes de la Dirección nacional de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniela Vetere; el subsecretario de Derechos Humanos zona Norte de la provincia, Gustavo González; el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis; Gonzalo Bueno, abogado de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería; Ramiro Badía, abogado de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la asesora letrada de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia López Uhalde; el asesor de gabinete del canciller, Jorge Cardozo; el director de Derechos Humanos (Contencioso internacional) de Cancillería, Javier Salgado; la directora de Justicia Penal Juvenil de la provincia, Débora Cotichini; y Javier Páez de la Torre, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.