GRAVE DENUNCIA EN LA JUSTICIA FEDERAL
El abogado Miguel Garay elevó al Consejo de la Magistratura una impugnación a la probable designación de Roberto Félix Angelini como juez subrogante a fin de cubrir la vacancia temporaria del Juzgado Federal Nº3 de Rosario. Con motivo de este pedido, el organismo decidió suspender el tratamiento de la cuestión -a propuesta del consejero que representa al Ejecutivo, Joaquín Da Rocha- para detenerse en los señalamientos.
“Tengo conocimiento de que la Cámara Federal de Apelaciones ha dictado la acordada número 47, de fecha 21 de marzo de 2006, por la cual por mayoría o con la disidencia de 2 de los 6 camaristas (entre los cuales está Guillermo Toledo, presidente de ese tribunal) instruyó la siguiente terna: 1) Roberto Félix Angelini, 2) Patricia Hilda Calvi y 3) Juan Víctor Botazzi”.
Antecedentes en pugna
Garay, abogado litigante del fuero federal, advierte que “el primero propuesto por la mayoría (Angelini) carece en absoluto de antecedentes que califiquen para tan alto cargo. Lo dicho se basa en los propios dictámenes de esa comisión en ocasión de los concursos 72/01 (Juzgado Federal Nº3) y 123/04. En ambas oportunidades los antecedentes del mencionado Angelini merecieron un triple cero por parte de esa comisión; cero en antecedentes docentes, cero en títulos de posgrado, cero en publicaciones”.
Expresa el letrado que, “como no podría ser de otra manera, el rendimiento en las respectivas pruebas de oposición fue igualmente pobre, resultando de ello la eliminación de Angelini en la primera etapa de ambos concursos”.
En el escrito, advierte que si bien revista desde hace varios años en el Poder Judicial de la Nación, habiendo transcurrido los últimos 30 años de los 50 años de edad que tiene en el Tribunal Federal, “la ausencia absoluta de antecedentes académicos demuestra el notorio desinterés de Angelini por su capacitación y actualización jurídica profesional, brindando un perfil de funcionario-burócrata muy lejano y distinto de juzgador capacitado que el Consejo de la Magistratura busca institucionalizar como propia razón de su existencia”.
Y va más allá Garay al sostener que esta falta de capacitación y perfeccionamiento demora una circunstancia insoslayable: “la formación jurídica de Angelini ignora el denso desarrollo que ha tenido en los últimos 25 años toda la temática de la protección de los derechos humanos y consecuente castigo de los delitos de lesa humanidad, cuestión excluyente en la competencia de la Justicia federal y del juzgado federal para el cual ha sido ternado. El dato consignado -continúa- resulta decisivo a la hora de elegir nada menos que a uno de los dos jueces federales con competencia penal”.
El abogado refuerza su presentación al sostener que el hecho que se ha mencionado en el voto de la mayoría en la acordada de la Cámara, la titularidad como secretario en el juzgado a cubrir, debe ponderarse en el marco de la realidad: “Angelini no cumple funciones en ese juzgado desde hace más de dos años, período en el cual pasaron por dicho juzgado dos magistrados, uno como subrogante (Sutter Schneider) y otro como titular (Vera Barros), se renovó el plantel de personal y se renovaron las causas en trámite”.
Para el denunciante no es casual que la designación como secretario de dicho tribunal haya sido realizada por el entonces juez a cargo del mismo, Carlos Carrillo, “quien tiene con el nombrado una notoria relación de amistad y a quien ahora, como juez de Cámara, intenta nuevamente promover”.
En la durísima presentación, Garay concluye que “Angelini carece del requisito constitucional de la idoneidad para ejercer como juez federal subrogante”. Y solicita que para el discernimiento del cargo se evalúen todos los antecedentes de los ternados y se los convoque a entrevista con esa comisión.
Esa fue la decisión que tomó el Consejo de la Magistratura, a pedido de Da Rocha, consejero que representa al Ejecutivo.
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