GOLPE DE LA JUSTICIA CONTRA BUSH

Un Tribunal Federal de Estados Unidos emitió hoy un fallo que cuestiona el manejo jurídico que hace el presidente George Bush y su administración de los casos de detenidos por terrorismo. Considera que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad suficiente –si no se la da el Congreso- para detener a un ciudadano en su territorio calificándolo de “combatiente enemigo”. El dictamen se refiere, en forma puntual, al caso de un hispano acusado de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda.

En una decisión adoptada por el Segundo Tribunal Federal, los jueces que lo integran advirtieron que la detención de José Padilla no fue autorizada por el Congreso y que por lo tanto el Gobierno no puede declararlo “combatiente enemigo”.

La administración Bush considera que Padilla es miembro de la red terrorista Al Qaeda y lo mantiene encarcelado e incomunicado en una base militar de Carolina del Sur. Fue detenido en mayo de 2002 al descender en Chicago del avión que lo había traído de Pakistán.

Padilla, de 33 años, es un hispano que se convirtió al islamismo. Se lo acusa de complotar para detonar una “bomba sucia”, que utiliza explosivos convencionales para dispersar material radiactivo. El Gobierno estadounidense dijo que estaba ligado a Abu Zubaydah, por entonces el más alto coordinador de Al Qaeda.

Ahora, el alto tribunal ordenó al secretario de Defensa Donald Rumsfeld liberar de la custodia militar a Padilla en un período de 30 días, pero dijo que el Gobierno tenía libertad para transferirlo a las autoridades civiles, que pueden efectuar acusaciones criminales en su contra.

“Los poderes constitucionales inherentes al presidente no se extienden a la detención en calidad de combatiente enemigo de un ciudadano estadounidense capturado dentro del país y lejos de una zona de combate”, afirma la conclusión judicial.

“Los crímenes supuestamente cometidos por Padilla son crímenes odiosos que el derecho penal castiga con severidad. Aún más, con esas leyes el ejecutivo tiene el poder de proteger la seguridad nacional”, constata la sentencia.

A continuación, los magistrados aconsejan al Presidente que “si cree que su autoridad es insuficiente, pida al Congreso -que ha mostrado su receptividad-, que le conceda poderes adicionales”.

”Como este tribunal permanece a una pequeña distancia de donde estaba el Centro de Comercio Mundial, somos más conscientes que nadie de la amenaza que Al Qaeda representa para nuestro país y de las responsabilidades que el Presidente y los funcionarios que hacen respetar la ley afrontan por proteger a la nación”, dijo el tribunal.

”Pero la autoridad presidencial no existe en el vacío, y este caso no se refiere a la firme aplicación de esas responsabilidades, sino a que el presidente está obligado, en las circunstancias que se presentaron aquí, a compartirlas con el Congreso”, agregó.

El dictamen de hoy responde a la apelación de un grupo de abogados que asumió la defensa de Padilla sin poder contactar con él a causa de las estrictas condiciones de la custodia militar.

En la apelación que hicieron hace un mes, los profesionales destacaron la inconstitucionalidad de las medidas gubernamentales. El presidente Bush busca “sustituir estado de derecho por el derecho militar”, dijo entonces uno de los abogados, Andrew Patel. “Los ciudadanos deben ser tratados según la ley y deben tener derecho a un tratamiento equitativo”, agregó.