FURIA Y DISTURBIOS EN TRIBUNALES POR LA EXCARCELACIÓN DE CHABÁN

Emir Omar Chabán, gerenciador del boliche República Cromañón donde el 30 de diciembre murieron 193 personas, podrá salir en libertad. Ayer, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió que le corresponde la excarcelación. Esto dio origen a una movilización espontánea hacia Tribunales, en la que familiares de las víctimas y sobrevivientes —indignados, fuera de sí— fueron repri midos por la Policía. La polémica llegó, incluso, hasta el Poder Ejecutivo, que anoche pidió revisar el dictamen (ver pág. 48).

Chabán lloró ayer frente a los camaristas. Les habló de su dolor, se mostró arrepentido. Dijo que no sabía manejar ni tenía pasaporte. Que no pensaba en huir. Luego de escucharlo y basándose en el principio de la presunción de inocencia, la la Sala V revocó la prisión preventiva, aunque con condiciones: una fianza de 500.000 pesos, la prohibición de salir del país y la obligación de informar al juzgado dónde puede ser ubicado. Su abogado, Pedro D’Attoli, dijo anoche a Clarín que los familiares de Chabán están ahora buscando propiedades para embargar por ese valor. Mientras, seguirá detenido.

Los jueces que sostuvieron la excarcelación son María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone. Descartaron que Chabán pueda entorpecer la investigación o piense en la fuga. Ambos ponderaron de igual manera esa zona gris en la que estuvo Chabán desde que sucedió el incendio —la noche del 30 de diciembre— hasta que fue arrestado a las 6 de la tarde del 31. Para ellos, Chabán nunca estuvo prófugo. “Hasta el momento en que fue arrestado no se había librado formalmente orden de captura en su contra, ni se había dispuesto su detención, sino que se había ordenado su individualización para ser arrestado”.

Estos camaristas destacaron que fue encontrado en un departamento de su propiedad con pocas cosas encima —pasta dental, cepillo de dientes—, sin dinero ni pasaporte. “Buscaba un lugar donde estar en soledad para poder pensar qué curso de acción seguir, analizando, incluso, la posibilidad de suicidarse”, dijeron.

En cambio, para el juez de primera instancia Julio Lucini —que había rechazado antes el pedido de excarcelación— e incluso para el camarista que votó en disidencia, Rodolfo Pociello Argerich, Chabán evitó ser ubicado. “Fue detenido (…) en un lugar distinto a su domicilio habitual y al que se llegó luego de una larga cadena de allanamientos (…) Ante la imputación que sobre él pesa, la actitud no será distinta”, fue la hipótesis de Pociello Argerich.

Lejos de esta discusión jurídica, los familiares se juntaron en Tribunales para descargar la bronca. “Los mataron dos veces”, gritaban. Algunos rompieron vidrios del Palacio de Justicia. El padre de una víctima quería pegarle a todo aquel que pareciera ser un empleado judicial. Una persona, presunto policía de civil, fue golpeada. Cuando una mujer comenzaba a dar un discurso apaciguador, dos hombres gritaron “venganza” y se fueron sobre la Policía, que respondió con gases, palazos, sprays paralizantes, carros hidrantes.

En la represión, Mónica Schild, madre de Marianela Rojas, muerta en Cromañón, terminó con un dedo quebrado. “Me atendieron en el hospital Argerich, donde había otros padres con golpes en la cabeza y en la boca, y otros afectados por los gases”. Hubo dos policías heridos.

Luego, los familiares fueron marchando en grupos hacia la Jefatura de Gobierno porteña. Los recibieron policías de Infantería y carros hidrantes, pero allí no hubo choques. De a poco se sumaron agrupaciones de izquierda.

También los abogados de las familias de las víctimas cuestionaron duramente el dictamen de la Cámara. Uno de ellos, Fernando Soto, señaló: “Es un escándalo legal que le da un cuadro de tranquilidad a los poderosos”.

José Iglesias —además de abogado, padre de un muerto de Cromañón— reiteró que Chabán “siempre intentó eludir la acción judicial: arrancó fajas de clausura en Cemento, Cromañón integraba una sociedad fantasma, trabajaba con personal en negro y huyó esa noche”. El lunes, Iglesias presentará ante la Corte Suprema el recurso de per saltum para que intervenga en el caso. Pero este mecanismo no está previsto en el Código de Procedimientos, aunque en los ’90 fue usado por la Corte en causas de contenido político.

“La excarcelación nunca puede ser sinónimo de absolución”, dijeron los camaristas en sus fundamentos. “Nunca podemos caer en la tentación, por más grave que sea la imputación dirigida o el clamor social en busca de venganza, de renunciar a ella (la ley). Lo contrario sería actuar en un contexto de presión social”.

El abogado de Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán en Cromañón, comparte esa visión. Ambos están acusados de homicidio simple con dolo eventual. “La excarcelación no implica un cambio de calificación; sigue siendo el mismo delito y con la misma pena máxima de 25 años de prisión”, dijo Joe Stefanolo, quien presentó un pedido de excarcelación ante el juez Julio Lucini y, como ocurrió a su turno con Chabán, ayer le fue rechazado. Por ahora, Villarreal seguirá detenido.