FUNES ACUSA A LOS VENDEDORES DE DROGA CON LA TASA MUNICIPAL

Desde hace algún tiempo, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores de Funes, Héctor Franza, encabeza una cruzada contra el tráfico de drogas, campaña que pergeñó en enero de 2003, pero que cobró fuerza meses más tarde, cuando el chico Tulio Adorna mató a un hermano y a su padre, hecho que sacudió a esa ciudad, y que tuvo repercusión nacional. Es que el tema de las drogas sobrevoló el caso y fue un disparador para que el dirigente insistiera con su idea: instalar un buzón para que los vecinos denuncien en forma anónima a quienes venden estupefacientes en el Jardín de la Provincia. Hasta ayer, los mensajes anónimos de los contribuyentes funenses apuntaron unos treinta puntos de venta de drogas.

La propuesta de Franza se instrumentó a través de un formulario adjunto a la boleta de la tasa municipal. Y ya se propagó por localidades vecinas como Totoras, Roldán y Arroyo Seco e, inclusive, llegó a oídos del propio intendente de Rosario, Miguel Lifschitz. Los organizadores plantearon que el denominado “Buzón de la Vida” sea abierto en Rosario a fin de mes y que las denuncias sean investigadas por la jueza federal Laura Cosidoy. Una colección de denuncias que seguramente despertará críticas y desatará polémicas. En diálogo con El Ciudadano, Franza explicó su proyecto:

—¿No teme que este método fomente la delación entre vecinos, ya que podría convertirse en una excusa para dirimir otra clase de conflictos entre la gente?

—No, para nada. Porque en los pueblos y ciudades chicas conocemos perfectamente quiénes son los que venden, los que lucran con la salud de nuestros chicos. Además, una vez que la policía esté al tanto de una denuncia, con dos días de investigación en el lugar señalado, se darán cuenta en seguida si es verdadera o falsa.

—¿Y usted confía en la policía?

—Esa es una buena pregunta. La verdad es que no confío en nadie, por eso queremos que la Justicia sea la verdadera destinataria del buzón con los puestos de venta denunciados por los vecinos de Funes.
Un viejo proyecto

Según Franza, empezó a acariciar la idea durante la gestión de Esteban Borgonovo en el Ministerio de Gobierno, y la difundió a la comunidad de Funes durante una reunión del Consejo de Seguridad. No es casual que una propuesta tan atípica como controvertida se haya forjado en una localidad como Funes, donde desde hace tiempo existe un creciente malestar en relación con la comercialización de sustancias prohibidas y la sugestiva parsimonia de las autoridades.

“Desde hace tiempo, todos decían que conocían los puestos de venta de droga pero tenían miedo de darlos a conocer”, argumentó el dirigente quien opinó que “el buzón no generará enfrentamientos” entre los habitantes de Funes y, al mismo tiempo, protegerá a la población para que “nadie quede expuesto”. Como ningún vecino ni institución se animó a poseer el buzón, se determinó instalarlo en la comisaría 23ª, donde funciona desde fines de diciembre de 2004. Tiene una doble llave: una en poder del inventor y la otra en manos de un vecinalista.

Un impuesto y una denuncia

El sobre llega a los hogares a través de la tasa municipal, aunque el intendente de Funes, Juvenal Rímini, aclaró ayer que desde esa comuna “sólo se contribuyó con la infraestructura que ofrece la distribución de las boletas y la impresión de los formularios”. El membrete muestra el dibujo de una pareja y expresa: “Para defender a nuestros hijos de la droga”.

La cruzada inaugurada por Franza no concluye con la habilitación del buzón en Funes, sino que pretende expandirse hacia otras localidades donde la misma idea comenzó a germinar. “Hace quince días nos reunimos con el intendente Lifschitz y nos dijo que lo iba a pensar”, dijo entusiasmado el padre de la criatura, aunque todavía sin saber si la semilla también prenderá en Rosario.

Otro de los objetivos que Franza incluye en su iniciativa es la presentación de un proyecto en la Legislatura provincial para que el Buzón de la Vida se propague a otros municipios y comunas. También plantea la incorporación de la Gendarmería junto a la Policía Federal en los operativos, y la creación de un registro de organizaciones no gubernamentales para atestiguar que la destrucción de las substancias se realice en forma efectiva. “Acá tenemos que estar seguros de que todo se destruya y constatarlo con nuestros propios ojos”, finalizó.