GALEANO DENUNCIÓ A FUNCIONARIO QUE INVESTIGA EL CASO AMIA

El aún juez federal Juan José Galeano, separado de su cargo hace tres semanas, denunció penalmente al responsable oficial de investigar la voladura a la mutual judía AMIA, le imputó haberse “aliado” con abogados del caso y lo acusó de estar confundiendo al gobierno.

Galeano, suspendido por 180 días y al borde del juicio político, embistió así contra Alejandro Rúa, titular de la Unidad de Investigaciones AMIA que depende del Ministerio de Justicia, quien había reclamado la indagatoria del magistrado en la causa que se sigue por presuntos ilícitos cometidos durante la instrucción.

El magistrado pidió a la Justicia que investigue al funcionario Rúa por los presuntos delitos de violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsa denuncia, eliminación y ocultamiento de prueba, y denegación de justicia.

Galeano fue separado de su cargo en el Juzgado Federal 9 de los Tribunales Federales el 9 de febrero, por orden del Consejo de la Magistratura, que decidió suspenderlo por 180 días y dar así luz verde al proceso que podría culminar con la destitución del juez.

Como parte de su estrategia de defensa, en un escrito presentado, que recayó ante el juez federal Ariel Lijo, Galeano defendió una vez más la pesquisa que llevó adelante durante nueve años por la voladura de la mutual judía, que provocó la muerte de 85 personas.

Y aseguró que, “desde que llegó al cargo”, durante el gobierno de la Alianza, Rúa sólo presentó informes que ya integraban la causa judicial y “se atribuyó como propios logros ajenos”, indicaron fuentes judiciales.

Para Galeano, “la desesperación de Rúa porque no se descubriera la inutilidad y falsedad de su actividad lo llevó a alejarse completamente de la labor que se le confiara”, habría dicho en su escrito, según las fuentes.

“ALIANZA PERVERSA”
Además, el juez acusó a Rúa de haber formado una “alianza perversa” junto a los abogados de la querella de Memoria Activa y del ex acusado Juan José Ribelli, quienes ahora se verán beneficiados económicamente con las indemnizaciones que pagará el Estado.

Es que tanto Memoria Activa como el ex comisario Juan José Ribelli, acusado de haber sido parte de la conexión local hasta que fue absuelto en setiembre último junto a los otros sospechosos, habían denunciado el caso AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Para observar el completo desatino que habrá de cometer el Ejecutivo llevado de la mano de este funcionario”, cuando mañana reconozca su responsabilidad en la masacre ante ese tribunal en Nueva York, “basta señalar” que Rúa “mientras anuncia la consagración de la impunidad, el reconocimiento de millonarias indemnizaciones y pago de honorarios a los abogados que están detrás de este negocio, reconoce la existencia del coche-bomba, que (el ex reducidor de autos) Carlos Telleldín fue el tenedor del mismo y la participación del personal iraní”, dijo Galeano, según trascendió.

En pro de demostrar la supuesta relación entre el funcionario del Ministerio de Justicia y las partes acusadoras, Galeano le pidió que se revisaran las llamadas en los teléfonos particulares, oficinas y celulares, tanto de Rúa como de los abogados Pablo Jacoby, de Memoria Activa, y de José Manuel Ubeira, quien fuera el representante legal de Ribelli.

El juez se quejó porque, en su labor, Rúa habría “deformado el sentido de las medidas tomadas” en la investigación, como el polémico pago de 400 mil dólares al entonces imputado Carlos Telleldín, para que ampliara una declaración indagatoria en la que acusó a policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba.

Si bien aseguró que “es entendible que el defensor trate de imponer esa versión en interés de su cliente”, el aún magistrado disparó contra Rúa y Jacoby al sostener que “resulta inexplicable que un querellante y un funcionario estatal a cargo de la Unidad de Investigaciones compartan y alienten una hipótesis como ésta, cuando debieron estar comprometidos con la falta de impunidad”.