GARRÉ NO QUIERE PRESOS DENTRO DE LOS CUARTELES

La ministra de Defensa, Nilda Garré, mantiene firme su objetivo de trasladar a cárceles comunes a los militares que están detenidos en cuarteles y bases de las Fuerzas Armadas.

Ayer señaló que esas unidades no son lugares adecuados para ese fin y resaltó que mantenerlos alojados allí representa una contradicción entre “lo que queremos impulsar en la fuerza y personajes que son el arquetipo de lo contrario”.

Además, fue muy clara en el tratamiento que se debe dar a estos oficiales procesados por violación de los derechos humanos. “Antes que nada son ciudadanos que en este caso trabajan de militares”, aclaró la funcionaria, para ponerlos en un pie de igualdad con el resto de la comunidad.

Y al considerarlos sin privilegios destacó que mantener a los militares detenidos en cuarteles representa “un acto de discriminación” entre aquéllos y el resto de los reclusos alojados en unidades penitenciarias.

Garré se refirió al tema luego de acompañar al jefe de Estado Mayor de la Armada Argentina, almirante Jorge Godoy, en el acto de apertura de la XXII Conferencia Naval Interamericana, que se desarrollará hasta el próximo viernes en esta ciudad con participación de los máximos funcionarios navales de 19 países de todo el continente.

Durante estas cinco jornadas de trabajo se discutirán problemas estratégicos de la región y se avanzará en el desarrollo de iniciativas que apunten al interés común de los Estados representados.

Godoy señaló a LA NACION que el tema central de debate será la seguridad en el mar. “Ya no es un tema de un país en forma independiente, sino que la acción se debe dar en un marco de multilateralidad”, explicó.

LA NACION anticipó en su edición de anteayer que en el Ministerio de Defensa se da forma a una resolución que intentará dejar sin efecto el alojamiento en cuarteles de militares procesados por la justicia federal.

La ministra destacó ayer que el otorgamiento de ese beneficio fue potestad de los magistrados a cargo de las distintas causas en las que aparecen involucrados oficiales de las Fuerzas Armadas. “Son decisiones judiciales que nosotros no podemos ni debemos modificar”, insistió. Pero aclaró que desde la cartera a su cargo se recurrirá a esos tribunales para plantear a los magistrados que los cuarteles no son lugares para albergar a estos detenidos.

“La presencia de algunos presos en los cuarteles -dijo- genera una contradicción grave entre lo que queremos impulsar en la fuerza, que es una subordinación democrática, y algunos personajes que son el arquetipo de todo lo contrario.”

Por otra parte, el coronel retirado Pascual Oscar Guerrieri, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, confesó ayer ante la Justicia que había violado el régimen de arresto domiciliario que debe cumplir por delitos de lesa humanidad, según informó la agencia DyN.

Tras escuchar la versión de Guerrieri, el juez federal Ariel Lijo dispuso alojar al acusado en el Instituto Penitenciario Militar hasta que decida si mantendrá o revocará el régimen de prisión domiciliaria.