GARZÓN DIJO QUE RESPETARÁ LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA

El magistrado de la Audiencia Nacional española, que está en Bolivia para participar en un seminario, dijo en una rueda de prensa en La Paz que es “respetuoso con las decisiones que las autoridades judiciales argentinas, y las políticas en su caso, tomen”.

Del resultado de esas decisiones “derivarán unas consecuencias que, cuando se produzcan, tendremos que afrontarlas”, señaló, no obstante, en referencia al pedido de extradición que se propone enviar en los próximos días a la justicia argentina.

A la espera de que llegue esa solicitud, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dictó la semana pasada orden de detención preventiva de 45 militares y un civil incluidos en una lista enviada por Garzón, que los acusa de genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidos durante la última dictadura (1976-1983).

Los defensores de estas personas alegan que no pueden ser extraditados debido al principio de territorialidad, a lo que Garzón respondió hoy en la rueda de prensa con una invocación del principio de justicia universal.

“En una prelación de fuentes o de lugares donde se deba de enjuiciar determinado tipo de delitos, en primer lugar está el lugar donde se cometieron los hechos y después todas las demás”, pero en el caso “de delitos de lesa humanidad, de genocidio o de terrorismo rige el principio de justicia penal universal y, por tanto, debe de complementarse con otros principios”, aseguró el juez español.

Leyes del perdón
Garzón recordó que los 46 reclamados no pueden ser juzgados en la Argentina mientras sigan vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, contra las que ya se ha pronunciado el presidente argentino, Néstor Kirchner.

El presidente, que asumió el pasado 25 de mayo, derogó la semana pasada un decreto del año 2001 que obligaba a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de responsables de la represión, y el Parlamento se propone debatir una anulación de las leyes de perdón el próximo 12 de agosto.

El régimen “de facto” de Argentina dejó miles de víctimas de la llamada “guerra sucia” que emprendió contra la subversión.

El Estado reconoce que, además de ejecutados y torturados, hubo 18.000 personas desaparecidas, pero los organismos de derechos humanos consideran que la cifra real es de 30.000.