Gaviola se reunió con las cámaras de agencieros

El encuentro se realizó en el marco de la implementación de políticas destinadas a combatir el juego ilegal.

Este martes, la sala de juntas de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe fue el marco del primer encuentro del año entre el titular de la institución, Álvaro Gaviola, y los representantes de las cámaras de agencieros de la provincia y que  tuvo como eje central la implementación de políticas comerciales tendientes a combatir y erradicar el juego clandestino en la provincia.

Al ser consultado, Gaviola destacó que “el juego clandestino ha sido uno de los problemas principales que el Estado provincial ha tratado de atacar;  a partir de la modificación del código penal se creó una nueva figura jurídica que implica condenar con mayor severidad el desarrollo de una actividad ilegal que no solo fomenta en la sociedad los efectos nocivos del juego sino que afecta directamente las utilidades”, destacó el funcionario.

“Esta nueva figura nos obliga a repensar y reprogramar las estrategias estatales para combatir la explotación irregular del juego y es por ello que creemos fundamental trabajar conjuntamente con las agencias ya que nos ayudarán a prevenir la explotación del juego clandestino”, finalizó.

Participaron del encuentro los presidentes de la Cámaras de Agencieros de Reconquista, Héctor M. Castañeda; de Rosario, Claudio Domené y de Santa Fe José L. Donnet y el Director Provincial de Juegos Hugo Rodríguez.

El juego clandestino es un delito penal

La Ley N°27346 que introdujo modificaciones a la ley de “impuesto a las Ganancias” estableció en el “ARTÍCULO 10” la incorporación del artículo 301 bis al Código Penal, a partir del cual el juego ilegal ya no es considerado una falta contravencional sino un delito penal con castigos de hasta seis años de prisión efectiva para quienes “explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente” según indica la nueva normativa.