GIUSTINIANI PIDIÓ RESCINDIR EL CONTRATO CON LA CONCESIONARIA DEL PUENTE ROSARIO-VICTORIA

Giustiniani había pedido en julio de 2003 que la AGN ampliara y completara la auditoría encargada por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) a la facultad de Ingeniería de la UBA. Dicho trabajo, a su vez, había surgido de un reclamo del entonces diputado durante 2002, a propósito de la falta de precisión sobre las sumas invertidas por el Estado y por la concesionaria. Aún incompleta, esa auditoría reveló que el valor del puente fue un 10 por ciento inferior a lo estimado inicialmente. Giustiniani pidió la intervención de la AGN para que esclareciera el costo del enlace vial, su correspondencia con el contrato original y el rol que desempeñó el Occovi en este proceso.

La AGN realizó su labor en el ámbito del OCCOVI para “verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales de la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario – Victoria “. Las tareas de campo se desarrollaron entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31 de mayo de 2004. El Informe fue aprobado por la AGN según Resolución Nº 212/04, y comunicado al Organo de Control de Concesiones Viales del Ministerio de Planificación Federal, a la Sindicatura General de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros. El 14 de febrero pasado ingresó a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuenta de la Administración.

“El resultado de la Auditoría es concluyente: se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, de flexibilización de las normas contractuales por parte del Organismo de Control OCCOVI y de inviabilidad futura de la concesión”, aseguró Giustiniani.

“La empresa concesionaria, como lo denunciáramos oportunamente, incumplió con la obligación del Acuerdo de Financiamiento, que vencía el 28 de Abril de 1998, y que debía contener un Compromiso Financiero Firme e Irrevocable. Situación que derivó en un Contrato de Préstamo con el BID, también fracasado y que concluye con el Préstamo de Asistencia Financiera acordado por el Estado Nacional en febrero de 2003. La AGN determina que más allá del incumplimiento contractual que conlleva la asistencia financiera, la empresa no se encontraba en condiciones financieras de recibir un préstamo de la Nación, con indicadores de nivel de endeudamiento de 99,99 por ciento”, continuó el legislador socialista.

Lo más sustancioso del Informe son las proyecciones económico-financieras que los técnicos realizaron y que concluyen que la Concesión no se encuentra en condiciones de cumplir con el objeto del contrato. Se realizaron proyecciones hasta el año 25 de Concesión y se comprueba que en razón del endeudamiento y el costo financiero asociado, Puentes del Litoral no cancelará jamás la deuda en concepto de Asistencia Financiera. Al finalizar el primer año de cobro de peaje, el saldo de la deuda es de 40.418.030 de pesos -mayor que el monto desembolsado efectivamente. Proyectando el reintegro de la Asistencia Financiera para toda la concesión se advierte que no se logra cancelar, ni siquiera reducir en el tiempo la deuda, demostrando que se acumularían pagos por 110 millones de pesos, quedando un saldo de deuda por 258 millones de pesos.

“Desde el inicio de la concesión el Concedente flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales a favor de la empresa, quebrando el principio de igualdad entre los oferentes. La empresa no contó con los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión y no hizo frente a las deudas con sus contratistas. El Estado Nacional debe asumir una postura firme en cuanto a penalizar los incumplimientos contractuales de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades por sus actos. Las causales de rescisión contractual son muy claras y están determinadas por el máximo órgano de control externo de la Nación”, finalizó Giustiniani.