GIUSTI RECONOCIÓ QUE, POR EL CIERRE DEL TRIBUNAL DE FALTAS, “LA RECAUDACIÓN HA DISMINUIDO”

En una entrevista publicada por el diario El Litoral, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Fernando Giusti, dijo que recién a fin de año se podrá determinar qué incidencia tuvo, en la recaudación general del municipio, los más de siete meses de inactividad del Tribunal de Faltas.El funcionario reconoció que, por este motivo, “la recaudación ha disminuido”, pero luego agregó: “Para este segundo semestre ya tenemos las actividades previstas para recuperar todas esas actas que no han sido incorporadas para que antes de fin de año tengamos todo al día. Recién ahí podremos ver si el parate del tribunal afectó o no la recaudación”.La novela en torno a la inactividad del Tribunal de Faltas de la Municipalidad fue larga. Alrededor de 70.000 multas atrasadas, más de siete meses y medio de demora en la puesta en funcionamiento del nuevo edificio y una innumerable cantidad de problemas causados en forma directa a los contribuyentes son la marca indeleble que dejó el affaire en la ciudad de Santa Fe. Lo que en principio debió ser un mero traslado se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la Municipalidad y obligó a informados y desprevenidos por igual a demorar sus trámites.La historia es una mancha más para una gestión que publicita más de lo que hace y que olvida sistemáticamente que es el municipio quien debe ponerse al servicio de la gente, y no al revés. La apertura de un edificio público que no contempla las más básicas normas de seguridad y las acusaciones cruzadas entre miembros del gabinete son, a esta altura del partido, un clásico de la gestión del intendente Martín Balbarrey. Y si no, ahí están los funcionarios del área de Obras Públicas, señalados públicamente por la dirección del Tribunal de Cuentas como los responsables de las demoras que marcaron el traslado del organismo.Todo empezó el martes 29 de noviembre de 2005. Ese día abrió al público por última vez el viejo Tribunal de Faltas de la Municipalidad, ubicado en la céntrica Cortada Falucho, entre San Martín y 25 de Mayo. Aquella mañana, un breve comunicado de prensa informaba a los santafesinos que la dependencia iba a permanecer cerrada “por 20 días corridos”. ¿Por qué? Porque se vencía el contrato de alquiler de ese inmueble –que ahora es un coqueto bar– y había que trasladar el organismo hacia algún otro lugar.En diciembre, cerrado ya el viejo edificio, la Municipalidad firmó un nuevo contrato de locación: el nuevo emplazamiento del Tribunal de Faltas quedaba a escasos 200 metros del viejo inmueble, en el primer piso de la esquina de San Martín y Salta.Hasta ahí todo parecía encarrilado. Se suponía que antes de fin de año iba a estar funcionando el nuevo edificio, pero para algunos afortunados las vacaciones se adelantaron y lo que, en principio, iba a ser una pequeña y atendible molestia de 20 días terminó siendo una gran molestia de 230 días, del todo injustificable.DE BAR EN BARUna vez firmado el contrato de alquiler, el Ejecutivo municipal se comprometió a comenzar las obras de remodelación en enero de este año. Sin embargo, durante ese mes no se realizó ninguna tarea de refacción. La cosa empezaba a demorarse más de lo previsto; las multas y las actas de infracciones se acumulaban y quien osaba realizar algún trámite se encontraba ante la inexistencia de un lugar físico a dónde dirigirse.Entonces, el intendente Balbarrey decretó el receso administrativo del organismo y a partir de ahí se habilitaron dos guardias en el Palacio Municipal de calle Salta: una para los operativos de control y otra para quienes querían pagar en forma voluntaria sus multas. Lo que se dice una multitud fervorosa.A principios de abril, el por entonces director del Tribunal de Faltas, Cornelio Collins, admitió que recién a fin del corriente año se normalizarán las tareas. Collins se refería a la acumulación de actas atrasadas: sólo en los primeros cuatro meses del receso, según señaló el ex funcionario, se acumularon “unas 40 mil infracciones”.Collins se jubiló y en su lugar asumió la actual responsable del organismo, Noemí Maxit. Un mero dato para la estadística de la cosa pública: el cambio de nombres no aceleró los trabajos de remodelación en la planta alta de San Martín y Salta, donde hasta hace poco más de un año funcionaba un moderno bar. Simetrías de la realidad o signo de los tiempos: el edificio que ocupaba el Tribunal de Faltas ahora es un bar; el actual inmueble también fue un bar.EL ALQUILER, AL DÍASi la velocidad no es una de las características del intendente Balbarrey, habrá que decir lo mismo sobre la paciencia de la oposición. El 4 de febrero, a poco más de dos meses del cierre temporal del Tribunal de Faltas, los concejales radicales Julio Schneider y Carlos Pereira iniciaron gestiones ante el municipio para lograr la reapertura del organismo.Schneider y Pereira ya estaban, a esa altura, acostumbrados a los tiempos del intendente; no obstante, en esa oportunidad denunciaron públicamente “la imprevisión del Ejecutivo municipal” que no previó alquilar un nuevo local antes de la rescisión del anterior contrato de locación y que, además, tenía demoradas las obras de refacción del nuevo edificio.