GRAVE DENUNCIA CONTRA LA SECRETARÍA DE ENERGÍA POR EL PRECIO DE LAS EXPORTACIONES DE GAS

En medio de las renegociaciones que los funcionarios del gobierno nacional llevan adelante con sus pares de Bolivia para garantizar el suministro de gas –que podrían desembocar en un aumento del precio–, el abogado porteño Ricardo Monner Sans y el ex diputado nacional Mario Cafiero presentaron una denuncia contra la Secretaría de Energía en la que dan cuenta de supuestas irregularidades relacionadas con la compra y la venta de gas a Bolivia y los precios de esas operaciones.

En concreto, Monner Sans y Cafiero piden explicaciones sobre una supuesta triangulación en la que el país saldría perdiendo: según los denunciantes, la Argentina le compra gas a Bolivia y se lo revende a Chile a un precio bastante menor.

En el mediodía de ayer, Monner Sans dialogó con “El ombligo del día” (LT10) y señaló: “Descubrimos que las empresas que exportan desde acá (Argentina) son las mismas que importan desde allá (Chile). El grupo A argentino, comandado por Repsol-YPF, le vende al grupo B chileno, que en su mayor parte es propiedad de Repsol-YPF también, con lo cual se produce una lesión para el patrimonio argentino del orden de entre 2.700 y 3.000 millones de dólares entre el 2000 y el 2006”.

El abogado denunciante agregó que, una vez comprado el gas, el país lo revende a Brasil a 3,2 dólares la medida y hace lo propio con Chile pero casi a mitad de precio: 1,7 dólares. Y señaló que la Ley de Hidrocarburos es clara: “Sólo se puede exportar aquello que es sobrante para el mercado interno. Y el mercado interno (argentino) ha empezado a demostrar que está muy flaco; hay dudas respecto de la capacidad gasífera argentina”.

En ese sentido, Monner Sans recordó que, hasta hace algunos años, el país tenía perspectivas de reserva por unos 25 años; hoy, esa perspectiva se redujo a la mitad. Y agregó que la situación es delicada porque el gas es un recurso natural no renovable.

Consultado sobre los motivos de estos desbarajustes, el abogado penalista dijo que, con estas operaciones, el gobierno beneficia a grupos económicos altamente concentrados (en clara alusión a la firma Repsol-YPF, en su mayoría de capitales españoles).

–¿Ustedes están acusando a Cámeron y a las autoridades de la Secretaría de Energía de funcionar como intermediarios de un negocio? –le preguntaron a Monner Sans.

–Sí –respondió el abogado–. Hay un párrafo central (en la denuncia) que dice que la Secretaría de Energía está pintada en la medida en que los grupos privatizados han tomado la función pública. Si estamos a punto de firmar con Bolivia el aumento (del precio actual de 3,2) a 5 dólares y le seguimos vendiendo a Chile a 1,7 dólares, no le voy a decir cómo se incrementarán las pérdidas en el patrimonio argentino.

Monner Sans explicó que, para la Argentina, estas operaciones no representan ningún negocio, sino todo lo contrario, porque el Estado está subvencionando la compra de una empresa que después se vende a sí misma el producto a un precio bastante menor y en desmedro de las reservas gasíferas nacionales. Y agregó que, frente a este escenario, es viable una presentación contra el gobierno central por “administración fraudulenta”.

El escenario aparece aún más complicado a partir de una noticia que se conoció hoy y que podría repercutir en el precio del gas que el país importa: Uruguay anunció su intención de aumentar la importación de gas de Bolivia.