GARRAHAN: LA JUSTICIA FRENÓ LOS DESPIDOS Y LOS EMPLEADOS RATIFICAN EL PARO

El conflicto en el Garrahan atraviesa horas decisivas. Los empleados en huelga rechazaron las intimaciones de despidos y podrían decidir una medida de fuerza por tiempo indeterminado, al tiempo que el ministro de Salud acusó a los gremialistas de realizar un “sabotaje político”.

“El Gobierno se mantiene firme y la paritaria continúa abierta. Pero la mayor preocupación ahora está puesta en resguardar la salud de los chicos”, afirmó Ginés González García en declaraciones desde la Casa Rosada.

Mientras tanto, los trabajadores aseguraron que van a impugnar las intimaciones enviadas por las autoridades del hospital. “Son ilegales y ya se iniciaron medidas judiciales para impugnarlas. Los empleados van a responder los telegramas y permanecerán en sus lugares de trabajo”, dijo Horacio Meguira, letrado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

“La medida de fuerza es absolutamente legal y lo que están haciendo el Gobierno y el Consejo de Administración del hospital es terrorismo jurídico”, aseguró categórico el abogado ante la atenta mirada de los huelguistas.

Los trabajadores, por su parte, volvieron a defender la continuidad de la medida de fuerza. “Nosotros actuamos bajo derecho. Tenemos la esperanza de que aparezca un gesto serio del Gobierno para resolver el conflicto”, precisó más temprano Carlos Taboada, uno de los delegados de la comisión interna.

Precisamente, los trabajadores realizan desde las 13.30 una asamblea clave en la que incluso podría decidirse una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

El martes por la noche, las autoridades del Garrahan amenazaron con despedir a aquellos empleados que mantengan el paro. “Intimamos a los trabajadores en huelga a que se reintegren a sus tareas en 24 horas; si no, serán cesanteados”, fue el duro mensaje del presidente del Consejo de Administración del hospital, Alberto Goldberg (Archivo 10/08/2005).

La Dirección del Hospital fundamentó la medida en las actuaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y la Justicia Federal, quienes constataron el incumplimiento de las guardias mínimas. Sin embargo, los empleados reiteraron más de una vez que la atención a los pacientes “está garantizada” pese a la medida de fuerza.

La semana pasada, las autoridades elevaron una propuesta que contemplaba un 20 por ciento de aumento en el sueldo básico, considerar remunerativos los $ 250 otorgados por decretos del Gobierno nacional y la jerarquización de los enfermeros, algo que fue aceptado por tres de los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital.

Pero el sector más duro, encabezado por la junta interna de ATE, rechazó el ofrecimiento (Archivo 03/08/2005). Los empleados no médicos exigen $ 1.800 de básico, $ 600 como adelanto y un 2% de aumento por año de antigüedad.

El diálogo está cortado. “No hay ni va a haber ninguna otra propuesta: lo que hay es esto y tendrán que aceptarlo”, dijeron ayer voceros del Ministerio de Trabajo, en una muestra de lo trabado que parece el conflicto.

Los dos sectores también miden fuerzas en la Justicia. Ayer, el juez Lucas Aón ordenó a las autoridades del hospital disponer de manera inmediata “todas las medidas tendientes a establecer la normalidad de la prestación médica”, para “preservar la salud” de los niños asistidos en ese centro de salud.

Asimismo, el el fiscal Augusto Troncoso reiteró su pedido de indagatoria a 13 empleados por el supuesto delito de abandono de persona. Sin embargo, el juez de Instrucción Eduardo Daffis Niklison respondió que los trabajadores están amparados por el derecho constitucional de huelga y que es del Estado la obligación de garantizar la atención.