“Lo que está sucediendo con el Tribunal de Faltas es una muestra más de las continuas imprevisiones de gestión a las que nos tiene acostumbrados la actual administración municipal”, dispararon los concejales radicales, quizás ignorando, en ese momento, que todavía faltaban cinco largos meses para que el organismo retomara su ritmo de actividad habitual.De hecho, en aquella oportunidad Schneider y Pereira calcularon que el período durante el cual el Tribunal de Faltas iba a estar cerrado sería “finalmente, de entre 90 a 120 días”. Optimismo puro y del todo desconectado de la realidad, como se vio después.En abril, el Concejo Municipal se hizo eco del reclamo y aprobó una resolución de los concejales Schneider y Pereira que disponía la realización de estudios técnicos y económicos para evaluar la posibilidad de trasladar el Tribunal de Faltas al edificio del viejo Mercado Norte, ubicado en la esquina de Urquiza y Santiago del Estero. Tarde, de todos modos: para entonces, el Ejecutivo llevaba pagados los primeros cuatro meses de alquiler del edificio de San Martín y Salta.ECHÁLE LA CULPA AL CONTRATISTAA mediados de mayo, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Edgardo Ragalli, anunció públicamente que a fines de ese mes estarían finalizados todos los trabajos que se estaban realizando en la nueva sede del Tribunal de Faltas. La promesa, huelga decirlo, corrió la misma suerte que aquella que hablaba de 20 días.El edificio no sólo no estaba listo, sino que le faltaba más de lo que se pensaba. La feliz idea de alquilar un primer piso y no una planta baja suponía ciertas tareas extra: ascensores, salidas de emergencia que permitieran a los usuarios y al personal evacuar rápidamente el inmueble ante cualquier imprevisto y toda una estructura adaptada al uso de personas con capacidades diferentes, una tendencia arquitectónica global a la que Santa Fe adhiere siempre de palabra y p
ocas veces en los hechos.La promesa incumplida de Ragalli quedó en los registros de todos los medios locales: el funcionario había dicho que “a principios de junio estaría todo terminado” y también había enumerado las tareas pendientes. Ese inventario de lo hecho y de lo incompleto generó luego un ruidoso contrapunto entre Ragalli y la directora del Tribunal de Faltas.Pero vale detenerse, antes, en las explicaciones del secretario de Obras Públicas. Ya habían pasado cinco meses y medio desde el cierre del viejo edificio; no obstante, Ragalli eligió discutir el concepto de “demora” respecto del tiempo estipulado para la ejecución de las obras y de inmediato, en una suerte de sincericidio, admitió que el retraso se debía a los “trámites administrativos necesarios para adjudicar la construcción a la empresa que está trabajando”.Para entonces, las idas y vueltas en torno al organismo que nunca acababa por reabrir sus puertas se parecían más a una comedia de enredos que al normal funcionamiento de un municipio. Ragalli era optimista a fuerza de ser temerario en sus anuncios. “Queda un poco por pintar y después nomás faltaría hacer una limpieza general”.La realidad, claro, se encargó de desmentir esas promesas y así pasó todo junio y buena parte de julio. Las estimaciones que hiciera Collins en su momento indicaban que, como mínimo, unas 70 mil actas estaban pendientes de ser resueltas. Los nuevos anuncios de la Municipalidad hablaban de una “reapertura parcial” del Tribunal de Faltas para principios del mes pasado.Pero, una vez más, las cosas se dilataron. En esa oportunidad apareció en escena una cuestión no menor: las fallas en el sistema eléctrico de la nueva sede. Ironías del destino: el edificio de San Martín y Salta –que, además del Tribunal de Faltas, alberga en el piso superior las oficinas de la flamante Subsecretaría de Gestión de Riesgos– no tenía aún listas las salidas de emergencia. Lo que se dice un riesgo.Entonces estalló una colorida polémica entre dos funcionarios de Balbarey: en un rincón, Edgardo Ragalli aseguraba que la obra estaba terminada; en el otro rincón, Noemí Maxit desmentía a su compañero de gabinete señalando a cuanto programa de radio quisiera oírla que todavía faltaban resolverse los problemas relacionados con la instalación eléctrica.“Tendrán que averiguar en la Secretaría de Obras Públicas, porque no se avanza en el sistema eléctrico”, señaló la funcionaria poco antes de la reapertura parcial del Tribunal de Faltas. “La Secretaría de Obras Públicas informó que se necesitan cables más reforzados de los que hay. Creo que hay un concurso de precios; se estará dando vueltas en trámites burocráticos”, acusó.Hoy, una módica guardia se encarga –ya en el nuevo edificio– de atender las urgencias: retención de vehículos y expedición de certificados provisorios de libre multa. Cuando el tribunal abra definitivamente sus puertas, además de los trámites cotidianos –que convocan a un promedio de 200 personas por día– habrá entre 70 y 80 mil infracciones atrasadas por procesar.