GONZÁLEZ GAVIOLA DENUNCIÓ PRESIONES

El hecho que se vivió anteayer en la sede central del PAMI se aproxima más a una crónica policial que a un reclamo sindical: el interventor del instituto, Juan Horacio González Gaviola, denunció ante la justicia federal que estuvo durante cuatro horas virtualmente secuestrado por un grupo de más de 50 empleados, en la sede central de la obra social de los jubilados. González Gaviola afirmó además que durante su encierro fue obligado a firmar bajo amenaza un acta de compromiso por la que se habilita a los empleados del PAMI, entre otras cosas, a cobrar horas extras, un tema sobre el cual la nueva administración del organismo todavía no se expidió.

En diálogo con LA NACION, González Gaviola calificó lo ocurrido como “una amenaza mafiosa de un grupo de empleados del instituto que, en un principio, dijeron que no tenían nada que ver con los gremios, y después resultó que el titular de uno de ellos terminó firmando el acta”.

En tanto, Rubén Grimaldi, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la acusación y dijo a LA NACION que “tiene testigos y que González Gaviola firmó el acta sin ninguna presión”.

La historia había empezado a las 14. El escenario fue la oficina de Control de facturaciones, en el primer piso de la obra social de los jubilados.

“Hace mucho que no nos visita”, dijo González Gaviola que le recriminaron sus empleados. Acto seguido, el interventor ingresó en esa dependencia y se puso a charlar con ellos. Pocos minutos después una “avalancha de personas” lo rodeó.

“Eran entre 50 y 70 personas que no se identificaron y empezaron a plantear los temas que tenemos en conflicto en el instituto de manera intimidatoria. Me rodearon y empezaron a injuriarme y a exigirme que les firmara compromisos en un acta”, contó el funcionario.

“Te vamos a matar. Si no firmás el acta no salís”, le decían los empleados, según los dichos de González Gaviola.

Tras una hora de cruces y discusiones, el interventor propuso al grupo de empleados que eligieran una delegación de 10 personas para analizar los requerimientos en su oficina del piso 13.

“Un grupo de más de diez personas me llevó y me metió adentro del ascensor, que iba con sobrecarga. Logramos llegar al piso 10 y me metieron en una pieza de 4 por 4 llena de gente. Ahí empezaron otra vez las exigencias”, continuó González Gaviola.

Los reclamos

Las exigencias a las que se refiere el funcionario y que figuran en el acta tienen que ver con el cobro de las horas extras y con la incorporación a la planta permanente de la obra social de 250 empleados que trabajan para el Programa Pro Bienestar.

“Se nos intimidó de manera tal que por más de tres horas no pudimos salir de esa salita hasta que firmé el acta. En ese momento para firmar entró el delegado de ATE Rubén Grimaldi”, relató el interventor. A esa hora había logrado entrar en la sala Ramón Granero, el otro interventor d la obra social.

En el acta, escrita de puño y letra por el funcionario, se compromete a pagar las horas extras el 26 de este mes. “Es curioso que justo en estos días iba a haber novedades en la causa administrativa y seguramente en la causa judicial que existe sobre el tema”, dijo González Gaviola.

La facturación por horas extras en la obra social asciende a 200 millones de pesos y, según las denuncias, existen hasta formularios falsificados. La nueva gestión sostiene que los 11.500 trabajadores que tiene la obra social son suficientes para realizar todas las tareas y que las horas extras -que tienen un valor de $ 25- no son necesarias.

El otro reclamo está relacionado con la incorporación de los empleados de un programa que se ejecuta en la dependencia que actualmente trabajan por contrato.

“Es cierto que es necesaria. Esa locación de servicio se transforma en otra relación laboral. Ibamos a incorporarlos de a poco. Los primeros 37 entraban este mes. Ahora, de prepo nos obligaron a firmar que teníamos que aumentar el ritmo e incorporar a todos antes de fin de año. Si tuviéramos los recursos, gustosos lo haríamos”, sostuvo González Gaviola.

Horas de tensión

Después de otras tres horas de tensión, tras la redacción del acta y la firma finalmente los liberaron. Los interventores volvieron a sus oficinas y analizaron la situación. “La gente decía que no respondía a ningún gremio y después apareció un dirigente de ATE, Rubén Grimaldi”, contó el funcionario.

En tanto, Grimaldi dijo que llegó al Instituto preocupado porque sabía del reclamo masivo, que ya llevaba más de dos horas, y temía que ocurriera algún incidente.

“Yo estaba en una reunión y me contaron lo que estaba pasando. Me fui para la sede del PAMI, y cuando entré en la sala había oficiales de la policía que cuidaban que nada sucediera. Lo que pasó fue que firmó el acta y después se arrepintió. Hay testigos”, dijo y aseguró que hoy los presentará a la Justicia.

“No hubo ninguna presión, ni ningún insulto. Yo sí le dije que tenía serias diferencias con él, pero que había un problema institucional que teníamos que tratar de arreglar”, afirmó.

Según el funcionario, tras meditar el episodio que había sufrido el día anterior, evaluó que existía delito y decidió recurrir a la Justicia.

Fue así que radicó en persona la denuncia ante la Fiscalía Federal N°1 -de turno-, a cargo de Jorge Alvarez Berlanda, que hoy enviará el expediente ante la Cámara Federal, que procederá a sortear el juzgado y una nueva fiscalía.

LA NACION intentó comunicarse con los oficiales de la comisaría 2a. de esta capital, y aunque confirmaron la presencia de algunos de ellos, no fue posible contactar a los presentes en el episodio.

“A mí me parece que los reclamos laborales tienen que hacerse en el lugar correspondiente, que es el Ministerio de Trabajo. Rescato además la actitud solidaria de muchos empleados del PAMI. Los reclamos que sean justos los vamos a atender, pero quienes hayan cometido ilícitos deberán responder ante la Justicia”, dijo González Gaviola.