GAS: EL AUMENTO PODRÍA INCLUIR A RESIDENCIALES
La renegociación del contrato de licencia de Litoral Gas, que abastece de gas natural a Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, tuvo un nuevo capítulo. Ayer se realizó en San Nicolás la audiencia pública para debatir la carta de entendimiento diseñada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) y la distribuidora presentó algunas propuestas de modificación. De ser aceptadas, a partir del 1º de noviembre, cuando entren en vigencia los aumentos para usuarios pymes e industriales, se extenderían los mismos a usuarios residenciales “con capacidad de pago”.
A pesar de que la empresa tuvo varias conversaciones para determinar los items a incluir en el nuevo acuerdo de renegociación contractual integral, durante la audiencia pública Litoral Gas mostró su disconformidad con la propuesta oficial y presentó una contrapropuesta que, entre otros puntos, incluye “un incremento de tarifa de hasta 2,5 pesos por mes para la categoría de usuarios residenciales con capacidad de pago y de entre el 6 y 8% para las pymes y grandes industrias”.
“Esa reestructuración tarifaria permitirá a la distribuidora efectuar las obras de infraestructura que sean necesarias para la expansión del servicio dentro de los niveles de alta calidad que siempre brindó”, advirtió Ricardo Fraga, gerente técnico de la empresa, aunque agregó que apoyan la implementación de una tarifa social para los clientes de bajos ingresos.
La audiencia pública se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás, en un clima calmo y con nueve exposiciones. Algunos de los presentes se preguntaron por qué se había elegido esa ciudad bonaerense para realizarla cuando Rosario es la sede de Litoral Gas y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). También llamó la atención la escasa participación de referentes provinciales, ya que ni el gobierno santafesino ni las asociaciones empresarias estuvieron en la audiencia.
El representante de la Uniren, Carlos Iturriza, abrió la sesión dando lectura a la carta de entendimiento girada a la empresa y la audiencia fue presidida por Gustavo Simeonoff, secretario ejecutivo del ente renegociador. Iturriza señaló que la convocatoria la efectuó la Uniren “en forma unilateral”, ante el “rechazo” por parte de la empresa de la carta de entendimiento.
Pero el gerente técnico de la distribuidora sostuvo que “no hubo rechazo, sino que no hubo consenso y por eso efectuamos una contrapropuesta que pusimos a consideración de la audiencia”.
Fuentes locales de la empresa confirmaron la falta del consenso de la propuesta del Uniren y aseguraron que la implementación del acuerdo podría extenderse más allá de noviembre.
La carta de entendimiento establece un régimen tarifario de transición, vigente hasta el 1º de noviembre de 2006 y luego determina una revisión que regirá hasta la finalización del contrato de licencia, que incluye un aumento promedio no superior al 15% sobre la actual remuneración, que entraría en vigencia el 1º de noviembre de 2005, sin incluir los usuarios residenciales.
Cada seis meses el Enargas podrá realizar un ajuste tarifario si el índice general de variación de costos es igual o superior al 5%. Por su parte, la distribuidora podrá solicitar un ajuste cuando los costos superen el 10%. En los dos casos se podrá otorgar un aumento sin discusión en audiencia pública.
La queja de los consumidores
Las entidades de consumidores y usuarios rechazaron estos ítems y pidieron que en la carta de entendimiento se incluya la discusión pública. Christian Galindo, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) delegación Rosario, pidió que se determinen formas de financiación para las familias a las que les pasa por el frente de sus casas la red de gas pero por falta de recursos no pueden conectarse. “En promedio una conexión cuesta 700 pesos y la mayoría de la gente humilde se ve condenada a usar gas en garrafa que es mucho más caro que el gas natural”, indicó.
En tanto, Galindo apoyó la inclusión de la tarifa social que hasta el momento no existía en el servicio de gas natural pero instó a determinar con precisión los requisitos para ver quién encuadra en esta figura. Por otra parte, solicitó que se determine quién ser encargará de financiar obras de ampliación del suministro. Resulta que muchas localidades deben extender sus redes de gas para ampliar los usuarios y eso requiere reforzar los gasoductos.
Por otra parte, las empresas que tienen en proceso de renegociación sus contratos están obligadas a desistir de sus reclamos ante tribunales extranjeros como el Ciadi o locales por distorsiones que les hubiere ocasionado la emergencia económica y la distribuidora aclaró que no mantiene ninguna controversia en el tribunal de controversia del Banco Mundial.
Luego de realizada la audiencia pública la Secretaría Ejecutiva de la Uniren elevará, en un plazo de hasta 10 días, a su titular Gustavo Simeonoff un informe de cierre. Posteriormente, las autoridades de la Unidad tendrán un plazo de 30 días para adoptar la resolución final sobre lo actuado y elevarlo a la Procuraduría del Tesoro de la Nación, al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo, que podrá aprobar o rechazar el entendimiento. Si los plazos no se extienden el aumento comenzará a regir a partir del 1º de noviembre de este año.
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